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Directores de cárceles deberán dar libertad si jueces se demoran

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Así lo propone proyecto para reformar Código Penitenciario. También se prohiben cocineros privados.

La reforma del Código Penitenciario y Carcelario, radicada hace una semana en el Congreso por el Ministerio de Justicia, pondrá a los directores de cárceles a cumplir una facultad que tienen desde 1993, pero que poco ejecutan: la de ordenar la libertad de presos que ya tienen derecho a ella.

Con la expresa advertencia de que podrían ser denunciados penal y disciplinariamente por omisión, el Código obliga a los directores a cumplir esa función de manera extraordinaria, cuando los jueces de ejecución de penas no han atendido los casos de los internos que ya tienen derecho a la libertad.

En este momento, centenares de internos están en esa situación.
De hecho, uno de los focos de corrupción detectados en las cárceles tiene que ver con la 'desaparición' de las carpetas de los presos que han cumplido su pena o han llegado al tiempo para aspirar a la libertad condicional. De ahora en adelante, se impondrá la digitalización de esos archivos y la consulta en línea, para evitar el secuestro de la información.

La reforma plantea también la eliminación definitiva de uno de los privilegios más cuestionados de algunos presos: la posibilidad de que cuenten con cocineros privados dentro de la cárcel.

Expresamente, el proyecto señala que "bajo ninguna circunstancia" los internos podrán contratar la preparación de alimentos por fuera del régimen que tienen los otros presos. Varios de los internos del pabellón de la 'parapolítica' y los primos Nule, protagonistas del escándalo del 'carrusel' de la contratación en Bogotá, han tenido en la cárcel el privilegio de decidir su propio menú.

Otro punto clave del proyecto abre la posibilidad para que miembros de comunidades indígenas y de comunidades afrocolombianas y raizales tengan sus propios sitios de reclusión.

El Gobierno plantea realizar consultas con esas comunidades para definir las condiciones de reclusión de sus presos. En el caso de los afrocolombianos, no se trataría de un asunto de raza sino de pertenencia a comunidades afro reconocidas, como las del Chocó o Palenque.

REDACCIÓN JUSTICIA

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