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En Colombia, la ley es permisiva con casos atroces de maltrato animal

Para expertos, torturas en corralejas en la Costa son exceptuadas por Estatuto de Protección Animal.

El descuartizamiento de un caballo gravemente herido en Buenavista (Sucre) y la matanza de un toro en Turbaco (Bolívar), ambos hechos ocurridos en corralejas celebradas a comienzos de año, dejan al descubierto los vacíos que tiene el país para castigar y condenar el maltrato animal.
Es más, la propia legislación impulsa a que hechos como estos se cometan.
De hecho, aunque el Estatuto de Protección Animal (Ley 84 de 1989) condena formas de maltrato como golpes, quemaduras, cortadas, punzadas, mutilaciones, someterlos a una muerte agónica o convertir ese sufrimiento en espectáculo, a renglón seguido exceptúa el rejoneo, el coleo, las corridas de toros, las novilladas, las corralejas, las becerradas, las tientas y las riñas de gallos.
“En resumen, el maltrato no es delito, y, como no lo es, esto lleva a que la gente no tenga reparos en cometerlo”, asegura Javier González, experto en bioética e integrante del Observatorio Animalista de la Universidad Javeriana.
Por eso, no obstante el rechazo y la indignación que generaron los videos en los que se revelan esos crueles actos, poco se podrá hacer para condenar y castigar a los responsables del maltrato animal.
Ni siquiera un hecho como el ocurrido en Tuluá (Valle), con un grupo de gatos que fueron amarrados y torturados para que ‘participaran’ en una carrera, podría castigarse ejemplarmente.
Para todos estos casos, el estatuto no impone condenas sino contravenciones, llamados de atención o penas de arresto preventivo de uno a tres meses (excarcelables). Si bajo ese maltrato, el animal queda lisiado o muere, la sanción aumenta a un máximo de cuatro meses de arresto, y si se hace en vía pública, el arresto será de seis meses. Se incluyen multas que no superan los 100.000 pesos.
El Código de Policía, por su parte, impone otras sanciones que no pasan de los 700.000 pesos.
“Hoy, los castigos dependen mucho del costo del animal, y de que el propietario denuncie. La vía que queda es que los afectados o ciudadanos tramiten acciones populares para que hayan sanciones administrativas a alcaldes o secretarios de Gobierno por no tomar medidas que evitaran ese maltrato”, dice Eduardo Peña, de la organización Animal Defenders International.
Y es que los escandalosos casos de Buenavista, Turbaco y Tulúa tampoco pueden ser sancionados con el Código Civil, donde los animales son considerados bienes muebles, es decir, cosas. (Lea aquí: Solo Cereté y Sincelejo suspenden corralejas)
De ahí que en el Congreso haya en curso tres iniciativas que buscan reformar la normatividad, para que los animales pasen a ser considerados seres sintientes (que sienten), con lo cual adquieren derechos, como ocurrió en Buenos Aires con una orangután (Ver intertítulo más adelante).
Dos de esos proyectos, cuyos autores son Marco Avirama y Juan Carlos Losada, ya fueron radicados y buscan incluso incorporar la protección animal en la Constitución. La tercera iniciativa la anunció el senador Armando Benedetti.
Pero a pesar de los intentos de proteger a los animales mediante una ley, Peña dice que no todo debe depender de lo que haga el Congreso. Las alcaldías podrían expedir políticas públicas que eviten el maltrato, como estimular espectáculos sin animales (lo ha hecho Bogotá), restringir el uso de vehículos de tracción animal, obligar a las personas a tratar adecuadamente a los animales de compañía o promover programas de esterilización para evitar la sobrepoblación, entre otras”.
Los tres casos recientes que han quedado sin sanción
La Fiscalía estableció que en la muerte del toro a manos de espectadores en Turbaco (Bolívar) no hubo delito, porque el hecho no está tipificado en el sistema penal colombiano. Por tal razón, nunca emprendió acciones para pedir medida de aseguramiento o imputar cargos en contra del hombre que quedó grabado en un video atacando al animal, ni en contra de la turba que lo acompañó en la agresión con patadas y piedras.
Ante la Sociedad Internacional Protectora de Animales acudió la Sociedad Protectora de Animales de Sucre para que se condene lo ocurrido en Buenavista con el caballo que fue descuartizado tras quedar gravemente herido en una corraleja. Por lo pronto, el presidente de la ONG regional, el médico Muffit Salaiman, pide a los alcaldes del departamento “abolir esta práctica morbosa y violenta” y propone “cambiar ese espacio por actividades culturales, indígenas y festivales”.
Un llamado para que no se vuelvan a realizar carreras de gatos es la única decisión que hasta el momento han tomado las autoridades de Tulúa (Valle) contra los responsables de torturar con estallidos de pólvora a gatos que estaban amarrados para que salieran a correr, en una competencia durante la celebración del Día de Reyes en el corregimiento La Marina. El programa, con apoyo de la Alcaldía y con patrocinio de 16 entidades oficiales y privadas, también incluía marranos engrasados. Las ONG defensoras de animales anunciaron que consultarán ante las autoridades qué medidas se pueden adoptar.
Tribunal concede derechos a orangután en Argentina
En un hecho inédito, la Cámara de Casación Penal de Argentina concedió un hábeas corpus a una orangután del zoológico de Buenos Aires, al reconocerle sus derechos básicos como sujeto no humano.
Con esta decisión, a Sandra, la orangután de Sumatra que ha pasado 20 años en cautiverio, se le reconoce como persona jurídica y podrá gozar de libertad en una reserva en Brasil.
La demanda la puso la Asociación de Funcionarios y Abogados por el Derecho de los Animales (Afada).
JAVIER SILVA HERRERA
Redacción Vida
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