Jueza de Bogotá avaló petición de la Procuraduría al considerar que es un peligro para la sociedad.

Aunque la Fiscalía no pidió medida de aseguramiento contra el cuestionado contratista, la juez 60 de control de garantías avaló la solicitud de la Procuraduría y le dio medida de aseguramiento en centro carcelario. Tapia fue enviado a La Picota, luego de que la juez consideró que es un peligro para la sociedad.
 
De acuerdo con el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Ricardo González, entre los años 2008 y principios del 2010 sirvió de intermediario entre contratistas, particulares y funcionarios del estado, para a cambio de comisiones, concertar la adjudicación de contratos de malla vial y de valorización en Bogotá. (Lea: Emilio Tapida denuncia amenazas en su contra).
 
"Usted participó en el proceso de contratación de malla vial en el IDU al lado de otros particulares como el contratista Julio Gómez y el abogado Álvaro Dávila; así como funcionarios del IDU como Liliana Pardo, Inocencio Meléndez, entre otros", le indicó el fiscal a Tapia.

Entre las pruebas que la Fiscalía tiene en contra del excontratista, se encuentran registros obtenidos del DAS, que evidencian 26 viajes realizados a Miami, Estados Unidos, entre el 6 de enero de 2008 y el 12 de diciembre de 2010, coincidiendo en 9 oportunidades con el abogado Álvaro Dávila, en dos con el exalcalde Samuel Moreno Rojas y 22 con el exsenador Iván Moreno con quién compartió vuelo privado. Durante estos viajes, Tapia también se reunió con el hoy ya condenado contratista Julio Gómez.
 
Según las autoridades, todo parece indicar, que dichos encuentros fueron realizados para concretar acuerdos previos que permitieron favorecer a ciertos consorcios en la adjudicación de almenos dos contratos de malla vial y siete de valorización de forma indebida. Entre las empresas que se beneficiaron de estos acuerdos, se encontraron dos empresas pertenecientes al clan de los Nule.
 
A Emilio Tapia le fueron imputados los delitos de cohecho, celebración indebida de contratos y concierto para delinquir. Este último delito fue el único aceptado por el excontratista.

REDACCIÓN JUSTICIA