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Colados del Sisbén agudizan crisis de la salud

Planeación puso en evidencia que miles de pudientes reciben subsidios reservados para los pobres.

SALUD / VIDA
Para millones de colombianos, pertenecer al Sisbén significa estar afiliado a una especie de sistema de salud gratuito y al cual es posible, a la luz de la normatividad existente, exigirle toda clase de servicios.
La interpretación, sin embargo, no es exacta. El Sisbén es la sigla del Sistema de Identificación de Beneficiarios, una encuesta diseñada para ubicar, desde hace más de dos décadas, a los colombianos más vulnerables y que requieren subsidios estatales, y no solo en materia de salud. A pesar de la equivocación, la mayoría de la gente relaciona el término con pobreza, y no le falta razón.
Por eso sorprendió, esta semana, el informe del Departamento Nacional de Planeación (DNP), que puso en evidencia que los registros conformados a partir de la información recogida con la encuesta en todo el país, incluyen a cientos de miles de personas fallecidas o con capacidad económica, que no deberían estar ahí y, por lo tanto, tampoco deberían ser beneficiarias de ayudas del Estado.
De acuerdo con Simón Gaviria Muñoz, director del DNP, “esto refleja una gran injusticia social, que priva a los más necesitados de los programas sociales del Estado”.
Durante la presentación del informe, Gaviria contó que, según los actuales registros del Sisbén, el 75 por ciento de la población del país (34 millones) recibe algún tipo de subsidio, lo que contradice la disminución sostenida de los índices de pobreza mostrada en las últimas décadas.
El dato genera dudas, toda vez que el mismo análisis de Planeación detectó, por ejemplo, que en estas bases hay cerca de medio millón de fallecidos, por los cuales terceros continúan recibiendo subsidios, y que existen municipios cuyos datos requieren validación en un 100 por ciento de los casos. De hecho, según el DNP, hay 653 mil registros con falencias graves que exigen verificación.
Hay que depurar
Este panorama vuelve a poner la lupa sobre la sostenibilidad financiera del sistema de salud, porque subsidia a millones de personas que declaran no tener ingresos suficientes para aportar.
Para entender el problema, hay que saber que el sistema de salud está básicamente conformado por dos regímenes: el contributivo, al que pertenece la gente con ingresos y capacidad de pago probada, y el subsidiado, que cobija a quienes literalmente no tienen para pagar su afiliación.
Los primeros aportan, a través de las EPS, una prima mensual proporcional a sus ingresos, y un porcentaje para cofinanciar a los del subsidiado. Desde que se creó el sistema, su sostenibilidad futura se proyectó sobre la idea de que las bases de aportantes cada vez serían mayores y que el porcentaje de subsidiados decrecería. Pero ha ocurrido lo contrario.
De acuerdo con el Sistema Integral de la Protección Social (Sispro), a septiembre del 2015 de un total de 43’363.560 afiliados al sistema, 23’224.765 están amparados por el régimen subsidiado, contra 21’267.181 del contributivo y 1’871.614 de los regímenes de excepción. Y esto, a juicio de conocedores del sector, ha generado disbalances preocupantes.
Jaime Arias Ramírez, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), sostiene que si todos los subsidiados fueran realmente pobres, el Estado tendría que cubrirlos, por encima del peso económico que eso tiene. “Sin embargo –dice- desde hace años se presume, a partir de análisis hechos al tema, que por lo menos el 10 por ciento de todos los afiliados del subsidiado en realidad tienen alguna capacidad económica para contribuir con el sistema. Y estos colados sí ponen en riesgo su estabilidad”.
Fuentes cercanas al Ministerio de Salud consideran “conservadora” la cifra de Arias y aseguran que en intentos previos de depuración de estas bases de datos, se ha llegado a detectar inconsistencias como las mencionadas por Planeación en al menos cuatro millones de registros.
Si esto fuera real –lo cual solo podría comprobarse de hacerse una completa depuración del Sisbén-, el sistema evitaría sacar, cada año, 2,2 billones de pesos para cubrir subsidios de salud, cifra equivalente a un poco más de la mitad del déficit real que hoy tiene.
Carmen Eugenia Dávila, viceministra de Protección Social, señala que a su juicio no hay colados en el régimen subsidiado, pues confía en la información que Planeación y las regiones le envían; vale anotar que por ley los alcaldes y gobernadores son los responsables de aplicar la encuesta Sisbén y de conformar los listados.
La Viceministra destaca los esfuerzos que desde su despacho se han hecho para cruzar información con entidades como la Registraduría, Planeación y regímenes de excepción, para detectar dobles afiliaciones.
“Para combatir fenómenos de evasión y elusión de aportes al Sistema General de Seguridad Social –explica Dávila- se creó la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales, que viene haciendo una gestión importante en la materia”.
Pese a lo dicho, tanto Gaviria como el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, insisten en que las bases del Sisbén no son confiables. De hecho, el mismo Defensor propuso la creación de una comisión anticorrupción para depurarlo. “El castigo a los avivatos es el gran reto de los organismos de control”, dijo Otálora.
Elisa Torrenegra, presidenta de Gestarsalud (gremio de las EPS más representativas del régimen subsidiado), coincide en la necesidad de hacer una revisión general de los registros, “pues hay zonas del país que necesitan más subsidios que otras; en otras palabras, urge focalizar mejor esos recursos”, señala.
¿Cómo burlan al Sisbén?
De acuerdo con Planeación, entre las modalidades más comunes están:
-Fallecidos vivos: hay 457 mil personas fallecidas activas en la base de datos, que siguen recibiendo subsidios.
-Arriendo por un día: para fingir pobreza, personas toman prestados o arrendados sitios de habitación precarios, donde reciben a encuestadores del Sisbén. Más de 80 mil casos fueron identificados en septiembre.
-Esconder recursos: se detectaron, en los últimos meses, más de 83 mil personas con ingresos superiores a 3,8 millones de pesos.
-Cambios de edad y ocultamiento de escolaridad: gente educada al momento de la encuesta sostiene no haber estudiado; también bajan la edad de sus hijos.
-Familias hipergrandes: se detectan núcleos familiares con niveles bajos de Sisbén que pasan, de repente, de tres miembros a más de 40.
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