La polémica sobre ruta para sacar a campesinos de la trampa de la coca

La polémica sobre ruta para sacar a campesinos de la trampa de la coca

Mientras Gobierno y Fiscalía discuten, en zonas cocaleras crece la tensión y aumenta la violencia.

Erradicación  manual  de  cultivos  de  coca

En el país hay más de 106.000 familias que siembran coca por física supervivencia.

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Carlos Ortega / Archivo EL TIEMPO

29 de octubre 2017 , 08:37 a.m.

Con el panorama antinarcóticos enredado tanto en el terreno como en Estados Unidos, donde la administración de Donald Trump sigue presionando para el regreso de la fumigación aérea, el Gobierno se la jugó esta semana por una apuesta polémica: el proyecto con el que pretende hacer excarcelable el cultivo de coca de entre 18 metros y las 3,8 hectáreas, con la posibilidad de que los procesos penales se borren si los campesinos cumplen los compromisos de sustituir sus narcocultivos.

La esencia de la propuesta no tiene mayor discusión: en el país hay más de 106.000 familias que siembran coca por física supervivencia –obtienen una ganancia promedio de entre 700.000 y 1,4 millones de pesos al mes–, y pensar siquiera en cumplir las normas actuales que obligan al Estado a encarcelarlos y extinguirles el dominio sobre las propiedades en las que tienen sus siembras es, simplemente, absurdo. Tanto así que en las cárceles del país hay menos de 300 personas procesadas por sembrar la mata.

‘Quitarle el agua al pez’ y ofrecerles a los cocaleros opciones legales es una obligación para el Estado que no tiene discusión. También, dejar de amenazar con la cárcel a los campesinos, que son el eslabón más débil en la cadena del narcotráfico, y que fue uno de los puntos firmados con las Farc en La Habana. Pero el modelo elegido para el cumplimiento de ese compromiso, y el momento en el que se pone en marcha el proyecto, encendieron una polémica entre Gobierno y Fiscalía que se zanjará a voto limpio en el Congreso.

El contenido de la iniciativa, revelado esta semana por EL TIEMPO, provocó polémica. Por un lado, baja las penas para los narcocultivadores, que estaban entre seis y doce años, a entre un año y 4. Esto, en la práctica vuelve excarcelable ese delito.

Además, extiende los beneficios a financiadores de los cultivos y fija un tope de 3,8 hectáreas, cuando en el país la gran mayoría de familias cocaleras tienen sembrados que promedian la hectárea.

El Gobierno asegura que los beneficios solo cubren a quienes cumplan efectivamente con la sustitución y que, en todo caso, no irán para los narcotraficantes ni los dueños de cultivos industriales. Además, señala que esas gabelas tienen un término definido: un año contado a partir de los acuerdos para dejar la coca.

El ejecutivo ha insistido que el proyecto busca fortalecer la política antidrogas y beneficiar solo al pequeño cultivador que no ha tenido otra opción que sembrar cultivos ilegales.

En la otra orilla, el fiscal Néstor Humberto Martínez plantea varios reparos a la propuesta. Así, dice que si el proyecto es aprobado, se estarían legalizando los cultivos de coca, pues de 0 a 18 metros cuadrados no serían penalizados.

Esto, explica, abriría la puerta para que los narcos recurrieran al ‘pitufeo’: los pequeños sembrados separados por áreas legales que estarían blindados de la persecución de las autoridades pero que, en la práctica, serían grandes áreas de coca con pequeñas manchas de cultivos legales.

Martínez asegura que el proyecto amplía los beneficios más allá de los campesinos que siembran la coca: “El tratamiento penal diferenciado lo comparte la Fiscalía, pero no acompañamos la impunidad frente a grandes narcotraficantes”. Agrega que mientras se vive un boom de la coca, este tipo de propuestas debilitan al Estado frente a los violentos: “Hay que seguir combatiendo el narcotráfico, la mayor amenaza para el país. Colombia necesita una política coherente antidrogas, no podemos bajar la guardia, no podemos debilitarla”.

Colombia necesita una política coherente antidrogas, no podemos bajar la guardia, no podemos debilitarla

El Gobierno, que inicialmente se había mostrado dispuesto a atender los reparos de Martínez, terminó la semana defendiendo a capa y espada su propuesta inicial y dejando en manos del Congreso su suerte.

