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Conductores ebrios matan ocho personas por semana

Expertos coinciden en que hay que aumentar los controles, para acabar con la sensación de impunidad.

REDACCIÓN JUSTICIAjulio 20 de 2013, 08:46 P.M.

En Colombia, todos los días muere alguien en un accidente de tránsito provocado por embriaguez. Aunque el promedio (8,2 muertes por semana) ha bajado desde el año pasado, lo cierto es que hoy un ciudadano del común tiene más posibilidades de morir por un ebrio al volante, que un miembro de la Fuerza Pública a manos de un grupo ilegal (7 por semana, entre enero y junio). (Lea también: Las víctimas que han dejado los conductores ebrios).

El problema es más grave si se tiene en cuenta que la Dirección de Tránsito de la Policía, fuente de las cifras, no cubre todo el país, lo que deja por fuera del registro ciudades como Cali, donde este año ha habido 119 accidentes relacionados con consumo de licor o de drogas.

Las últimas víctimas fatales de las que el país tuvo noticia fueron Ana Eduvina Torres y Diana Milena Bastidas, que murieron en Bogotá la madrugada del 12 de julio, minutos después de que el taxi en el que viajaban fue arrollado por una lujosa camioneta Audi conducida por Fabio Andrés Salamanca. Este ingeniero, de 23 años, decidió manejar a pesar de estar en grado 3 de embriaguez (el más alto).

Pero desde ese día ha habido otros 33 accidentes por borrachos al volante en el país, con un saldo de 6 muertos y 44 heridos. (Lea también: Cali preocupa a la Policía en materia de conductores ebrios).

¿Qué hacer para frenar las muertes que produce la mezcla de alcohol y gasolina?

Los expertos coinciden en que hay que acabar con la sensación de impunidad, mediante el aumento de los controles. De hecho, ese es el primer consejo que da Pere Navarro, autoridad mundial en seguridad vial tras sus ocho años como director de Tráfico de España, durante los cuales el número de muertos en las carreteras de ese país se redujo a la tercera parte.

En su opinión, cada año debería pasar por el alcoholímetro al menos 1 de cada 5 choferes. En Colombia, las autoridades tendrían que hacer unos 2,2 millones de revisiones. La Policía no sabe cuántas hace, pues solo registra las que dan positivo (casi 30.000 en el 2013). Según estimaciones hechas por la Dirección de Tránsito, por solicitud de EL TIEMPO, sus 400 puestos de control examinarían a unos 3 millones de personas cada año. La cifra contrasta con el cálculo de la directora del Fondo de Prevención Vial, Alexandra Rojas, quien cree que los controles no alcanzan a más del 1 por ciento de los choferes (unos 110.000). Según la ejecutiva, “en más de 900 municipios (de 1.101) no se examina a nadie en todo el año”.

Una de las opciones que más se barajan cuando una tragedia de este tipo conmueve al país es endurecer las penas. De hecho, unos días después del choque de la 26, la congresista Gloria Stella Díaz anunció que presentaría, por tercera vez, un proyecto de ley para que conducir embriagado sea delito.

Personas como Salamanca enfrentan la justicia penal por los daños que causan, pero no por la imprudencia que los provocó. Convertirla en delito, como propone la representante del Mira, es la segunda recomendación de Navarro, siempre y cuando el infractor presente “el cuádruple de la tasa máxima (de alcoholemia) permitida”.

En Colombia se sanciona desde los 20 mg de etanol por cada 100 ml de sangre, lo que quiere decir que, bajo la óptica del experto catalán, manejar borracho debería ser un crimen desde los 80 mg. La iniciativa de Díaz plantea la penalización desde los 100.

La ministra de Transporte, Cecilia Álvarez-Correa, es partidaria de tipificar como delito esta conducta. “No podemos seguir condicionando la sanción al hecho de que el conductor lesione o mate”, afirma. Pero introduce un matiz: que la pena se cumpla en las casas cárceles que por ley deben tener los Centros Integrales de Atención, contemplados en el Código Nacional de Tránsito para rehabilitar a los infractores.

No todos los analistas están de acuerdo con judicializar el tema. Desde el exalcalde Antanas Mockus hasta el director de Tránsito de la Policía, pasando por la jefa del Fondo de Prevención Vial, creen que esta, por sí sola, no soluciona el problema.

