Aseguró que dos de los aspirantes que integraban la terna no cumplían con requisitos.

Un nuevo escándalo en la Judicatura puso al descubierto la Procuraduría al pedir al Consejo de Estado que anule por ilegal la elección del Director Administrativo de la Rama Judicial, cargo que estuvo en cabeza del exfiscal Diógenes Villa hasta hace una semana, cuando fue suspendido por orden de la Contraloría.

El Ministerio Público intervino en una demanda y aseguró que, al menos, dos de los aspirantes que integraban la terna para elegir a la persona que ejecuta el presupuesto de la Justicia – que en el último año fue de 1,5 billones de pesos – no reúnen los requisitos para ocupar el cargo.

Uno de ellos es Villa Delgado, quien terminó elegido hace diez meses. Según la demanda, el exfiscal no cumplía los cinco años de experiencia en cargos financieros o de administración que exige la Ley Estatutaria de la Justicia.

Él fue ternado por la Corte Suprema de Justicia de una lista de elegibles que presentó la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

En su momento, voceros de 12 organizaciones de la sociedad civil dedicadas al tema de justicia y lucha contra la corrupción pidieron a la Judicatura una revisión al proceso de elección del funcionario elegido tras dos años de interinididad.

El exfiscal terminó investigado por al Contraloría que lo señala de un presunto detrimento patrimonial en su gestión.

Los otros dos nombres de la terna eran los de la economista Martha Catalina Velasco y la abogada Sandra Lisset Ibarra, quien según la Procuraduría tampoco cumple los requisitos para aspirar al cargo.

Ella, dice el concepto, debía acreditar estudios de especialización en ciencias sociales y no en derecho administrativo al momento de presentarse como candidata.

El Director de la Rama debió posesionarse en agosto del 2009, pero la pelea que han sostenido las cortes y el Consejo Superior de la Judicatura por la elección de este funcionario clave para la justicia, impidió su nombramiento.

La terna inicial presentada por los presidentes de las cortes fue objetada por la Sala Administrativa de la Judicatura de ese entonces con el argumento de que uno de los candidatos no cumplía con los requisitos. Sin embargo, la lista de aspirantes la tumbó otro de los ternados que presentó una tutela que fue fallada a su favor.

El caso terminó en la Corte Constitucional que al revisar el fallo consideró que se debía corregir el proceso y ordenó la conformación de una nueva terna.

REDACCIÓN JUSTICIA