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Con tres tutelas buscan frenar eliminación de Consejo de la Judicatura

Empleados pretenden mostrar una cara distinta de la institución para evitar su desaparición.

Mediante acciones de tutela buscan evitar la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, propuesta que está planteada en el proyecto de reforma a la Justicia, al que solo le restan dos debates en la Cámara de Representantes.
Una de las acciones de tutela fue presentada de manera directa ante la Corte Constitucional por la magistrada Paulina Canossa, del Consejo Seccional de Bogotá, con el argumento de que el Congreso y el Gobierno estarían violando la Constitución.
El argumento de la magistrada Canossa es que la eliminación del Consejo de la Judicatura implicaría una "sustitución de la Constitución y no una reforma de la Constitución, que es para lo que está facultado el Congreso de la República".
Si el Gobierno y el Congreso quieren eliminar la Judicatura deben acudir a una ley convocatoria de referendo o a una asamblea constituyente, dice la magistrada.
Aunque no es usual que la Corte Constitucional asuma el estudio de acciones de tutela en primera instancia, la magistrada Canossa expresa que este alto tribunal debería asumirla porque tiene el "poder de defensa de la Constitución".
Las otras dos acciones de tutela fueron radicadas en el Tribunal Superior de Bogotá por las magistradas Marta Isabel Rueda, del Consejo Seccional de Santander, y Marta Inés Montaña, del Consejo Seccional de Bogotá.
Sobre el hecho particular de la reforma a la Justicia, la magistrada Canossa no ahorró palabras para decir que se trata de "una bomba contra la rama judicial", que afectará la independencia y autonomía de la rama Judicial.
Defensa de una institución
Uno de los efectos que podría tener la reforma planteada por el Gobierno, dice la magistrada, es que se afectaría el sistema de carrera judicial, el cual permite escoger a los funcionarios a través de  un concurso de méritos.
"Ya no habrá más empleados de carrera y volveremos al país de las rodilleras", asegura para significar que los nombramientos podrían politizarse en la rama judicial.
También temen perder la escuela judicial, una de las mejor catalogadas en el continente para la formación de empleados judiciales.
Y también, aseguran, se perderá la autonomía presupuestal que ha tenido la rama en los últimos 21 años. "Sería un Gobierno judicial".
"Nosotros no estamos defendiendo la corrupción, sino que cada institución ejerza su competencia", dice Canossa.
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