En los antiguos santuarios de las Farc, las disidencias asustan

En los antiguos santuarios de las Farc, las disidencias asustan 

En estas zonas, sumidas en la pobreza y la ausencia del Estado, los criminales imponen su ley.

La Paz, Guaviare

En La Paz no hay médico, pero sí televisión satelital alimentada con energía solar.

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Claudia Rubio / Enviada especial de EL TIEMPO

29 de octubre 2017 , 04:40 a.m.

Tras el proceso de paz con las Farc y su desmovilización, grandes bandas y pequeños grupos en Guaviare y Nariño continuaron en el narcotráfico, en alianza con el ‘clan Úsuga’. En estas zonas, sumidas en la pobreza y la ausencia del Estado, los criminales imponen su ley y los cultivos de coca mueven la economía local.

Alias Gentil Duarte aún manda en el Guaviare

A menos de tres horas por trocha hacia el suroriente de San José, la capital del Guaviare, quien quiera llegar hasta caseríos como La Libertad y El Unilla deben contar con el permiso de ‘Gentil Duarte’. Él es el jefe de la disidencia más grande que dejó el proceso de paz con las Farc, con al menos 450 hombres y que ya ha hecho avanzadas en Meta, Vaupés y Caquetá.

A pesar del proceso de paz, en esos territorios, donde las Farc mandaron durante años y donde la ropa se pega por el calor –que supera los 40 grados a las 6 a. m.–, el Estado sigue sin aparecer . Y ‘Duarte’, que fue negociador en La Habana antes de destapar que iba a seguir en el narcotráfico, se ha cuidado de vender la idea de que él y sus hombres siguen siendo de las Farc, y que los que optaron por la paz (la mayoría) traicionaron los ideales guerrilleros de ‘Manuel Marulanda’ y el ‘Mono Jojoy’.

Después de llegar a El Retorno (uno de los grandes centros cocaleros hasta hace algunos años) y de allí a La Y, los campesinos que atraviesan los barrizales en motos de alto cilindraje cuentan que a ‘don Gentil’ se lo vio hace unos meses en La Paz, un pueblito aún más perdido selva adentro y dependiente de la economía del narcotráfico.

‘Duarte’, cuyo nombre real es Miguel Botache Santillana y que tiene unos 50 años (militó en las Farc durante casi 30), se aparece de vez en cuando en los caseríos y echa arengas en las que niega que la suya sea una disidencia. Como ocurría antes de los diálogos de paz, sigue citando a los presidentes de las juntas de acción comunal del departamento (son 72 y constituyen la única autoridad en el terreno) para decir que sus hombres no se van a ir de la región y que “van a seguir defendiendo al pueblo”. Lo que eso significa, en la práctica, es que la gente tiene que seguir pagando las extorsiones, que van desde 10.000 o 20.000 pesos mensuales por cabeza de ganado hasta 300.000 por cada cosecha de coca.

Un equipo periodístico de EL TIEMPO recorrió esas zonas de Guaviare durante la segunda semana de octubre y encontró que allí, como hace décadas, los negocios se hacen mediante el trueque, y la moneda corriente es la base de coca. Cada gramo se cambia por 2.000 pesos. Deforestación, minería ilegal y pobreza no tienen cara de querer irse de una región donde se han enseñoreado por años.

Vivimos de la coca porque no hay más, pero no somos narcotraficantes

La gente, muchos de ellos colonos o hijos de colonos de Boyacá y Norte de Santander, es amable. Son espontáneos para hablar de sus cultivos de coca, pero muy prevenidos si se trata de ‘Gentil Duarte’. Entre La Y y La Libertad se pasa por Kuwait, un caserío donde se cobra 20.000 pesos por cada carro que transite, peaje que el séptimo frente de las Farc mantuvo durante 15 años y que fue entregado a la comunidad antes de salir hacia las zonas veredales.

En esas regiones apartadas, los ilegales siguen siendo la ley. “Las distancias son de tal magnitud que mientras se viaja a una inspección de Policía, a buscar autoridad, ‘se pierde el año’. Por eso, la gente prefiere buscar a la guerrilla, que le resuelve a usted un lío de tierras de un día para otro”, dice un líder local.

