Igualmente, Fernández decidió condenarlos de por vida para celebrar contratos u ocupar cargos públicos. (Siga este enlace para leer: Petro dice que los Nule no han dicho toda la verdad).

El Tribunal señaló que  la defensa de los Nule no logró demostrar que devolvieron la totalidad de los anticipos de los contratos que obtuvieron irregularmente. (Vea en video: Hermanos Nule, condenados de 7 a 14 años de cárcel).

Dijo que en el proceso se enumera una serie de bienes de los empresarios, "pero no se encuentra en las carpetas evidencia de que devolvieran un solo peso de lo apropiado".

El juez sostuvo que los cuestionados empresarios devolvieron uno de los anticipos pero mediante una póliza de seguros, y eso no puede ser usado para pedir reducción de la pena.

Sin embargo, el Tribunal reconoció que los polémicos empresarios sí han colaborado con la justicia y así lo demuestran las certificaciones de la Corte Suprema, y esa colaboración fue tenida en cuenta en la pena impuesta.

Igualmente sostuvo que los Nule deben pagar una multa de 10.000 millones de pesos.

El 19 de enero la Procuraduría había solicitado la revisión de la pena contra los cuestionados empresarios, quienes en principio habían sido condenados a pagar 7 años de cárcel.

Los Nule están presos desde abril de 2011 en una casa fiscal de la cárcel La Picota de Bogotá, cumpliendo ya los primeros trece meses de la pena, tras haber aceptado su responsabilidad por el delito de peculado (lea también: Por negocio con Nule, Contraloría llama a versión a Alejandro Char).

Los Nule deberán responder también por los delitos de cohecho, fraude procesal, falsedad en documento público y concierto para delinquir.

En los próximos días se conocerá también la decisión del Tribunal de Bogotá sobre la condena al contratista Julio Gómez, otro de los enredados en el escándalo, quien aceptó su responsabilidad en los delitos de peculado, concierto para delinquir e interés indebido en contratos y fue sentenciado a cinco años de prisión. Gómez hoy está libre en espera de la apelación de la sentencia.

En ese caso, por decisión del fiscal general Eduardo Montealegre, el ente acusador pidió el aumento de la pena al considerar que fue muy baja frente a la gravedad de las conductas.