Así lo decidió la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le abrió investigación a la senadora Dilian Francisca Toro, ex presidenta del Senado, por el delito de lavado de activos.

La congresista del partido de 'la U' fue citada para que rinda indagatoria el 9 de julio. Ese día se le resolverá su situación jurídica.

Según fuentes del alto tribunal, al parecer los hechos estarían relacionados con las denuncias que ha recibido la Corte contra la congresista.
 
Toro fue denunciada hace dos años por las supuestas relaciones con un hombre que fue condenado por lavado de activos. Ese vínculo se habría hecho evidente por una transacción que hizo una empresa de la ella es socia junto con su esposo.
 
El caso data del 2007. Según las denuncias, 289 millones de pesos girados por la empresa de Toro fueron a parar a las cuentas de Hans Barney Salazar, quien fue condenado a 72 meses de prisión y multa de 1.000 salarios mínimos por el delito de lavado de activos en el año 2005.
 
Desmovilizados y 'Rasguño'

La Corte también tiene abierta otra investigación preliminar contra la senadora por las versiones de algunos desmovilizados que vinculan a Toro con grupos paramilitares que operaban en el Valle del Cauca. Según esos testimonios, algunos mandos medios de los paramilitares ordenaron votar por ella en la región.

En esa preliminar está vinculada junto con Antonio Valencia Duque del partido Alas Equipo Colombia, quien reemplazo en su curul al exsenador Álvaro Araújo Castro quien fue condenado dentro del proceso de la parapolítica.

Este miércoles, Toro negó dichas relaciones y dijo estar dispuesta a responder ante la justicia. "Quiero decirles a todos los colombianos que Dilian Francisca Toro nuca ha tenido ninguna relación con ningún tipo de persona al margen de la ley, ni financiera ni políticamente", afirmó.

La senadora también fue mencionada por Hernando Gómez Bustamante, alias 'Rasguño', quien durante una versión libre rendida ante magistrados de la Corte Suprema, manifestó haber financiado la campaña de la congresista durante los comicios realizados en 2002.

REDACCIÓN JUSTICIA