El 29 de septiembre, cerca de Calamar, un francotirador de las Fuerzas Especiales del Ejército acabó con ‘Euclides’, uno de los lugartenientes de ‘Duarte’, y desde entonces las disidencias han apretado sus controles. El jefe máximo tiene varios anillos de seguridad.

El riesgo que él representa para la paz no está solo en su intención de seguir moviendo el narcotráfico en el oriente, ahora en abierta sociedad con el ‘clan Úsuga’, sino en sus movimientos hacia otras regiones para buscar contactos con miembros de 12 frentes en los que también hay disidencias. El objetivo: consolidar una sola fuerza armada ilegal financiada por Dairo Antonio Úsuga.

Como en Tumaco, Nariño, por el Guaviare se mueve un mexicano delegado por el cartel de Sinaloa, el principal comprador de la cocaína colombiana. Esa organización, dicen las autoridades, ha financiado la estrategia de pagar dos millones de pesos mensuales a cada disidente.

Hasta ahora se conocen solo dos denuncias de reclutamiento forzado en Miraflores. Al parecer, la oferta monetaria ha sido llamativa para muchos, incluso para guerrilleros que hasta hace unas semanas estuvieron en las zonas veredales de La Colina y Charras, y que se cansaron de esperar la implementación del proceso.

La extracción de coltán, el llamado oro negro, es otra forma de financiación de los ilegales de ‘Duarte’. Lo sacan del río Inírida y hay redes que lo negocian por millones de dólares en China y otros mercados asiáticos. Mientras él se vende como jefe político, ‘Jhon 40’ y ‘Rodrigo Cadete’, dos de los viejos narcos de las Farc, se encargan de los negocios ilegales.

Ellos mandan en caseríos como La Paz, a orillas del Inírida, donde viven unas 600 personas, casi todas de la coca. El 65 por ciento es analfabeto, y a pesar de que tienen un moderno puesto de salud, no hay promotor o médico y, por lo tanto, no hay quien les dé medicinas.

El negocio de la coca

“Siempre se ha trabajado con la mata de coca. Aquí no se ve la plata, todo es intercambio. Esta es otra Colombia. Vivimos de la coca porque no hay más, pero no somos narcotraficantes”, asegura Orlando Castilla, líder cívico de la región, quien afirma que la negociación de paz no los incluyó. Él nació en Convención, Norte de Santander, hace 64 años, y lleva más de 30 en La Paz.

Aquí, una libra de arroz vale dos gramos de base; una cerveza, cuatro gramos y medio, y se las ingenian para pagar los 52.000 pesos mensuales de la televisión satelital. En un caserío donde apenas está llegando la red de energía eléctrica, llevan años trabajando con paneles de energía solar, tanto para las necesidades de las casas como para las de las ‘cocinas’, donde muchos campesinos convierten en pasta de coca las matas que han cultivado.

Ellos están preparando un paro, como en Tumaco, para tratar de frenar a los erradicadores de la Policía Antinarcóticos, que están mucho más avanzados en la tarea de desterrar la mata que los encargados de la ‘zanahoria’: los responsables de los programas de sustitución. Aunque ya se firmaron pactos colectivos con el 90 por ciento de las juntas comunales del Guaviare, en el terreno se ve mucho más avanzada la estrategia de erradicación forzada.

En la base de la Policía Antinarcóticos de San José del Guaviare, sobre un mapa, el mayor Carlos Angarita señala las coordenadas donde sus hombres están erradicando. “Entre enero y febrero se intervinieron, en El Retorno, la zona rural de veredas en El Unilla, Caño Redondo y Caño Seco, y en Calamar estuvimos en Puerto Colombia y Argelia, así como en el sur de la zona veredal de Colinas (San José del Guaviare)”, afirma.

El Sistema de Monitoreo de Naciones Unidas (Simci) detectó el año pasado, en Guaviare, 6.838 hectáreas de narcocultivos, y el 13 de octubre pasado se habían erradicado 3.714.

El próximo destino será La Cristalina, en El Retorno, a tres horas y media de San José, que fue una zona bajo control absoluto de las Farc.

