El derecho a elegir quién ser

El derecho a elegir quién ser

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01 de septiembre 2016 , 02:51 p.m.

Juan Sebastián tenía 27 años cuando decidió llamarse así. Relata que cuando le llamaban Yesenia y apenas era una niña fue víctima de abuso sexual, secuestro, tortura y desplazamiento. De Yesenia ya no queda nada, ni tampoco de Valentina, como en algún momento también quiso identificarse. Luego de superar la condición de habitante de calle y encontrar su verdadera identidad, cuenta que se propuso aportar a la lucha por los derechos de la población LGBTI, pero afirma que amenazas han opacado su nueva meta.

Laura Frida Weinstein tenía cinco años cuando descubrió que era ella y no él. Prefiere no revelar cuál era su nombre anterior. Su tránsito de hombre a mujer, su verdadera identidad, comenzó hace 12 años, tiempo en el cual ha superado distintos obstáculos: el rechazo de su hermano, la discriminación y el no reconocimiento de su sexualidad en entornos públicos, como la universidad. Esta historiadora con estudios en Trabajo Social lidera el Grupo de Acción de Apoyo a Transexuales (GAAT), que defiende los derechos de esta población en Bogotá. De hecho, la organización participó en la elaboración del decreto 1227 del 2015.

***

El hecho de que no correspondieran su fisonomía y su identidad de género afectaba a Sara Valentina López. Socialmente y hasta en su trabajo, sufría discriminaciones y exclusiones. Entonces decidió corregir el sexo inscrito en su registro civil de nacimiento, pero la Notaría Doce del Círculo de Medellín se lo impidió.

Sara instauró una acción de tutela contra la Registraduría Nacional del Estado Civil y meses después su decisión terminó en la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional; que revocó el fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín y de esa manera decidió amparar los derechos de Sara a la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad y la identidad sexual y de género.

Su caso se registra en la sentencia T-063 del 2015, que a su vez es citada en el decreto 1227 del mismo año, el cual ordena la corrección del componente de sexo. Como bien lo explica el alto tribunal, no se trata de un cambio, sino de la “corrección de un error derivado de la falta de correspondencia entre el sexo asignado por terceros al momento de nacer”.

Gracias a ese decreto, Sara y otras 673 personas corrigieron el componente de sexo en sus documentos oficiales entre el primero de junio del 2015, cuando se promulgó la norma, y el pasado 30 de julio. De acuerdo con la Superintendencia de Notariado y Registro, 486 personas realizaron el cambio de masculino a femenino y 188, de femenino a masculino.

“Ya no debes reconocer que sufres de disforia de género para adquirir un derecho fundamental como la identidad. Con el decreto es más fácil, pues vas a la notaría y haces el trámite por medio de un acta juramentada. Creo que eso aliviana mucho este tránsito”, comenta Weinstein, quien hizo parte del comité de organizaciones de la comunidad LGBTI, que asesoró a los ministerios de Interior y Justicia en la elaboración de la normativa.

El decreto, según el análisis de Weinstein, abre la posibilidad a la población trans del país, de acceder más fácilmente a servicios básicos como la educación y la salud. “La salud es un asunto que no se ha abordado plenamente. Por ejemplo, los procesos de feminización y masculinización siguen siendo un problema para el sistema (de salud) porque los hombres y las mujeres que quieren someterse a los tratamientos no tienen las cédulas con los datos de la nueva identidad”, argumenta.

La organización Parces, que ha realizado la veeduría a esta política pública, también aplaude la norma por ser “el primer reconocimiento que hace el Estado a la población trans”. No obstante, encuentra varios desaciertos:

1. El costo:

Legalmente, este trámite cuesta $ 44.500 (sin sumar lo que cuestan las copias, las autenticaciones, entre otros documentos). Pero Parces considera que no todos los transexuales cuentan con los recursos para pagar la corrección, ya que, según la organización, la mayoría prefiere cambiar al mismo tiempo el sexo y el nombre, lo que aumenta el precio a casi $ 150.000. Esto, sin contar los gastos que se asumen en los procesos que adelanta la Registraduría.

