El empresario involucrado en el 'carrusel de la contratación' llegó a preacuerdo con la Fiscalía.

Gómez, uno de los principales protagonistas del escándalo del 'carrusel de la contratación' en Bogotá, estaría a punto de recibir una condena de 36 meses que, inclusive, no cumpliría privado de su libertad.

Ayer, el juez 40 de Bogotá avaló el preacuerdo firmado por Gómez con la Fiscalía, gracias al cual obtuvo una rebaja de la mitad de la pena por los delitos de peculado, concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos.

El juez hizo un cálculo inicial de la condena y la tasó en 72 meses de prisión, como máximo. (Lea más sobre el carrusel de la contratación de Bogotá)

Como con la rebaja pactada quedaría en 36 meses y las condenas excarcelables son las menores de cuatro años, determinó que Gómez siguiera libre, en espera de la decisión del funcionario judicial.

El próximo 23 de marzo, el juez anunciará oficialmente la condena para el contratista, y aunque podría decidir que por la gravedad de la conducta debe ir preso, la posibilidad de que se libre de ir a la cárcel es alta.

Ayer, de nuevo, la Procuraduría y los representantes de las víctimas cuestionaron el preacuerdo e insistieron en la captura. A su vez, Gustavo Petro, alcalde de Bogotá, señaló: "La sentencia contra Julio Gómez lo deja en libertad, que era lo que quería el criminal, y vulnera el derecho a la justicia de la ciudad".

Como parte del acuerdo, el cuestionado contratista devolvió 297 millones de pesos y se comprometió a ser testigo de la Fiscalía contra los demás salpicados en el escándalo.

Ese dinero correspondería a una comisión pagada por los Nule a cambio de la gestión de Julio Gómez ante la administración de Samuel Moreno, dentro de los supuestos acuerdos ilegales relacionados con los contratos de la calle 26. También entregó 12.000 millones de un anticipo por una obra con el Distrito.

En el expediente de Gómez aparece que a través de sus empresas consiguió contratos de malla vial y pavimentación sin cumplir con los requisitos legales. "Intervino indebidamente en la elaboración de pliegos de condiciones", dijo el juez.

El funcionario judicial consideró que el acuerdo se ajustaba a la ley y que "no existían vicios que permitieran anularlo". Además, señaló que el contratista no solo devolvió el dinero apropiado sino que ha asistido a todas las audiencias, por lo que consideró que no hay evidencias que permitan pensar que va a eludir la justicia.

La defensa sostiene que el empresario mantiene a su familia y que en cualquier caso el juez no debería dejarlo detenido. "Si el juez decide que las conductas son demasiado graves y se hace necesaria una restricción de la libertad de mi asesorado, pido que se le conceda un sistema de vigilancia electrónica que permita que pueda circular por la ciudad en su trabajo como arquitecto", sostuvo el abogado del contratista.

El fiscal del caso, Ricardo González, dijo que, para fijar la pena y si lo priva de la libertad, el juez debe tener en cuenta el daño causado a la ciudad, que calificó de muy grave.

Agregó que la Fiscalía no renunció al derecho de seguir investigando al contratista ante otros hechos irregulares.

REDACCIÓN JUSTICIA