Corte ordenó reubicar parte de una base militar en el Guaviare que estaba en resguardo.

El alto tribunal ordenó al Ejército entregar terrenos de una base militar en Guaviare y le dio al Ministerio de Defensa seis meses para reubicarla. La base es ocupada por la Escuela de Fuerzas Especiales de la Infantería de Marina.

La medida de la Corte busca la protección de las comunidades indígenas Jiw, Guayabero y Nukak. Según un informe del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), la base militar tiene ocupadas seis hectáreas del resguardo en la que mantiene 19 construcciones.

Sobre esta decisión, el general Alejandro Navas, comandante de las Fuerzas Armadas, afirmó que el Ejército no ha sido invasores.

"Tiene que quedar claro que el Ejército y la Fuerzas Armadas nunca han sido invasores. Estamos allá porque hubo acuerdos con el gobierno municipal y departamental. Nosotros debemos responder por la seguridad de ese sector de la patria y porque hay una amenaza, en donde delinquen varios frentes de las Farc, hay bandas criminales y es un deber constitucional del Ejército de ese sector proteger a los indígenas, etnias y campesinos que viven sobre el río Guaviare", señaló el general Navas.

Horas antes trascendió que la Corte consideró que estas comunidades están siendo afectadas por el conflicto armado y el desplazamiento forzado en sus áreas ancestrales, con lo cual se violan los derechos fundamentales de sus miembros.

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró que acatará el auto de la Corte Constitucional.

"Respetamos a la justicia y acataremos la decisión de la Corte", aseguró Pinzón.

El jefe de la cartera de Defensa indicó que la situación no marca un precedente para a salida de tropas del Cauca, como lo ha pedido la Guardia Indígena Nasa.

"Las relaciones de los uniformados con los indígenas en esa zona (Guaviare y Meta) es excelente", dijo Pinzón, que agregó que la posición que había logrado la Fuerza Pública no se verá afectada, como el orden público.

El pedido de la Corte se da tras la polémica que se desató a mediados de julio cuando indígenas retiraron a la Fuerza Pública del cerro Las Torres, en Toribío (Cauca).

'Decisión de la Corte hace justicia'

Precisamente, Marcos Yule, gobernador del resguardo de Toribío, dijo que esa sentencia de la Corte hace justicia en relación con los reclamos de las comunidades y para que la opinión pública conozca y tenga una dimensión de los reclamos.

"Esto nos sirve mucho para reafirmar que tenemos unos derechos que están siendo vulnerados. La opinión piensa que 'es una joda de nosotros' y que lo que hacemos va contra la fuerza pública. No se entiende que los pueblos indígenas están en vías de desaparición por el conflicto armado interno. Otros pueblos tienen el mismo problema, nosotros nos hacemos oír", dijo.

Yule afirmó que en estos casos una sentencia obliga a una consulta previa con las comunidades indígenas, lo que nunca se ha hecho. "Estamos peleando unos derechos que se nos han desconocido, estamos en un Estado social de Derecho y hay unos derechos que nos han sido desconocidos".

Jesús Cháves, del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), dijo que el organismo hará un pronunciamiento en pleno.

REDACCIÓN JUSTICIA Y CALI