Aseguraron, a través de un comunicado expedido al mediodía, que los guardias del Inpec que hicieron la requisa sorpresiva en la que se halló armamento y dinero, no hicieron un adecuado aislamiento de los demás reclusos.

También señalaron que no volverán a recibir los alimentos ni los servicios de salud que les presta la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, donde se encuentran recluidos.

Previamente, el embajador de Estados Unidos en Colombia no descartó que su gobierno solicite en extradición a Ernesto Báez, detenido en ese penal, y quien reconoció ser el dueño del dinero decomisado.

Por esta afirmación, Báez podría perder los beneficios de la ley de Justicia y Paz, lo que implicaría una condena de 40 años en Colombia o su envío a Estados Unidos, de concretarse una solicitud de las autoridades de E.U.

"Eventualmente los fiscales colombianos y estadounidenses tendrán que decidir donde tendría que ser procesado el señor Báez", aseguró el embajador de Estados Unidos en Colombia, William Browfield en Caracol Radio.

Según el presidente, Álvaro Uribe, los desmovilizados jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia que mantengan actividades ilícitas desde sus lugares de reclusión podrían ser extraditados.

Contra Báez no existe actualmente ningún proceso en Estados Unidos.

9,5 millones de pesos fueron incautados en la inspección sorpresa al lugar de reclusión. Esta suma correspondería a un fondo de los jefes 'paras' para pagar a cocineras y comprar elementos de aseo y medicamentos.

En la inspección, realizada el miércoles por el Grupo de Reacción Inmediata del Inpec (GRI), también fueron halladas una pistola 9 milímetros Glock, una granada de fragmentación MI-26 y un proveedor con 18 balas.

El dinero total encontrado sumó 11 millones 490 mil pesos, que incluía además del dinero de Báez, sumas halladas en las celdas de casi todos los presos.

Un equipo de la Fiscalía determinará a través de pruebas de dactiloscopia quiénes fueron los desmovilizados de las autodefensas que tuvieron contacto con los elementos, encontrados.

El solo hallazgo del dinero podría complicar a su dueño incluso si no tiene nada que ver con el armamento, pues por el alto monto en efectivo los investigadores creen que estaba destinado a pagar sobornos.

Desde el 2003 en todas las cárceles del país se suspendió el uso de plata y se cambió por un sistema conocido como TD: a través de la tarjeta decadactilar con la que identifican a todos los internos, ellos pueden gastar en los 'caspetes' hasta un salario mínimo mensual, de una cuenta que se abre al momento de la detención para que los familiares o allegados les consignen dinero para gastos personales.

Así fue el operativo

A las 9 a.m. de ese día 50 uniformados del GRI directamente llegados de Bogotá y comandados por el coronel (r) Ortiz emprendieron la operación que se centró en el patio 1, donde están recluidos 38 ex jefes y mandos medios de las Auc que se desmovilizaron y son requeridos por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, entre ellos Salvatore Mancuso, Iván Roberto Duque 'Ernesto Báez', Freddy Rendón 'El Alemán', Rodrigo Tovar Pupo 'Jorge 40' y Rodrigo Pérez Alzate 'Julián Bolívar'.

El operativo, en el que colaboraron varios organismos de seguridad, empezó a planearse hace varias semanas, tras versiones de inteligencia sobre disputas internas en el patio y la presencia de elementos prohibidos. "La acción del GRI es preventiva: solo se usa cuando hay riesgo de que se pueda alterar el orden penitenciario. Eso podía pasar en Itagüí", explicó una fuente del Inpec.

Ayer continuó el operativo y fueron hallados 16 celulares, varias armas blancas de fabricación artesanal, pero en el patio 2, donde hay 95 presos de alta peligrosidad pero no de Justicia y Paz.
 
La gran incógnita del Inpec es cómo pudieron pasar las armas y la plata los controles de rayos X y la vigilancia de los 125 guardianes que velan por la seguridad de la Cárcel de Itagüí. A sabiendas de que las máquinas estaban funcionando correctamente, resulta obvia la sospecha de que hubo corrupción.

Aún así, la guardia de Alta Seguridad fue rotada, pero aun no se ha producido ningún cambio en el resto del personal. 

Ayer, el Inpec confirmó que además de la investigación de la Fiscalía hay una averiguación interna sobre todo el personal de guardia que tiene acceso a esa área.

En concreto, siguen dos pistas: cómo entraron 11 millones de pesos, la pistola y la granada al pabellón más protegido de una cárcel de máxima seguridad y, además, cómo se filtró la noticia de que habría una requisa, pues el armamento fue arrojado a un corredor externo conocido como la 'guayana', que está entre las celdas y el muro de seguridad perimetral.

El director del Inpec, general Eduardo Morales, tomó ayer las primeras medidas: suspendió las visitas conyugales y el uso de celulares, un privilegio que los jefes 'paras' tienen por haber participado en el proceso de paz.

El año pasado se había realizado otro operativo similar, pero no se encontró nada irregular en los dos patios de los ex 'paras'.

Gobierno extraditará a quienes sigan delinquiendo

"Los responsables de esa granada en Itagüí serán retirados de la Ley de Justicia y Paz, y si sobre alguno de ellos llegare a pesar una solicitud de extradición aprobada por la Corte, el Gobierno hará efectivo el envío sin condicionarlo", dijo el Presidente Álvaro Uribe ayer, en una ceremonia militar en Bogotá.

El campanazo, además del mismo 'Baéz', es para 38 paramilitares de mediano y alto rango que están en ese patio. Entre ellos están jefes como Salvatore Mancuso, el 'Alemán', 'Jorge 40', Hernán Giraldo Serna, Ramiro 'Cuco' Vanoy y 'Julián Bolívar'.

Solo un juez los puede sacar de Justicia y Paz, pero sí pueden ser extraditados.

Tras un vacío jurídico que duró varios meses, la Corte Suprema decidió el año pasado que el Gobierno, por decisión propia, no puede excluir de las listas de Justicia y Paz a los ex 'paras que antes había postulado.

Hasta ahora, por incumplimientos del proceso de paz, ha pedido la exclusión formal de 4 jefes: 'Macaco'; 'HH' y los dos hermanos Mejía Múnera. Sin embargo, ellos siguen cobijados por la norma, que da la posibilidad de que reciban máximo 8 años de cárcel por delitos que les valdrían 40 o más.

El procedimiento, explicó una fuente de la Fiscalía, es que el Gobierno o el mismo organismo investigador pida una audiencia especial ante los magistrados  de Justicia y Paz  y presente las pruebas para sacar al postulado.

Expresamente , la Ley señala que el postulado no puede volver a delinquir o perderá los beneficios. Sin embargo, el procedimiento no quedó claro y hay casos como el de Maribel Galvis, ex 'para' del Magdalena Medio, que no ha asistido a ninguna de las audiencias y sin embargo sigue en las listas.

Sin embargo, el Gobierno sí decide sobre las extradiciones, pues la aplicación de esa figura no fue objeto de ninguna negociación.

Varios de los jefes 'paras' tienen suspendida la extradición porque el Presidente  consideró que el paso se justificaba en aras del proceso de paz. La valoración es autónoma del Ejecutivo, que podría extraditar incluso si los 'paras' siguen en Justicia y Paz. En este momento, por ejemplo, la extradición de 'Macaco' solo depende de que la Corte Suprema dé su aprobación.