Juez de Bogotá condenó al sicario que asesinó a los padres Rafael Reátiga y Richard Píffano.

A 40 años y siete meses de prisión fue condenado Gildardo Alberto Peñate, alias 'Gavilán', acusado de ser uno de los autores materiales del asesinato de los sacerdotes Rafael Reátiga y Richard Armando Píffano, el 26 de enero del 2011 en el barrio El Triunfo, localidad de Kennedy.

'Gavilán', quién al inicio del proceso no había aceptado los cargos pero que el pasado 8 de marzo negoció un preacuerdo con la Fiscalía, recibió la pena más alta para el delito de homicidio agravado y tráfico y porte de armas.

"El homicidio es especialmente grave, porque se trata de la vida, que es inviolable. Además, se trata de dos ministros misioneros de la Iglesia; y qué decir de la intensidad del dolo, el cual se ve en la manera fría y despiadada como Gildardo Alberto Peñate Suárez acordó el comportamiento delictivo para acabar de manera violenta con la vida de dos sacerdotes", indicó el juez.

Peñate admitió que días antes del asesinato él e Isidro Castiblanco, alias 'Gallero', quien lo contactó con las víctimas, se encontraron en un centro comercial en el sur de la ciudad con los dos curas, que le pidieron que los asesinara.

Peñate, aunque sorprendido con la solicitud, aceptó y cobró 15 millones de pesos.

Ese día recibieron cuatro millones de pesos y al día siguiente, en la iglesia San Bernardita del barrio El Tintal, los sacerdotes le entregaron la otra parte del dinero.

El abogado de Peñate, Jorge Suárez, apeló la decisión alegando que es "una pena muy drástica" y más aún cuando las víctimas pagaron por su muerte.

Isidro Castiblanco, alias 'Gallero', el otro coautor del asesinato, todavía está a la espera del preacuerdo que negoció con la Fiscalía.

"Estos sacerdotes, quienes perdieron la vida de manera violenta, cualquiera sea la circunstancia en que se haya dado, deberán ser recordados por sus buenas acciones, pues por su condición humana no estaban exentos de cometer errores y equivocaciones", señaló el juez 25.

El Tribunal de Bogotá decidirá ahora si mantiene o no la decisión.