En cinco días hábiles, la Corte Suprema debe resolver situación de la senadora.

Durante seis horas, el origen de esos bienes fue cuestionado por la Sala Penal de la Corte, que vinculó a la senadora a un proceso por presunto lavado de activos.

Los investigadores del alto tribunal detectaron un posible patrón de compras supuestamente irregulares que compromete a la Agropecuaria Ceiba Verde Ltda., firma de la que son socios Toro, su esposo, y su cuñado, Jorge Caicedo, notario tercero de Cali.

Antes de la audiencia, el abogado de la excongresista, Iván Cancino, afirmó que probará la inocencia de su defendida. "Todas las propiedades de ella son demostrables", afirmó.

"Ella no tiene problema en explicar el origen de su patrimonio, ni de las sociedades de las que hace parte", dijo Cancino. Explicó que la mayoría de los predios de su cliente han sido objeto de transacciones y han respaldado contratos con grandes y reconocidas empresas.

En menos de tres años es la segunda vez que la senadora del Valle se presenta ante el alto tribunal. Esta vez, las pesquisas que se adelantan señalan que el caudal electoral de la expresidenta del Congreso (2006) aumentó a la par con su patrimonio y el de su esposo, el exsenador Julio César Caicedo Zamorano, quien le heredó la curul. (Lea: La evidencia en contra de la poderosa Dilian Francisca Toro).

Ceiba Verde aparece adquiriendo predios a personas aparentemente insolventes o vinculadas a negocios turbios, señala la investigación.

Una finca le fue comprada a un hombre identificado como Fabio César Giraldo Rincón, dueño de Agrigan Ltda. El CTI rastreó su patrimonio y concluyó que no posee capital suficiente para justificar el predio. EL TIEMPO intentó contactar a Giraldo, pero su firma está liquidada. Igual sucede con otro vendedor que ni siquiera tiene EPS o Sisbén.

El propósito de la Corte es descartar que sean testaferros o gente conectada a narcos como Phanor Arizabaleta y Víctor Patiño Fómeque.

En el interrogatorio, Toro presentó documentos que reflejan sus estados financieros y el historial de sus bienes.

REDACCIÓN JUSTICIA