Ante ese reclamo, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior aclara que, si lo solicitan, las personas trans en condiciones de vulnerabilidad tienen derecho a ser exoneradas en los trámites de la rectificación de la cédula, y la expedición de copias y certificados de documentos de registro civil.

2. Notarios se niegan a realizar el trámite:

Julián(a) Salamanca, directora del área trans de Parces, señala que no todas las notarías acceden al trámite o, si lo hacen, dilatan el proceso; por lo cual muchos desisten de su deseo de corregir el sexo. “Tenemos que encontrar una notaría ‘trans friendly’ o ‘gay friendly’ (abierta a la población LGBTI)”, dice.

En ese sentido, la Superintendencia de Notariado y Registro reconoce que ha recibido quejas por solicitudes que no han sido tramitadas ágilmente. Al respecto, advierte que el notario que se niegue a prestar el servicio notarial sin justificación, se somete a una investigación disciplinaria.

Mininterior insta a las personas a formular sus reclamos. “Es importante que las personas tengan certeza sobre el derecho para exigir, de los funcionarios de registro, un trato digno, exento de discriminación y en condiciones de igualdad”, apunta la abogada Eliana Robles, líder de sectores sociales del LGBTI en esa cartera.

3. Falta de socialización:

En criterio de Parces, la poca promoción del decreto ha disminuido el acceso al trámite, lo que pone en riesgo los derechos a la salud y a la educación ─por ejemplo, que no correspondan el componente de sexo y la apariencia física implica contratiempos en un hospital─. Salamanca cuenta que la pedagogía ha estado más a cargo de organizaciones vinculadas a la población LGBTI.

Frente a esta situación, Robles señala que tras la expedición del decreto, Mininterior, con el apoyo del Ministerio de Justicia, presentó públicamente el texto de la normativa y acompañó a 10 personas que comenzaron el trámite. Pero, a pesar de esa actividad, la jurista reconoce el “déficit de socialización”. “La socialización del decreto es un trabajo inacabado que aún requiere de acciones específicas en todo el territorio nacional”.

4. Lentitud para oficializar el cambio:

El proceso para corregir el sexo en la cédula se resume en estos pasos: tras la radicación de la petición y la entrega de la documentación, los notarios deben expedir el nuevo registro (escritura pública) a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes. Luego de que el ciudadano suscribe la escritura y el notario autoriza el documento, la Registraduría corrige el registro civil de nacimiento.

Debe tenerse en cuenta que si la escritura se otorga en un lugar diferente al de nacimiento, el proceso demora más, ya que debe remitirse copia al funcionario a cargo en la ciudad de origen. Esa persona debe realizar la sustitución del folio en máximo tres días.

Pero esos tiempos reglamentados no se cumplen, según Parces. “Otra problemática que encontramos es que la Registraduría no ha hecho la actualización. Por ejemplo, hago el cambio del componente de sexo, soy una mujer trans y me hacen una requisa. El policía pide mi documento, pero cuando mira el registro sigue apareciendo masculino; sigue saliendo que soy hombre. Me pueden decir que soy sospechoso por falsificación de documentos”, narra Salamanca.

Ante la inconformidad por parte de algunos usuarios, responde Jorge Enrique Vélez, superintendente de Notario y Registro: “Puede obedecer en gran parte a la normal transición de un tema nuevo para los despachos notariales”. Pero ante este desacierto sí surge una posible solución: el Sistema de Registro en Web, que, explica Mininterior, “conectará a las diferentes oficinas con función registral”.

MARÍA DEL PILAR CAMARGO (En Twitter, @PilarCCruz)
JOSÉ DARÍO PUENTES (En Twitter, @josedapuentes)
Redacción ElTiempo.com

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