Allí vive Duverney Ramírez, que nació hace unos 30 años en Boyacá, pero toda la vida ha estado en Guaviare. Dice que él mismo está recogiendo la hoja de coca porque la situación está mala y pagar los 6.000 pesos por arroba recolectada lo descuadra. Ramírez asegura que las 40 familias de La Cristalina que viven de la coca quieren ingresar al programa de sustitución de cultivos ilícitos. “La coca es la economía de nosotros, la tenemos para la comida, no para volvernos ricos”, dice.

El Guaviare es una zona ganadera por excelencia y los cultivos de yuca o plátano se dañan porque sale más caro llevar el producto a San José o Bogotá para su comercialización, sobre todo por la falta de vías.

Unas 120 familias viven en el caserío, 60 de ellas en el casco urbano, señala Carlos Wilson Lozada, presidente de la junta de acción comunal de La Cristalina. El Gobierno está llegando allí con los pactos de sustitución voluntaria, y aunque el plante que ofrecen es llamativo (dos millones de pesos por familia que se comprometa a dejar de sembrar y sustituir) son muchos los que todavía no creen en las promesas de un Estado que por décadas solo ponía sus pies en la región a través de la bota de militares y policías.

Tumaco, enclave de coca y polvorín social

‘Los negritos’, ‘Timonazo’, ‘Banda de Mariguano’, ‘Los tapita’e huevo’, ‘Los nuevos elenos’. Nombres como esos son los que están asustando en Tumaco, el municipio con más coca en el país, desde hace varios meses, cuando la poderosa columna ‘Daniel Aldana’ de las Farc entregó sus armas.

Son, según los habitantes de la región, más de 15 las organizaciones criminales que surgieron de la desmovilización de las Farc. La mayoría no tiene más de una decena de integrantes, casi todos antiguos ‘contratistas’ criminales de las Farc.

Pero hay otros más organizados, como la ‘Gente del Orden’ y las ‘Guerrillas Unidas del Pacífico’, que se acercan al medio centenar de delincuentes y que son, según las autoridades, los responsables de forzar a los campesinos a marchar para tratar de frenar la erradicación forzada de coca.

‘Guacho’, un ecuatoriano que trabajaba para las Farc en el narcotráfico y que en las últimas semanas ha buscado refugio al otro lado de la frontera, es uno de los nuevos poderes en la zona. Otros son ‘David’ y ‘Cachi’, que también entraron a la lista de los delincuentes más buscados.

Todos tienen algo en común: no llegan a los 30 años. Por eso, la Policía y otras autoridades embarcadas en la tarea de recuperar Tumaco apuestan a que detrás de ellos hay delincuentes más poderosos. Por ejemplo, los delegados del ‘clan Úsuga’ que desde hace más de un año están en la zona. También un mexicano, enviado por el cartel de Sinaloa, que está en la mira de la Fiscalía. Y un hombre conocido como el ‘Contador’, al que varios desmovilizados de las Farc señalan como el hombre que pone la plata de la coca en toda la región del Pacífico.

Perfiles como los suyos, y no como los de los gatilleros convertidos en nuevos capos, son los que están detrás de la enorme producción de cocaína en ese pedazo del suroccidente colombiano. Tan solo este año, en Tumaco han sido incautadas más de 80 toneladas de cocaína pura, lista para salir hacia Centroamérica y de allí a los Estados Unidos.

La muerte de seis campesinos que protestaban hace casi un mes contra la erradicación, episodio que aún no ha sido aclarado por la justicia, marcó uno de los picos de la nueva violencia que golpea a esa región. Pero los homicidios no han parado.

Solo la semana pasada se reportó el asesinato de Jair Cortés, líder comunitario del Alto Mira y Frontera, y de los indígenas awá Giovanny y Alirio Taicus, padre e hijo. En lo que va del año hay un incremento del 26 por ciento en los homicidios (147 entre el primero de enero y el 18 de octubre, 30 más que en igual periodo del 2016).

Romperle el espinazo a la violencia, pero también a la pobreza (siete de cada diez personas en Tumaco no tienen empleo formal y el índice de necesidades básicas insatisfechas supera el 80 %) son los retos que tiene el Estado para evitar que los espacios que en efecto abandonaron las Farc sean copados por nuevos actores ilegales.

ALICIA LILIANA MÉNDEZ
EL TIEMPO
@AyitoMendez
justicia@eltiempo.com

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