Se trata de una masacre ocurrida hace 17 años, en la que estarían implicados miembros de la Policía.

Una masacre ocurrida en Cali hace 17 años, y en la que estarían implicados miembros de la Policía, fue revivida por el Consejo de Estado, que en un fallo de reparación ordenó a la Fiscalía esclarecer el crimen.

La Fiscalía, dice la sentencia, debe citar a los familiares de las víctimas, escuchar sus testimonios y mantenerlos al tanto de la investigación.

En la sentencia, la Sección Tercera del alto tribunal condenó a la Policía y al Ministerio de Defensa a indemnizar con 980 millones de pesos a los padres e hijos de tres de las siete personas asesinadas.

También estableció que, en adelante, todo hecho similar, en el que se establezca una violación grave de los derechos humanos, tiene que ir acompañado de medidas de justicia restaurativa y de la obligación del Estado a esclarecer la verdad de los hechos.

El caso de 'limpieza social'se presentó en la noche del 24 de abril de 1994, cuando 10 encapuchados, que se identificaron como "de la judicial", llegaron hasta las residencias de las víctimas y las hicieron subir a una camioneta para llevarlos a una estación.

Sin embargo, el vehículo se dirigió hasta el río Meléndez, en el sector de El Polvorín, en el sur de Cali, y allí obligaron a las personas a acostarse en el piso y les dispararon en la cabeza.

Un sobreviviente reconoció a uno de los asesinos como el agente Libardo Carlosama, hasta el momento el único responsable de esa masacre. El uniformado fue condenado a 50 años de prisión.

La sentencia calificó el caso como "una vergüenza nacional frente al mundo" y pidió a la Fuerza Pública "eliminar el discurso maniqueísta que clasifica a los muertos en buenos y malos, para justificar su muerte con el argumento de la defensa social o del bien que se hace a la comunidad".