Al ex contralor y el ex asesor Jurídico del IDU se les dictó este martes medida de aseguramiento.

A su entrada al penal, el destituido contralor de Bogotá Miguel Ángel Moralesrussi e Inocencio Meléndez realizaron su reseña y les asignaron una celda a cada uno en uno de los pabellones de reclusión especial.

Estas son las primeras capturas por el 'carrusel de la contratación' de Bogotá. La medida también recayó sobre la ex directora del IDU Liliana Pardo, aunque la jueza le otrogó el beneficio de la casa por cárcel.

La jueza Séptima Penal Municipal con funciones de Garantías, Sandra Vargas, ordenó medida de aseguramiento para los tres ex funcionarios -ellos tendrían que enfrentar penas de entre ocho y 15 años de cárcel- ante la capacidad que tienen "para abandonar el país o para ocultarse".

En su decisión, la jueza avaló la petición que hace cuatro días había hecho la Fiscalía, que consideró que los ex funcionarios dispusieron de "bienes sagrados de la nación" y generaron un daño para los ciudadanos y el desarrollo de la capital.

El descalabro por la contratación en Bogotá es de 2,2 billones de pesos, según lo ha estimado el fiscal delegado ante la Corte Suprema, Germán Pabón, quien presentó el caso ante la jueza de Garantías.

De Pardo la jueza dijo que supuestamente "había favorecido la apropiación de dineros del Estado por parte de terceros".

A la ex directora del IDU le imputaron cargos por celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros, prevaricato por omisión y, en calidad de coautora, interés indebido en la celebración de contratos.

Sobre el ex contralor, quien podría pagar entre 8 y 15 años de prisión, la jueza consideró que desbordó su función al, supuestamente, exigir dinero para omitir los controles de los contratos y del IDU, y lo señaló de haber generado "un daño para los ciudadanos".

Contra Moralesrussi, que es procesado por concusión y prevaricato por apropiación, existen grabaciones que lo comprometen, como la de la reunión entre Germán Olano, Mauricio Galofre y Miguel Nule, en la que hablan de la entrega de un dinero.

En el expediente también están su participación en una reunión en la casa de la concejala Ángela Benedetti y los encuentros con Guido Nule frente a la Javeriana, y otras dos reuniones en las que habría pedido comisiones.

Y de Meléndez, quien podría pagar entre 8 y 15 años de prisión y debe responder por cinco cargos -concusión, interés ilícito en celebración de contratos, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y celebración indebida de contratos-, la jueza dijo que como funcionario del IDU tenía la obligación de vigilar el diseño de los proyectos de infraestructura.

Según la funcionaria judicial, contra Meléndez hay un memorando firmado por Mauricio Galofre, en el que supuestamente pide 50 millones de pesos.

También existe la versión de Guido Nule, quien aseguró que al ex Asesor Jurídico, al que llamaban "Morena mía", le entregaron un apartamento, un vehículo y dinero en efectivo para modificar el pliego de condiciones de una licitación.

La fiscal general, Viviane Morales, dijo que la Fiscalía formulará 14 cargos contra los empresarios Miguel, Manuel y Guido Nule, involucrados en el escándalo de contrataciones.

Morales no descartó que a los Nule les aplique el principio de oportunidad, pero este sería parcial, y dependería de que se logre un preacuerdo y los acusados se allanen a los cargos de forma voluntaria. "Por la gravedad de los hechos y la cantidad de delitos, aquí no podría haber un principio de oportunidad total", señaló.

Los Nule, que están en el exterior, deben presentarse a audiencia el martes 5 de abril, pero de no comparecer serán buscados por la Interpol.

Están vinculados a pedidos y pagos de coimas
La investigación por el presunto 'carrusel' de contratos en Bogotá busca establecer además la responsabilidad de otras 33 personas, entre ellas el alcalde Samuel Moreno.

Esta investigación se inició en marzo del 2010, por denuncias que circularon sobre solicitudes de comisiones a contratistas.

REDACCIÓN JUSTICIA