El caso se dio cuando comunicador Luis Gonzalo Vélez, filmaba protesta contra fumigación de coca.

El tribunal internacional le ordena a Colombia incorporar en sus programas de educación a las Fuerzas Armadas, un módulo específico sobre la protección del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión y de la labor que cumplen los periodistas y comunicadores sociales.

El caso tiene que ver con la agresión sufrida por el periodista Luis Gonzalo Vélez Restrepo el 29 de agosto de 1996 por parte de miembros del Ejército mientras filmaba una protesta contra la política gubernamental de fumigación de cultivos de coca en el departamento de Caquetá.

Según se denunció en su momento, Vélez Restrepo y su familia fueron objeto de amenazas e intimidaciones y el periodista sufrió un “intento de privación arbitraria de la libertad”.

Esos hechos, dice la Corte, aunado a la falta de medidas oportunas de prevención y protección, provocaron el exilio del señor Vélez Restrepo, su esposa Aracelly Román Amariles y sus hijos Mateo y Juliana Vélez Román.

Por esta razón, la Corte le ordenó al Estado colombiano garantizar las condiciones para que los miembros de la familia Vélez Román regresen a residir a Colombia, en caso que así lo decidan.

Además, debe publicar, en un plazo de seis meses, contado a partir del 3 de septiembre, la notificación de la sentencia en el diario oficial y en un diario de amplia circulación nacional.

El tribunal internacional también le ordena a Colombia incorporar en sus programas de educación en derechos humanos dirigidos a las Fuerzas Armadas, un módulo específico sobre la protección del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión y de la labor que cumplen los periodistas y comunicadores sociales.

Colombia deberá iniciar una investigación penal por el intento de privación de la libertad de Vélez Restrepo ocurrido el 6 de octubre de 1997 y pagar una indemnización al periodista.

REDACCIÓN JUSTICIA