En entrevista con María Isabel Rueda, Juan Carlos Pinzón habla de este polémico tema.

Sorprendió que apareciera en la reforma de la justicia un proyecto para reforzar el fuero militar. Dejó la impresión de que fue medio agazapadamente que lo metieron ahí...

Lamentamos que se haya visto así. Pero este es un tema de gran importancia, que justifica ventilarlo cuanto antes en el espacio que corresponde, que es el Congreso de la República. Queremos que el tema se discuta abiertamente, sin pasiones, con todo respeto, porque debe interesarles a todos los colombianos: estamos hablando del ámbito de acción legal que tiene la fuerza pública para defenderlos.

¿Es realmente una reforma del fuero militar?

No. Se mantiene el cuerpo del artículo 221 de la Constitución, que garantiza el fuero militar desde la Constitución del 91. Lo que hace esta reforma es agregar un inciso para que, en la medida en que haya operaciones militares o policiales, estas sean investigadas por la justicia penal militar. Es muy importante un marco jurídico que garantice que la Fuerza Pública pueda cumplir con su función, que es defender los derechos constitucionales y, particularmente, los derechos humanos de los colombianos.

¿Partimos de la base de que hoy nuestras Fuerzas Militares no tienen seguridad jurídica?

Con el paso del tiempo se ha ido generando una confusión. Por eso designamos una comisión de primer nivel para que nos asesorara en los pasos que debemos seguir para reconstruir esa seguridad jurídica.

¿Y quiénes son los miembros de esa comisión?

Manuel José Cepeda, Jaime Córdoba Triviño, Eduardo Montealegre, Rafael Nieto, el general Salcedo Lora y el general Édgar Peña de la Policía.

Y ellos tienen que...

Tienen que proponer alternativas para despejar el marco legal dentro del cual opera la Fuerza Pública, a la luz de la Constitución y de las realidades internacionales.

¿Cuántas veces se han enfrentado ya Rafael Nieto y Jaime Córdoba en esa comisión?

Pues todavía ninguna; solo llevamos dos reuniones. Pero se nota desde ya que son dos posiciones diferentes, y con ese espíritu se conformó la comisión, para que en ella estén representadas todas las visiones y expresiones que tiene el país sobre estos temas.

Pero le repito la pregunta: ¿en qué se nota que nuestros soldados y policías carecen de seguridad jurídica en sus operaciones regulares?

Con el paso del tiempo, lo que ha venido sucediendo es que es la justicia ordinaria la que conoce de todos los casos de operaciones militares y policiales.

¿Eso no es lo que debe ocurrir en un Estado de Derecho?

Lo que debe ocurrir en un Estado de Derecho es que toda acción que realicen miembros de la Fuerza Pública que no sea en el marco de operaciones militares y policiales sea conocida y sancionada por la justicia ordinaria, porque podría tratarse de crímenes de lesa humanidad y demás. Pero aquello que ocurre en el marco de operaciones militares y policiales es muy importante que sea analizado por una justicia especializada, que conozca las condiciones típicas de esta situación.

¿Hoy nuestros soldados y policías no tienen esa tranquilidad?

No. Hace dos meses fui a Neiva y allí encontré muy contenta a la población. La Fuerza Pública acababa de dar de baja en una operación militar legítima al segundo cabecilla del frente 17 de las Farc, alias 'Róbinson', que tenía azotado al Huila con extorsión y carros bomba. Al felicitar a los miembros de la Policía y del Ejército que participaron en la operación, un soldado me dice que me quiere pedir un favor. Yo pensé que me iba a pedir algún apoyo para la familia, un permiso, una medalla, un viaje al Sinaí, alguna cosa que normalmente es estímulo para ellos. Pues este muchacho me dice: "Ministro, lo único que le pido es que, por favor, no nos vayan a empapelar". Mi respuesta fue: "Si ustedes hicieron las cosas de manera correcta, no habrá problema". Esto es un reflejo de lo que hoy preocupa. Una duda en este campo lleva a que algunos piensen que la mejor manera de no tener esta dificultad es no actuar contra los criminales.

Pues el presidente Uribe cree que esa es la tónica actual del Ejército. Que está desmotivado y asustado...

Estas Fuerzas Armadas son heroicas. A pesar de las minas y de las dudas en materia jurídica, siguen actuando. Todos los días perdemos hombres, y eso no es precisamente porque estén a la defensiva.

Lo más criticado de la reforma es, precisamente, la pretendida presunción de que todas las actuaciones de la Fuerza Pública son actos del servicio y van a la justicia militar...

A lo que invita esta presunción es a que todo lo que tenga que ver con operaciones militares o policiales se repute como tal. Pero si hay un miembro de la Fuerza Pública que realiza una acción por fuera de dichas operaciones militares o policiales, eso debe ser conocido por la justicia ordinaria.

¿Y si la acción es cometida en el marco de las acciones militares, pero es ilegal?

Si en ejercicio de las acciones militares ocurre un crimen de lesa humanidad, eso ya no es del ámbito de la justicia militar y debe pasar a la ordinaria.

La desconfianza radica en que venimos de una época en la que la justicia penal militar era muy fuerte y también muy cómplice de esos desmanes, porque todo era considerado acto de servicio...

