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Conflicto y Narcotráfico

La compleja estructura detrás del ‘clan del Golfo’

Daniel Rendón asegura que detrás de su extradición hay manos oscuras.

Daniel Rendón asegura que detrás de su extradición hay manos oscuras.

Foto:Milton Díaz / Archivo EL TIEMPO

Análisis de Fundación Paz y Reconciliación sobre posibilidades de sometimiento de la banda criminal.

La nueva ley de sometimiento a la justicia podría desarmar a más de 4.000 personas que operan en poco menos de 300 municipios. Los grupos armados organizados que podrían someterse son el ‘clan del Golfo’, ‘los Pelusos’ o Epl, ‘los Puntilleros’ y los grupos desertores de las Farc. Quizás ‘la Oficina’ –antigua ‘oficina de Envigado’– podría entrar también en el modelo de sometimiento.
El ‘clan del Golfo’ es tal vez la estructura clave de todo el engranaje criminal del momento. Por su poder, su forma de funcionamiento y su despliegue territorial, se ha convertido en la organización criminal más importante de Colombia. Desde el cartel del norte del Valle no había una organización tan poderosa. El ‘clan del Golfo’ nació ligado a la desmovilización paramilitar que se dio entre 2003 y 2006.
En el 2007, ‘don Mario’, quien había comandado el Bloque Centauros de las Autodefensas huyó hacía el Urabá antioqueño con aproximadamente 150 hombres, con el propósito de controlar las rutas del narcotráfico. Bajo el nombre de ‘héroes de Castaño’ nació lo que hoy conocemos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) o ‘clan del Golfo’.
En cuatro años, el ‘clan del Golfo’ logró vencer a ‘los Rastrojos’, hoy hace presencia en 257 municipios de los 1.122 del país, su máximo jefe es alias Otoniel, quién asumió el mando de la organización luego de que ‘don Mario’ fue capturado en el 2009 y Geovanny, hermano de ‘Otoniel’, fue dado de baja en un operativo militar.
El ‘clan del Golfo’ es una organización de tercera generación, es decir, funciona en red, con nodos territoriales y los mandos son reemplazables fácilmente. La primera generación es la tipo piramidal como los carteles: el cartel de Medellín es el mejor ejemplo. La segunda generación son las estructuras armadas como los paramilitares, donde los comandantes militares asumen el control de los mercados ilegales. La academia ha denominado la tercera generación como organizaciones criminales “rueda de bicicleta”: en el ‘clan del Golfo’, hay una mesa directiva de la organización, se compone de cinco personas. Cada una de ellas tiene asignado un territorio amplio. Luego viene una especie de figura que podría denominarse como socios, compuesto por cerca de 50 mandos. Cada mando tiene un territorio asignado y el territorio es el que determina su jefe en la mesa directiva.
Estos mandos contribuyen con dinero para la fuerza élite de la organización, a la que se le denomina Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Este ‘grupo de élite’ se encarga de la seguridad de los jefes y de las operaciones armadas en zonas de colonización o en disputa, como el caso del Chocó, en donde se encuentran en confrontación armada con el Eln.
En las zonas rurales donde se mueven los jefes operan como una estructura de tipo piramidal, así como en aquellas donde se enfrentan con el Eln. Allí los miembros de las Autodefensas Gaitanistas suelen ser vistos portando uniformes con la insignia de la organización y armas largas, mientras en las cascos urbanos, centros poblados y carreteras transitadas operan a través de los llamados ‘puntos’, quienes alertan la presencia de la Fuerza Pública, otros grupos, personas ajenas a la zona, entre otros. En el último año, las poblaciones de estas zonas aseguran que los ‘puntos’ o ‘campaneros’ están cambiando su forma de operar, asumiendo labores de relacionamiento con la comunidad y cobro de extorsiones.
Además, cada mando regional y subregional puede tener un ejército propio, generalmente compuesto de grupos juveniles violentos o pandillas. A estas personas se les llama ‘Urabeños’; son como un ejército de segunda, es el que utilizan en las operaciones territoriales de mercadeo y control de economías ilegales al menudeo. A esto se le denomina subcontratación criminal.
El ‘clan del Golfo’ a estos grupos juveniles violentos los atrae de dos formas. La primera es que asesinan al jefe de una pandilla y les envían un mensaje al resto de la banda para que comiencen a trabajar con la organización. La otra forma es que coopta tres o cuatro personas con historial delictivo y forman un grupo con vocación de expansión. Obviamente algunos de ellos ganan un sueldo: en el Pacífico colombiano se ofrece de 1’000.000 hasta 2’000.000 de pesos por persona que se vincula.
Un buen resumen de esto es lo que se vive en el bajo Cauca, norte y nordeste antioqueño. Estas regiones junto al Urabá se convirtieron en un importante bastión para la organización criminal. El accionar de las Agc se ha centrado en el control de las minas de oro; Segovia es ejemplo de esto, mientras que en las cabeceras municipales han subcontratado combos y pandillas locales, como el caso de ‘los Zorros’ en Valdivia.
