Demandará las millonarias mesadas ante los juzgados administrativos.

Catorce pensiones irregulares que le han costado a la Nación al menos 13 mil millones de pesos serán las primeras demandadas por el Estado en una nueva batalla para frenar el 'carrusel' mediante el cual centenares de exservidores públicos lograron inflar sus mesadas.

Apelando a una figura conocida como acción de lesividad -que, aunque poco utilizada, permite echar para atrás decisiones administrativas que van en contra de los principios de equidad y transparencia del Estado-, la Nación va a demandar ante los juzgados administrativos las resoluciones que reconocieron las pensiones millonarias, muchas de las cuales fueron obtenidas por vía de tutela.

Con esto se busca una reliquidación acorde con los aportes pensionales reales de los beneficiarios, con el argumento adicional de que se violó el derecho a la igualdad del resto de pensionados del país.

"Aquí no vamos a estigmatizar a nadie. Se están analizando los casos que son atípicos, en los que se evidencia que el encargo o el ascenso del funcionario no encaja con su historial laboral", le dijo a EL TIEMPO Ligia Helena Borrero, delegada para la Gestión Pública, de la Contraloría.

Las primeras mesadas en la mira son las que lograron exmagistrados auxiliares de la Judicatura, las mismas que tienen en líos en la Contraloría a nueve magistrados titulares de ese alto tribunal. Su breve paso por estos cargos les permitió subir sus pensiones, que en promedio estaban en 4 millones, hasta a 12 millones, apelando a un decreto que permite a los servidores judiciales pensionarse con el mayor sueldo del último año.

Además, la Corte Constitucional revisa, por solicitud de la Contraloría, tres tutelas presentadas por funcionarios que buscan la reliquidación de sus mesadas. Lo que se pretende es que se unifique la jurisprudencia sobre el punto y se determinen los alcances que deben tener estos regímenes especiales de pensión.

Además, ese organismo de control presentará ante la Corte una nueva demanda de inconstitucionalidad de la ley que permite a los congresistas pensionarse con el 75 por ciento del último sueldo devengado. El tribunal constitucional acabó de rechazar una demanda contra esa gabela, con el argumento de que hubo errores en la presentación de la acción.

"Queremos que los magistrados nos den luces sobre el tiempo y el salario que se deben tener en cuenta para realizar la reliquidación de las pensiones y dejar claros cuáles requisitos deben cumplir los funcionarios que aspiran a estas mesadas", agregó.

La ofensiva, diseñada por la Contraloría y la Agencia Presidencial para la Defensa Jurídica del Estado, estará en cabeza del ISS y Cajanal, encargadas de pagar estas pensiones. Fue diseñada por un equipo de expertos jurídicos, entre ellos magistrados y delegados de la Contraloría encargados de investigar los casos.