Si bien la Fiscalía había pedido no enviar a Emilio Tapia a la cárcel, ayer la Jueza 60 de Control de Garantías de Bogotá decidió que, por la gravedad de los delitos, el contratista del llamado 'carrusel' en Bogotá debía ser recluido en un centro carcelario. Con esa decisión terminó ayer la audiencia contra Tapia, para quien la Fiscalía había solicitado restringir sus salidas del país.

Pero la jueza consideró que el contratista no ha materializado ninguna colaboración con la justicia y por ello, era necesaria su detención. "En su actuar se evidencia un alto grado de insensibilidad moral y social, aunado que el modus operandi utilizado fue como la correa de comunicación entre contratistas, particulares y funcionarios públicos para esta clase de delitos", señaló.

A Tapia la Fiscalía le imputó los delitos de cohecho, celebración indebida de contratos y concierto para delinquir. En la audiencia del jueves, aceptó su responsabilidad en el último cargo, por el que recibirá una rebaja de la pena, pero debe ir a juicio por los otros.

De acuerdo con la investigación, Tapia se puso de acuerdo con personas como el también contratista Julio Gómez -condenado a 5 años-, el abogado Álvaro Dávila y funcionarios, como la exdirectora del IDU Liliana Pardo, para conseguir contratos de obras.

La Fiscalía documentó 26 viajes de Tapia a Miami (EE. UU.) entre el 6 de enero del 2008 y el 12 de diciembre del 2010, coincidiendo en 9 oportunidades con Dávila, en dos con el exalcalde Samuel Moreno y 22 con el exsenador Iván Moreno.