Solo Chocó tiene cerca de 2.000 en su contra. Habría una mafia de abogados dedicada a este negocio.

A los problemas financieros que tienen gobernaciones y alcaldías parece haberles caído una nueva plaga: las demandas.

El azote es de tal magnitud que, incluso, se habla de carteles de abogados dedicados a apoderarse del erario.

Aunque oficialmente no se conoce una cifra sobre cuánto pueden costar las pretensiones de los demandantes, un reporte de 87 entes territoriales habla de 5,8 billones de pesos.

La mayoría de las demandas son por pensiones, por deudas del sector salud o de profesores que piden que se les incluya en la planta oficial. Por supuesto que también están las de contratación de obras o servicios.

El gobernador del Chocó, Luis Gilberto Murillo, reconoció que en contra de la Gobernación hay cerca de 2.000 demandas activas por unos 350 mil millones de pesos. Los recursos propios no superan los 40.000 millones.

"Aquí ha habido una mafia de los embargos. Un grupo de abogados estuvo aliado con algunos políticos y con unos jueces inescrupulosos que produjeron fallos de dudosa legitimidad", dijo Murillo.

Pero de esto no se salvan ni siquiera los 'grandes' departamentos. Sobre el Valle pesan embargos judiciales por 80.000 millones de pesos y están pendientes otros por más de 30.000 millones. El 40 por ciento es pasivo pensional.

El gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, reconoció que "el departamento está quebrado", y denunció que en su territorio hay "un cartel de abogados" dedicado a demandar a la Gobernación y a los municipios.

"Estamos tratando de revertir más de 50 fallos judiciales por 30.000 millones de pesos, en los que hubo reconocimientos de derechos a profesores a través de tutelas", dijo.

Casanare, por ejemplo, tiene 1.658 demandas en contra, que suman más de 156.000 millones de pesos.

En Caldas la situación no es mejor. Tiene embargos que superan los 56.000 millones de pesos, que corresponden a pretensiones pensionales.

En la misma línea está Bolívar. Su gobernador, Juan Carlos Gossaín, reconoció que las demandas suman unos $ 250 mil millones.

"Es claro que en gobiernos pasados hubo procesos que se perdieron por falta de una debida defensa, lo que muestra cierta complicidad desde adentro", dijo.

Pero de este problema tampoco se salvan los municipios. Montelíbano (Córdoba), por ejemplo, tiene demandas por $ 82.000 millones.

Hay otros casos, como el de Roncesvalles (Tolima), al que, con un presupuesto de $ 2.500 millones al año, ya le han fallado tres procesos en su contra, los cuales valen $ 450 millones. La alcaldesa María Leila Cubillos mencionó un caso laboral que comenzó con un fallo por 900.000 pesos y ya vale 120 millones de pesos.

Es tal el agobio de las demandas, que Germán Chica, director de la Federación de Gobernadores, anunció que desde este mes se les está dando apoyo jurídico, con un "selecto equipo", a los mandatarios seccionales.

Lo cierto es que las demandas tienen mermadas y al borde de la quiebra a las finanzas regionales.

La Ley 550 es una solución
Hay 98 municipios y 8 departamentos acogidos

Para Ana Lucía Villa, directora de Apoyo Fiscal de Minhacienda, un "remedio" para departamentos y municipios es acogerse a la Ley 550 (de reestructuración económica), pues se suspenden las medidas cautelares, paran los intereses y se pasa de un proceso de cobro judicial a uno de cobro administrativo.

Explicó que por esta razón hay 11 municipios de Córdoba acogidos a esta norma, ya que los tenían ahogados los embargos. A la Ley 550 están acogidos ocho departamentos. Otros tres están pidiendo pista.

En lo que tiene que ver con los municipios, hay 98 acogidos a esta norma y más de 10 quieren acogerse.

JORGE ENRIQUE MELÉNDEZ P.
Subeditor de Política