“Las sanciones que hay son suficientemente fuertes. Si las incrementamos pero la probabilidad de que se apliquen es baja no hacemos nada. Para cambiar un comportamiento, el control es fundamental. La certeza de que habrá consecuencias hace que la gente se porte bien en forma consistente”, opina la directora del Fondo.

‘Como delito es inaplicable’

El general Carlos Mena, director de Tránsito de la Policía, también cree más “en el rigor de la aplicación de la norma existente” que en crear un tipo delictivo. Entre otras razones, porque “llevar a audiencia a 350 personas en cada puente festivo, solo en Bogotá, haría colapsar el sistema judicial”.

Eso mismo advierte el penalista Renato Vargas, que durante los últimos 3 años investigó el tema de la seguridad vial en Colombia y que está a punto de publicar un libro al respecto. En su concepto, “que conducir borracho sea un delito es inaplicable”.

Por eso prefiere cambios procesales. Por ejemplo, que en todos los casos con muertos haya privación de la libertad, sin beneficio de excarcelación. Otra idea es no permitir la rebaja de penas, como sucede con los violadores de niños. E insiste en el control: “Inmovilizar un vehículo es más efectivo que esperar a que alguien muera para recurrir al derecho penal. Más que castigar estos hechos, debería interesarnos que no ocurran”.

Antanas Mockus plantea ponerse metas anuales de reducción de las muertes por conductores borrachos y, si no se cumplen, ir endureciendo las penas. Para alcanzar las metas, propone un trabajo de “prevención múltiple”, con ideas tan innovadoras como que los ebrios detectados en los retenes sean llevados a ‘desenguayabar’ en hospitales, con cargo a su bolsillo.

Y fiel a su filosofía de cultura ciudadana, la cabeza de Corpovisionarios cree que, “antes de que cometa un delito y vaya a prisión, quien sea capaz de cuidar su vida ni la de los demás debe ser avergonzado en público, caricaturizado como un alcohólico crónico”.

Pero quizás la realidad no esté tan lejos de la caricatura. Yerson Martín, el borracho al volante que el jueves atropelló a Manuel Ramírez y a su hija, de 2 años, en una calle del sur de Bogotá, había sido sorprendido conduciendo con tragos en marzo pasado y en enero del 2012, y por eso su licencia estaba suspendida hasta el 2021. La pequeña resultó ilesa, pero su papá sufrió heridas por la irresponsabilidad de un infractor recurrente que las autoridades ya habían detectado.

¿Hasta cuándo?

Se exponen a 30 años de prisión

Aunque conducir en estado de embriaguez no es delito, esta infracción sí implica consecuencias, como la pérdida definitiva de la licencia de conducción.

Según el grado de alcohol en la sangre, las sanciones comienzan con la suspensión del pase entre 6 meses y un año. Esto, con alcoholemia de cero a uno, que equivale –en una persona de peso normal– al consumo de dos cervezas. En caso de inmovilización del carro, el chofer tendrá que pagar el comparendo (sin el derecho a rebaja que se tiene cuando se cometen otras infracciones), la grúa y los patios, costos que superan el millón de pesos.

Esa es la mínima consecuencia por manejar borracho. Quienes ocasionen accidentes con muertos o heridos graves se exponen a penas de cárcel de hasta 30 años. Esto depende del delito que los fiscales imputen, que puede ser homicidio culposo (sin intención) o con dolo eventual (la persona era consciente de lo que podría suceder, pero hizo caso omiso del riesgo).

Esa calificación puede marcar la diferencia entre ir a prisión una larga temporada o conseguir incluso la libertad si se declara culpable (del primer cargo).

El vicefiscal general, Jorge Perdomo, dijo que cada caso se evalúa individualmente, según los resultados de las investigaciones.

En medio de los procesos es posible que las partes lleguen a una fórmula para terminar anticipadamente el juicio. Esos acuerdos, que incluyen indemnizaciones, pueden cambiar el tipo penal de la acusación. Es por eso que, con cierta frecuencia, se dictan sentencias de 5 años o menos –varias de ellas en la modalidad de casa por cárcel– a conductores que han matada a una o más personas.

En todo caso, esos pactos, permitidos por la ley, deben ser avalados por los jueces.

REDACCIÓN JUSTICIA

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