En la misma región, las Agc han otorgado franquicias criminales para controlar territorios, este es el caso de ‘los Pachelly’, una banda criminal de Medellín perteneciente a ‘la Oficina’, presente en Briceño, Toledo y San Andrés de Cuerquía. Según fuentes locales, ‘los Pachelly’ también facilitaron la alianza entre Agc y carteles mexicanos, pues con su ayuda concretaron el negocio de la venta de una franquicia con la intermediación de alias Chepe a los mexicanos por 8.000 millones de pesos. Tanto el cartel de Sinaloa como el de Jalisco Nueva Generación tienen negocios con esta estructura.
Esta forma de funcionar les permite absorber los golpes de la Fuerza Púbica y adaptarse al territorio. Además, les permite cooptar narcotraficantes y criminales, asimilándolos en la estructura y así evitar guerras largas.
El ‘clan del Golfo’ ha logrado establecerse como un nodo dentro del mercado ilegal del narcotráfico. Trabaja con Sinaloa y con la competencia: el cartel Jalisco Nueva Generación, tal vez el más violento de México.
De hecho, con la dejación de armas de las Farc, y ante la posibilidad de un vacío de poder en la parte baja de la cadena del narcotráfico, los dos carteles mexicanos pactaron con el ‘clan del Golfo’ y la ‘oficina de Envigado’ para que pudieran entrar a zonas colombianas y comprar tierras de cultivos de coca, enviar cargamentos directamente y servir de mediadores en disputas criminales, además de dos franquicias.
Su portafolio criminal es amplio: la extorsión, minería ilegal, apuestas, producción y control de toda la cadena del narcotráfico, entre otras actividades, son su fuente de financiación, economías que se mezclan con economías legales. Su accionar delictivo varía de acuerdo al territorio.
Ahora bien, sus nexos con algunos políticos, empresarios y miembros de la Fuerza Pública le han permitido permanecer y crecer en muchas zonas. Activos del ‘clan del Golfo’ se ufanan de que en realidad su fortaleza mayor es la relación con gente de peso en las regiones donde están y se ha extendido la leyenda de que los operativos diseñados y enviados desde Bogotá se conocen en Urabá cuando apenas van en Medellín, a medio trayecto entre la capital y la región.
Esto desde luego no es nuevo, las generaciones anteriores de grandes grupos del crimen organizado tenían esta característica, y fueron los paramilitares los que la llevaron a su máxima expresión con la ‘parapolítica’. Pero la discreción y la oscuridad en la que ahora se dan estas relaciones serán un reto de las autoridades a la hora del sometimiento a la justicia.
Hay un último punto por destacar. En las zonas donde opera la cúpula, las Agc han instaurado un sistema de justicia propio. Este se compone de dos instancias: una conformada por el comandante político de la zona y otra conformada por el comandante general de la zona. Las comunidades acuden al político para presentar su caso, quien les informa el material probatorio que deben aportar para que su caso sea tramitado; posteriormente, estos citan a las partes implicadas y abren un proceso de conciliación o enjuiciamiento, dependiendo la gravedad, a discreción del grupo y de los hechos.
Los procesos conciliatorios acarrean sanciones económicas, mientras los de enjuiciamiento acarrean penas propias que van desde prestar trabajo social a los afectados hasta la sentencia a muerte del implicado.
Una vez el político emite su decisión las partes pueden apelar ante el comandante de la zona, quien suele citar un comité conformado por miembros del grupo para que revisen el acervo probatorio presentado y los testimonios adicionales que se den en la comparecencia ante el grupo. Finalmente este dicta la sentencia final. Aquí se resuelven desde problemas de linderos, hasta agresiones sexuales y hasta temas de deudas e infidelidades.
En el último año, la Fuerza Pública ha dado duros golpes a esta estructura, en septiembre del 2017 fue abatido alias Gavilán, segundo al mando de las Agc; en noviembre, alias Inglaterra, tercero en la cadena de mando y, en marzo del 2018, fue abatido alias el Indio, otro integrante de la cúpula. Versiones cercanas a la organización, en todo caso, manifiestan que ‘Gavilán’ fue entregado a las autoridades pues se oponía al sometimiento. Los dos mandos fuertes ahora son ‘Otoniel’ y Nicolás, quienes han logrado cohesionar el grupo para un posible sometimiento, aunque hay mandos medios que se resisten.
En septiembre del 2017 alias Otoniel apareció en un video afirmando su “voluntad de paz”, luego las Agc reafirmaron esto mediante dos comunicados en su sitio web oficial. Otros acontecimientos importantes fueron la terminación del ‘plan pistola’ para ese mismo periodo de tiempo, la declaración de un cese del fuego unilateral para las fiestas de Navidad del 2017, y un cese en época electoral.
LEÓN VALENCIA Y ARIEL ÁVILA
Para EL TIEMPO
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