La liquidación no ha cumplido con funciones de administrar, señaló auditoría.

En la caja menor del lujoso hotel Sunrise de San Andrés, uno de los narcobienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes, acaba de ser encontrado un montón de cheques posfechados que suman más de 200 millones de pesos.

El firmante era el administrador Ricardo Álvarez Bustillo, que en los casi cuatro años que estuvo al frente del manejo del hotel cambió pequeños adelantos de sus honorarios por cheques sin fondos. Antes de ser removido, hace apenas un mes, alcanzó a llevarse los últimos tres millones y aún no se sabe cómo va a pagar la plata del posible desfalco.

San Andrés es el capítulo central del primer examen de la Contraloría a la gestión de la agente liquidadora de la DNE, María Mercedes Perry. La auditoría concluye que la mayor parte de los males que llevaron a la liquidación de Estupefacientes el año pasado, en medio de uno de los peores escándalos de corrupción, se mantienen.

"La liquidación no ha cumplido con sus funciones de administrar los bienes extinguidos e incautados con criterios de eficiencia, productividad y conservación", dice la Contraloría, que evalúa abrir un juicio fiscal contra Perry.

El descontrol sobre los bienes incautados en las islas es tal -dice el ente de control- que la liquidación de la DNE allá no demoraría un año, como está previsto, sino al menos siete. Incluso, una motonave incautada está a punto de provocar un daño ecológico irreversible, pues encalló en un arrecife de coral sin que nadie tomara previsiones al respecto.

Mientras la justicia poco ha avanzado en las investigaciones contra los políticos que se aprovecharon de los bienes de la mafia, la DNE en liquidación increíblemente sigue sin resolver el 'hueco' aprovechado por los corruptos: la debilidad de sus sistemas, que permitían que los registros de bienes incautados se borraran o se modificaran sin dificultad.

"La mayor debilidad de la DNE ha radicado en la vulnerabilidad del sistema de inventario -dice la Contraloría-. A la fecha no se ha podido determinar cuántos bienes desaparecieron del sistema".

De 5.406 bienes incautados que aparecen en el sistema, hay 1.905 sin avalúo. Casi un año después de la liquidación de la DNE, no se sabe del paradero de miles de semovientes incautados, y la investigación de la Contraloría encontró rastros de ventas y avalúos irregulares que fueron realizados entre 2006 y 2010 y que no habían sido detectadas.

La Contraloría cuestiona también que María Mercedes Perry, a pesar de formar parte de la junta directiva de Almagrario, haya renovado como liquidadora de la DNE un contrato de bodegaje con esa firma por 1.500 millones de pesos. En las bodegas de Almagrario hay carros y motos que, dice la Contraloría, se están cayendo a pedazos sin que se justifique el alto precio. Más aún, cuando la DNE tiene decenas de lotes donde podría almacenarlos.