Así, el presidente Juan Manuel Santos señaló: “En lo que se ha dicho del proyecto por parte del Fiscal, creo que hay una mala información o una mala interpretación, porque eso no es lo que dice el proyecto (...). Yo estoy seguro de que si se sientan los funcionarios del Gobierno con el Fiscal y le explican el alcance del proyecto, sus objeciones, que no tienen asidero, pueden ser resueltas”.

La discusión terminará, vía ‘fast track’, en el Congreso,
donde hay trancón de otras normas de paz y donde en anteriores ocasiones la oposición de la Fiscalía ha demostrado ser un obstáculo de peso para lograr el sí de las mayorías.

Eso pasó, por ejemplo, con la reglamentación de la justicia especial para la paz, que aún sigue en trámite. Varios son los puntos que tendrán que decantarse, más allá de los meros beneficios penales. Por un lado, el riesgo de que el proyecto termine siendo interpretado por las comunidades cocaleras como un año de gracia para sembrar coca, además en proporciones mucho mayores que las que ya tienen. Eso, en el peor de los escenarios, podría duplicar o triplicar las 150.000 hectáreas de coca que, a corte del año pasado, había en el país.

“El principal problema es que los incentivos para dejar la coca no están alineados: debe haber un periodo más corto, y limitar cualquier beneficio a los campesinos más pobres”, dice Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac).

Con los mensajes equivocados hay experiencias recientes. Por un lado, los acuerdos con las comunidades que llevaron en el 2013 a suspender la fumigación de coca y la erradicación manual en el Catatumbo tienen hoy a esa región como uno de los principales enclaves del narcotráfico en el país.

Y en la disparada de los cultivos ilegales –que pasaron de su mínimo histórico en el 2012 (47.000 hectáreas) a triplicarse durante el proceso de paz– fue un factor importante el llamado de las Farc a comunidades de sus zonas de influencia para sembrar más, como carta para presionar mejores ofertas de desarrollo del Gobierno.

El principal problema es que los incentivos para dejar la coca no están alineados: debe haber un periodo más corto, y limitar cualquier beneficio a los campesinos más pobres

De hecho, la justificación del proyecto enumera como causas de la disparada de la coca razones como estas: “Incremento de las expectativas para recibir beneficios como contraprestación por la eliminación de los cultivos de coca” y “reducción de riesgos al productor (se suspendió la aspersión y se redujo la presión estatal para la erradicación y bloqueos comunitarios)”.

Lo que plantean quienes se oponen a la propuesta es, precisamente, que su contenido podría generar más expectativa de ganancia para los que tienen cultivos (en algunas zonas multiplicarían por 3 la plata que obtienen hoy del negocio) y claramente reduce el riesgo penal para quien cultive.

El hecho es que el proyecto llega en un momento complejo. Además, si no fuera aprobado, las comunidades campesinas que amenazan con paros cocaleros por supuestos incumplimientos de los compromisos del Estado tendrían nuevo arsenal.

En esto coincide Restrepo, quien advierte que la estrategia del Estado frente a los cultivos debe ser integral y combinar adecuadamente tanto la ‘zanahoria’ como el ‘garrote’. Hoy hay unos 10.000 campesinos en cuatro regiones que están anunciando bloqueos. A ellos se sumarían miles de indígenas que reclaman concertación con el Estado sobre la erradicación de coca en tierras ancestrales del Cauca y otras regiones.

Para Restrepo, los malos resultados en materia de coca van a seguir pesando en la agenda con EE. UU. y “siempre en contra de los intereses de Colombia”. Agregó: “Esas cifras serán usadas para presionar al país y mantener la narcotización de la agenda”.

Los términos de la carta de esta semana del presidente Trump al Gobierno y el reciente informe de la DEA que dice que los sembrados de coca no dan señales de disminuir muestran que la atención de Washington hacia Colombia se centra casi exclusivamente en los temas antidrogas.

Así van las metas

Esta semana, los equipos de erradicación forzada de la Policía, el Ejército y la Armada arrancaron la hectárea 41.000 de coca. Cada día, en promedio, destruyen entre 200 y 250 hectáreas de la mata, lo que hace prever que la erradicación forzada pasará de largo la meta de 50.000 planteada para el 2017.

A pesar de que esas 50.000 hectáreas erradicadas representan más de la tercera parte de la coca que según la ONU había en el país en el 2016, el año podría terminar sin una disminución importante de los narcocultivos. Incluso, reconocen altas fuentes responsables del tema, podría haber un aumento en el área sembrada, con los ruidos que eso supone para las relaciones con Estados Unidos, el principal aliado del país en la lucha contra el narcotráfico.

El lento avance del programa de sustitución de cultivos, que aunque ya lleva 115.000 familias con pactos firmados apenas reporta unas 3.000 hectáreas verificadas, es una de las explicaciones.

El Gobierno, que le apuesta a esta estrategia para cerrar la página de los cultivos ilegales en el país ahora que terminó la guerra con las Farc, ya entregó los primeros subsidios a casi 20.000 familias, pero la verificación a cargo de la ONU apenas se producirá dentro de 2 meses. De hecho, la meta de sustitución para este año, otras 50.000 hectáreas, solo se cumpliría en mayo del 2018, según el ministro del Posconflicto, Rafael Pardo Rueda.

Pero hay otra razón para que los cultivos sigan creciendo. Mientras la atención del país y del Gobierno se centra en Nariño, el departamento con más coca desde hace más de una década (42.627 hectáreas), hay otros enclaves cocaleros que crecen sostenidamente y donde la erradicación forzada no ha despegado y los planes de sustitución están en implementación.

En Nariño se han erradicado de manera forzada 13.693 hectáreas (casi todas en Tumaco), de las 42.627 detectadas por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci). Pero en Putumayo, el segundo departamento con más coca, la tarea va lenta.

Los erradicadores forzados apenas llevan allí 399 hectáreas arrancadas, de unas 25.000 detectadas por la ONU. Allá, las disidencias de las Farc aún manejan el negocio y autoridades civiles dicen que ‘la Constru’, una vieja banda criminal, está controlando los cultivos de coca en la frontera, que llevan casi cinco años cosechando sin interrupción. Con todo, 469 familias de Puerto Asís que firmaron pactos cumplieron con erradicar 139 hectáreas, que ya fueron verificadas en el terreno.

Pero otro departamento podría competirle a Nariño por el primer lugar de hectáreas de coca: Norte de Santander. Tan solo el año pasado, en el Catatumbo hubo un incremento del 115 por ciento de los cultivos ilícitos, al pasar de 11.527 hectáreas a 24.831. La mayoría de los cultivos están en Tibú, municipio con una amplia frontera con Venezuela y donde es fuerte la presencia del Eln y de la antigua disidencia del Epl hoy conocida como banda ‘los Pelusos’.

Allá llegó hace algunos meses Luis Orlando Padierna, alias Inglaterra, tercero al mando en el ‘clan Úsuga’, que, no obstante sus anunciadas intenciones de paz, en cuya mira está el control de los cultivos y laboratorios de coca que tienen en las pistas del otro lado de la frontera su principal autopista hacia EE. UU. y Europa.

Antioquia (especialmente el nordeste) y Bolívar son otras zonas de preocupación. En el primero, la coca pasó de 5.423 hectáreas en 2015 a 8.555 el año pasado. La misma situación se registra en Bolívar, que de 1.044 hectáreas pasó a 4.094. Las dos son área de influencia del ‘clan Úsuga’.

En todo el país, dice la Fiscalía, se vive una guerra en medio del posconflicto entre los grupos armados ya existentes y las bandas y disidencias surgidas tras la desmovilización de las Farc. Allí, mientras el homicidio cae en todo el país, ese indicador de violencia está disparado; incluso, llega al 90 por ciento en algunas zonas del territorio nacional.

La voz de los líderes de las protestas

No habrá paz sin los pueblos indígenas, si no se incorporan nuestras propuestas dentro del acuerdo de paz y se desarrolla el ‘capítulo étnico’

César Jerez, vocero nacional de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina y promotor de la protesta, dice que no solo por el incumplimiento de los acuerdos del paro agrario del 2013 por parte del Gobierno se movilizan los campesinos cocaleros.

“No se ha implementado la reforma rural integral. Otro punto es que se suspendan las erradicaciones y se priorice la sustitución, y el otro son las garantías de seguridad, que es un tema grueso porque están matando líderes sociales”, dice Jerez.

Luis Fernando Arias, de la Organización Indígena de Colombia (Onic), dijo que 100.000 indígenas se van a movilizar a partir de este lunes. 

“No habrá paz sin los pueblos indígenas, si no se incorporan nuestras propuestas dentro del acuerdo de paz y se desarrolla el ‘capítulo étnico’,el enfoque particular de género y familia de la base de los pueblos indígenas y étnicos, así como el resarcimiento del buen nombre de los 106 pueblos originarios, étnicos”, señaló.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com@JusticiaET

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