La importancia de la comisión a la que me he referido es garantizar que el país tenga una justicia militar fuerte, estricta, que, con su especialización y conocimiento, pueda darles confianza y tranquilidad a los colombianos. La justicia ordinaria es muy respetable. Y he motivado incorporar a la Fiscalía, que ha demostrado la mayor actitud de colaboración, a cualquier operación en la que veamos que así se requiere. Pero también hay que decir que los problemas que aquí enfrentamos no son solamente las grandes operaciones, sino las acciones del día a día en todo el territorio nacional, donde la Fuerza Pública hace presencia. Es allí donde empieza a ser importante que, cuando se juzguen las acciones de la Fuerza Pública, exista la certeza absoluta para ellos y para el país de cuál es su ámbito de acción, pero, al mismo tiempo, de que quienes analizan sus casos y los juzgan tengan toda la especialización y el conocimiento que permitan que esto se haga de manera apropiada.

También es cierto que la justicia ordinaria no es garantía de nada. ¿Dónde están castigados los asesinos de Gaitán? ¿De Mamatoco? ¿De Álvaro Gómez? ¿De Guillermo Cano? ¿De Galán? Es más: ¿qué ha pasado con los autores de los falsos positivos?

Me dicen que el otro día (yo no estaba), el congresista Iván Cepeda llevó al Congreso a una madre de Soacha. ¿Qué tiene que ver eso con la discusión sobre el fuero militar? Los falsos positivos son el típico caso de las conductas que deben ser juzgadas por la justicia ordinaria, y que no protege el fuero militar, y eso no tiene discusión alguna. Pues, precisamente, en el caso de los falsos positivos de Soacha, en manos de la justicia ordinaria, existen unos uniformados que deberían estar presos y no lo están. Mientras que a unos que no tienen responsabilidad penal alguna todavía no les resuelven su situación jurídica.

La presunción automática de los actos del servicio la tumbará seguramente la Corte Constitucional. ¿Por qué no especializar más bien a unos fiscales en DIH para que sepan distinguir lo uno de lo otro?

Hay múltiples ideas sobre ese tema y por eso acudimos a una comisión del peso específico de esta. Para mí, lo importante es que el país está discutiendo el tema y que la Fuerza Pública recupere claridad sobre la forma en que puede actuar.

Según la famosa frase del general Padilla de León, ¿qué tan cerca estamos del fin del fin?

La fase en la que nos encontramos ya no es la de organizaciones fuertes y arrogantes que dominaban territorios completos. Se ha 'desescalado' hacia presencia de grupos pequeños, muy relacionados con las 'bacrim', de las cuales las Farc y el Eln hoy son socios. Forman parte de la misma cadena de valor de narcotráfico, de la extorsión, de la minería ilegal. Para ello se requiere una Fuerza Pública dotada, capaz y lista.

¿'Timochenko' está en Venezuela?

No sabría decirle.

Sí se encuentra en algún lugar donde no está incomunicado, como lo estaría en la selva colombiana, a juzgar por la rapidez con la que reacciona su aparato de comunicaciones...

Sobre ese tema, paso. No me gusta hablar de hipótesis, sino de hechos.

Mi teoría es que, si está en Venezuela, tarde o temprano tendrá que volver al país. No es fácil mantener la mística guerrillera, mientras unos ponen el pellejo aquí y otros se bañan en mieles allá, codeándose con la dirigencia política y militar...

Si realmente está por fuera de Colombia y regresa, aquí lo estaremos esperando.

¿Qué le contesta al arzobispo de Cali, que le reclama al Ejército que no trajo vivo al 'indefenso', desarmado y anciano 'Alfonso Cano'?

Esa baja se da en el marco de una situación militar activa de todo el día. Fueron impactados nueve helicópteros. Un soldado fue herido. Allí hubo combates. Algunos guerrilleros intentaron ingresar al área y son repelidos por la Fuerza Pública. Luego se vivía una típica situación militar y en ella cae 'Cano'.

¿Me podría confirmar si es cierto que algunas ONG se movieron políticamente para parar este operativo, porque sabían que en la zona estaba 'Cano'?

Eso no me consta. Pero sí le puedo decir que, cuando para nosotros ya fue evidente que 'Cano' se encontraba en esa área del Cauca, curiosamente múltiples protestas sociales se presentaron en esos días para sacar a la Fuerza Pública de las zonas aledañas.

El presidente Uribe usaba levantar el teléfono a las cuatro de la mañana para preguntar por los operativos. ¿Cómo es el seguimiento del orden público en este Gobierno?

Con su estilo gerencial y estratégico, el presidente Santos siempre está enterado de todo. Y el papel de este ministro es estar muy cerca de las tropas militares y de policía. Viajo mucho a las zonas de mayores dificultades y estoy llamando a los comandantes permanentemente.

¿A regañarlos?

No solo en una tónica de regaño, sino de acompañamiento. Desde que llegué, creamos con los altos mandos un comité de revisión estratégica e innovación, para mirar punto por punto en el país qué está pasando, cómo opera la organización criminal que está en el área y cómo debemos enfrentarla. Ese proceso acaba de terminar. Ahora entramos en una fase de implementación que durará unos meses. Cada vez que hemos innovado, han llegado los resultados. Tengo que pensar que esta vez también avanzaremos. Claro: en la medida en que las Fuerzas Armadas son más fuertes y contundentes, la contraparte también se acomoda. Por eso son muy importantes estas tres cosas: la judicialización de los que delinquen, la presencia del resto del Estado en muchas zonas del país y no solo la militar y policial, para cambiar allá el contexto de la seguridad, y, por último, motivar la desmovilización: este año van 1.300. Un número muy grande.

María Isabel Rueda
Especial para EL TIEMPO