Del total de denuncias, el 16,13 por ciento de las personas que presentaron su queja no se hicieron presentes a las citaciones para continuar con el proceso.

El año pasado, Cundinamarca, con 59 querellas; Antioquia, con 53, y Bolívar, con 16, fueron los departamentos en los que más se registró esta conducta.

Por los lados de la Procuraduría, a donde llegan las denuncias del sector público, se iniciaron el año pasado 104 procesos disciplinarios y 45 en lo corrido de este año. Pero en los dos años de vigencia de la Ley solo un caso terminó en suspensión del cargo y otro más en destitución de jefes acosadores.

Para varios congresistas, estas cifras siguen dejando con un 'saldo en rojo' la aplicación de la Ley y demuestran que no está resultando tan efectiva para proteger a las víctimas de este tipo de persecución en los sitios de trabajo.

A juicio de la senadora Gloria Inés Ramírez, ex sindicalista, esto demuestra que cada vez hay más temor de los subalternos por denunciar los atropellos de que son víctimas por parte de sus jefes.

"Los trabajadores no cuentan con las garantías adecuadas en un marco de estabilidad laboral para ejercer libremente sus derechos sin temor a las represalias que puede tomar el empleador", dijo.

'Presión a los más antiguos'

Pero, además, otros analistas creen que hay desinterés en entidades públicas y en las empresas privadas para implementar la ley, no hay procesos claros para adelantar las denuncias, y a la norma le faltan "dientes" para proteger a las víctimas y castigar a los victimarios.

La conducta más común de acoso laboral que se reporta sigue siendo aquella en la que el jefe presiona, desestimula y agrede verbalmente a sus subalternos, según explicó la coordinadora del grupo de inspección y vigilancia territorial de Cundinamarca del Ministerio de la Protección Social, Ángela María Caro.

Pero llamó la atención del Ministerio que sigue siendo la mujer trabajadora en condición de subordinada, pero especialmente cuando queda en embarazo, la que más sufre de persecución laboral.

"Se presenta mucho en mujeres secretarias, asistentes y personal de oficios generales" dijo Caro.

La antigüedad también es motivo de acoso, sobre todo cuando una persona lleva más de 7 años trabajando en una misma empresa. Son presionados emocional, psicológica y laboralmente a través de malos tratos, recargas de trabajo, cambios en las actividades y la posición laboral, según registros del Ministerio.

Los filtros

Debido a que parte del espíritu de la Ley es preventivo, muchos casos se 'filtran' a través de los denominados Comités de Conciliación. Allí se busca solucionar las denuncias y evitar que los casos lleguen al Ministerio, a los jueces o a la Procuraduría, a través de un proceso 'confidencial' en las empresas.

El problema es que esos comités están integrados por miembros que designan los mismos jefes, que en ocasiones son objeto de las denuncias por acoso laboral.

Por eso, la Procuraduría envió un oficio al Ministerio de Protección Social, para que informe qué tipo de seguimiento y control está ejerciendo en estos comités.

"Dichas instancias deben cumplir la función para la cual fueron creadas", señala en la misiva la procuradora delegada para la Función Pública, María Fernanda Guerrero.

En el 2007, del total de querellas, un 25,81 por ciento fue solucionado en esta etapa y se concilió otro 13,82 por ciento. Pero el 20,3 por ciento de ellas sí llegó ante el Inspector de Trabajo.

Seis casos de acoso laboral

1. Maltrato: es todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador; toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral, los derechos a la intimidad o al buen nombre.
2. Persecución: Toda conducta cuya reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado o trabajador, mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral.
3. Discriminación: Todo trato diferenciado por razones de raza, género, credo religioso, origen familiar o nacional, preferencia política o situación social o que carezca de toda razonabilidad.
4. Entorpecimiento: Toda acción que obstaculice el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador.
5. Inequidad: Asignación de funciones a menosprecio del trabajador.
6. Desprotección: Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador.

¿Hay mejores jefes o más temor a quejarse?

La disminución en las denuncias y los pocos castigados bajo la Ley de Acoso Laboral demuestran, para algunos, que la norma está aún 'en pañales'.

Así lo creen analistas que ven cómo de un año a otro se ha reducido el número de casos que llega al Ministerio de Protección Social.

Incluso, se preguntan, irónicamente, si es que ahora hay 'mejores jefes' o 'más temor' a denunciar el acoso.

"El principal temor es a las represalias que pueden tomar los empleadores, y que generalmente redundan en la terminación abrupta y unilateral de su contrato de trabajo", aseguró la senadora Gloria Inés Ramírez.

Para la congresista, esta es la más evidente y común de las formas de acoso laboral: la presión que se ejerce en contra del trabajador amenazándolo con el despido, la terminación del contrato, la negativa a prorrogarlo, o la manifestación que hará a la empresa de servicios temporales o a la cooperativa de trabajo de no continuar con la vinculación.

"Esta situación lleva al trabajador a un estado de zozobra permanente, generando en él una tensión incesante por la inminente pérdida de su puesto de trabajo y por ende del sustento vital para él y su familia", dijo.

En eso coincide la procuradora delegada para la Función Pública, María Fernanda Guerrero, quien señaló que ese temor de los trabajadores se fundamenta en que la Ley no da garantías a las víctimas para ejercer sus derechos.

"Faltan fortalezas en los comités de conciliación de las empresas.
Hay fallas para llevar un debido proceso, un derecho a la defensa y un manejo de la prueba, para que la gente tenga más garantías de ser escuchada", precisó.

Y ahí radica otra de las fallas de la Ley. El congresista William Vélez, autor de la norma, dijo que le faltan "más dientes" para estimular la denuncia.

"Hay que darles más garantías a las víctimas y a los testigos para que puedan denunciar sin ningún temor", precisó Vélez.

La Procuradora Delegada dijo que otra de las razones que ha estancado la Ley, es que hay prevención, desinterés y desconocimiento en las empresas y en las entidades públicas frente a la norma.

"Hay que darle la importancia que el tema amerita. Los directores, los gerentes, las cabezas de la dirección misma de las entidades deben entender que el tema hay que abordarlo por respeto a los derechos a la dignidad humana", dijo María Fernanda Guerrero.

Tanto Ramírez como Vélez anunciaron que buscan modificar la norma para hacerla más efectiva. Vélez, de manera directa, y Ramírez, a través de una reforma a todo el estatuto del trabajo

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