Así lo determinó la evaluación del Departamento de Estado sobre los Derechos Humanos del país.

La impunidad y un sistema judicial ineficiente fueron destacados como los problemas más serios que enfrentó Colombia en el 2011, según la evaluación anual que realiza Estados Unidos sobre la situación de los Derechos Humanos del país.

Aún así, el reporte alabó "el trabajo del gobierno para enfrentar el clima de impunidad con respecto a la intimidación, el hostigamiento, y el asesinato de defensores de derechos humanos, periodistas, profesores y sindicalistas", al igual que la reducción de las ejecuciones extrajudiciales.

Según el reporte, que es elaborado por el Departamento de Estado, también generaron preocupación la discriminación social y la corrupción.

"Aunque la ley prevé una judicatura independiente, el sistema se vio sobrecargado, fue ineficiente y entorpecido por los sobornos y la intimidación a jueces, fiscales y testigos. En 2009, la ONU dijo que un alto nivel de ataques y amenazas contra el personal judicial contribuían al alto nivel de impunidad. Si bien el gobierno tomó pasos para enfrentar la situación, poco ha cambiado", dice el informe.

El reporte cita como ejemplo la implementación de la ley de Justicia y Paz, a través de la cual se han identificado más de 53.000 crímenes -entre ellos 46.000 asesinatos-, pero solo se han presentado 10 condenas desde su inicio en el 2005 (7 de ellas el año pasado).

Sobre esta misma Ley, el reporte indica que continúa enfrentando numerosas retos, con miles de paramilitares en el limbo legal y muy poco dinero o tierras confiscadas a sus líderes.

Así mismo, el departamento de Estado subraya que si bien las investigaciones por los casos de falsos positivos y ejecuciones extrajudiciales atribuibles a la fuerza pública avanzan, van a un ritmo lento. Según el reporte, desde el año 2.000 se han sancionado a unos 393 militares por ejecuciones extrajudiciales entre 4124 implicados en 1633 casos.

El reporte destaca a su vez que los casos de ejecuciones extrajudiciales en el país se han reducido notablemente. De acuerdo con cifras de CINEP al menos 5 casos se presentaron durante los primeros seis meses del 2011, comparado con 37 durante este mismo período en el 2010.

Aunque también en menor grado, el departamento de Estado reporta colaboración de miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares o criminales.

EE. UU. por otra parte, destaca los esfuerzos del gobierno por mejorar el respeto por los Derechos Humanos en el país, acercarse a las ONG y castigar al personal que ha cometido abusos.

En el informe del 2010 el departamento de Estado había encabezado su reporte subrayando los "avances significativos del país en materia de Derechos Humanos". Aunque en su edición 2011 hay también cierto reconocimiento, el énfasis estuvo más en la impunidad y las fallas del sistema judicial.      

El informe de este año también documenta numerosas abusos por parte de la guerrilla, paramilitares y grupos criminales, entre ellos asesinatos de civiles, secuestro,  reclutamiento de menores, uso de minas antipersonales, violación de mujeres, e intimidación a miembros de la sociedad civil, como la prensa, los defensores de derechos humanos y grupos indígenas y afrocolombianos.  

Otros temas

Desapariciones forzadas

Entre enero y septiembre de 2011, 10.236 personas se registraron como desaparecidas, entre ellas 2,479 desapariciones forzosas. Según el departamento de Estado, no todas las desapariciones ocurrieron durante el año evaluado.Por estos casos, la Fiscalía acusó a dos miembros de las Fuerzas Armadas.
 
Secuestro

Continuó siendo un serio problema. Según el Ministerio de Defensa, en el 2011 se reportaron 298 casos (77 por las Farc, 31 por  el Eln, 4 por bandas criminales y el resto por otros grupos), comparado con 282 in 2010.

Tortura

Según el Cinep en los primeros 6 meses del año se identificaron 12 incidentes de tortura perpetrados por la fuerza pública, frente a 16 del 2010.

Prisiones

Salvo contadas excepciones, la situación en las cárceles del país es muy mala. Según Inpec, había unos 99.000 presos en cárceles diseñadas para albergar solo 64,000.

Reforma al fuero

Estado menciona la intención del gobierno de cambiar el sistema de justicia militar para que está pueda conocer en primera instancia los casos que involucren supuestas violaciones de miembros de las fuerza pública cometidas durante servicio. Menciona como observadores han dicho que eso puede conducir a la impunidad. Sin embargo el reporte solo hace referencia al año pasado y no tiene en cuenta la decisión del gobierno de retirar su apoyo a la enmienda constitucional que perseguía este fin.  

Caso Cabrales

Como prueba de ciertos avances en condenas contra militares por pasadas violaciones, se menciona el caso del general retirado Jesús Armando Cabrales, que fue condenado a 35 años de prisión por el caso del palacio de Justicia.

Ley de Víctimas

A final de años el gobierno había restaurado 1.7 millones de hectáreas a más de 30.000 familias. Pero según Estado, aún persisten problemas en la titulación de tierras. 

SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington