Consejo de Estado debe definir validez de un acuerdo entre Mindefensa y Fiscalía.

Un mensaje de urgencia al Consejo de Estado lanzó el procurador Alejandro Ordóñez para que defina la validez de un convenio firmado entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía hace seis años, y que permite a la justicia ordinaria intervenir en las investigaciones por los hechos ocurridos en los combates militares.

La decisión del alto tribunal en este caso, señala el Jefe del Ministerio Público en su petición, permitirá brindar reglas claras a las competencias que deben tener la Fiscalía y la Justicia Penal Militar frente a la vigilancia de los operativos militares y, de esa forma, garantizar la transparencia frente a la lucha contra la subversión y las organizaciones criminales.

"El esclarecimiento de las competencias de los funcionarios de estos entes en las situaciones y en los escenarios referidos resultan determinante no solo para efectos de optimizar la investigación judicial sobre la legalidad de tales acciones, sino, muy especialmente, con miras a esclarecer la aplicación y vigencia del fuero militar en cada caso", señaló Ordóñez.

El acuerdo entre Fiscalía y el Ministerio de Defensa, firmado durante la administración del expresidente Álvaro Uribe, obliga a las Fuerzas Militares a permitir que personal del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) esté presente en los operativos militares, supervise los procedimientos militares y realice inspecciones en lugares donde se presenten muertes en combate.

Esta actuación preventiva de la justicia ha sido motivo de preocupación entre los militares por lo que consideran una inseguridad jurídica en sus actuaciones y una de las causas para exigirle al Gobierno correctivos para fortalecer el fuero militar, considera el Procurador.

El llamado de urgencia al Consejo de Estado lo origina una demanda al acuerdo por inconstitucional. El caso fue admitido por la Sección Primera de ese tribunal en diciembre del 2009 que lo suspendió provisionalmente.

Sin embargo, la misma Procuraduría apeló esta decisión considerando que no es una norma establecida sino unas "directrices e instrucciones sin valor jurídico" y que han sido puestas en marcha de manera concertada por el Ministerio de Defensa y la Fiscalía. En este momento, el acuerdo sigue vigente.

De hecho, en sus alegatos, el representante del Ministerio Público en este caso, el procurador primero delegado ante el Consejo de Estado, Augusto Serrato, avaló la vigencia del acuerdo y consideró que ese tribunal debió rechazar la demanda.

Según el concepto de la Procuraduría, el convenio reafirma jurisprudencia de la Corte Constitucional que establece que la competencia de la Justicia Penal Militar para la investigación y el juzgamiento de estos casos es "excepcional".

En la celeridad que dé el Consejo de Estado a esta acción de nulidad y la decisión definitiva que establezca, concluye el procurador Ordóñez, "están dados los supuestos para afirmar que nos encontramos frente a una controversia de especial trascendencia social y de evidente importancia jurídica".

REDACCIÓN JUSTICIA