Lo bueno, malo y feo de la inscripción por firmas a la Presidencia

Lo bueno, malo y feo de la inscripción por firmas a la Presidencia

El mecanismo, que animaba a personas comunes a entrar en política, terminó usado por los conocidos. 

Candidatos avalados por firmas

La entidad electoral validó las firmas de Germán Vargas, Carlos Caicedo, Alejandro Ordóñez, Piedad Córdoba, Sergio Fajardo, Juan Carlos Pinzón, Gustavo Petro y Marta Lucía Ramírez.

Foto:

EL TIEMPO

18 de enero 2018 , 01:24 p.m.

La verificación de las firmas entregadas por los candidatos de la Presidencia confirmó varias cosas.

Por un lado, el mal momento de los partidos políticos que por primera vez pierden el pulso en las elecciones al tener menos aspirantes que quienes salieron a la calle para avalar su candidatura con apoyo de la gente.

Los analistas coinciden en que esto no solo significa que los candidatos no quieren que los votantes los relacionen con partidos que estuvieron involucrados en varios escándalos, sino que, al fin, los casos de corrupción, avales a cuestionados políticos, entre otros parecen tener una especie de sanción simbólica para las colectividades.

Pero también deja aún varias dudas sobre la pertinencia de ese proceso en varios frentes.

Empecemos por la económico. Que la democracia cueste es un hecho que defienden todos los países con esa forma de organización social. Todos los procesos democráticos cuestan y la recolección de firmas no es la excepción.

“El verdadero problema es que la naturaleza del mecanismo de recolección de firmas se perdió. Se suponía que esto era para que ciudadanos que no se sentían representados pudieran tener la opción de, a través de un grupo, tener presencia electoral. Es por ello que todo el proceso de legislación, de financiación, incluso de sanción por no cumplir con topes como en cualquier otro proceso no aplica con las firmas”, explica Alejandra Barrios, directora Nacional de la Misión de Observación Electoral (MOE).

Si vemos las cifras de la Registraduría, el costo de la revisión de las 16’154.288 firmas que entregaron los 11 aspirantes fue de 5.433 millones de pesos.

En el sistema electrónico para contratación solo aparecen dos contratos celebrados por la Registraduría. Ambos sumarían 2.849 millones de pesos.

El primer contrato fue celebrado el 24 de noviembre de 2017 entre la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Grupo de Asesoría en Sistematización de Datos (Grupo ASD S.A.S) para el arrendamiento del lugar donde esa entidad llevaría a cabo el proceso de revisión de las firmas. Este local está ubicado en Bogotá y en este se dispuso la ubicación de 750 puestos de trabajo para un horario laboral de 7: 00 a.m. a 8:00 p.m. Este contrato fue de 1.957 millones de pesos.

El segundo es del 29 de noviembre de 2017. Fue celebrado entre la Registraduría y la empresa forenses Plus S.A.S. por más de 892 millones de pesos. El objetivo era la prestación de servicios de peritos y grafólogos para analizar las firmas.

Fuentes de la Registraduría explican que el resto de los costos equivalen a salarios para supernumerarios y funcionarios de planta, horas extras y logística que salen de los propios recursos de la entidad. 

La verificación de los resultados que se hizo con el total de las rúbricas quedó así (deslice la barra a la derecha para ver los porcentajes totales)

Con un 49 % de firmas inválidas del total de apoyos entregados, ¿deberían costar tanto esos mecanismos de participación?

Carlos Ariel Sánchez, exregistrador y director del doctorado en Derecho de la universidad Sergio Arboleda, afirma que no es el costo lo que debe suscitar polémica, sino que, a la luz de lo que actualmente pasa con la recolección de firmas, debería existir un reglamento más fuerte para ese tipo de candidaturas.

“Una democracia debe dar respuesta a las situaciones que presenta por sí misma. El Estado da la opción para que se creen los grupos de ciudadanos para candidatos fuera de los partidos y por ello incurre en gastos importantes revisando esas firmas. Lo que ahora le tocaría hacer es quizás reglamentar una garantía de seriedad para quienes se presenten con este mecanismo. Una póliza que le devuelva al Estado el dinero que se gastó contando firmas de personas que no alcanzaron ni siquiera los mínimos establecidos”, apunta Sánchez.

Sin embargo, el mismo exregistrador reconoce que muchas personas podrían impedir una reglamentación más dura para las candidaturas por firmas porque se interpretaría como una limitación al derecho de elegir y ser elegido.

Barrios argumenta lo contrario.

“Nos encontramos con otro escenario. La ley debería cambiarse porque su laxitud era previendo que quien venía por firmas entraba en desventaja, pero no es así. Son líderes reconocidos, con acceso a medio, con capacidad de movilizar recursos, que estuvieron en cargos de poder y, sobre todo, que vienen de un partido político. Así están logrando burlar toda la reglamentación”, afirma.

“No es que cualquier ciudadano se pueda postular. En la práctica no es así. Son personas que andan de independientes, pero que muchas veces no tienen una chequera propia”, complementa Miguel Jaramillo, consultor político.

Jaramillo apunta, además, que como existe la posibilidad de que un ciudadano puede firmar por varios o incluso todos los candidatos, eso hace que se pierda “la configuración de un partido, la estructura de una ideología y el espíritu de la militancia”.

Si esta es la primera vez que Colombia tiene más candidatos por firmas que por avales de partidos, con lo que es probable que el próximo Presidente llegue al Palacio de Nariño por las rúbricas, será aún más difícil gestionar las políticas del Gobierno.

“La pugna de poder, la conformación de las bancadas, la repartición de puestos, los cargos importantes, los ministerios, los pasos de los proyectos de ley, todo eso no responderá a una ideología o a una postura de quien llegue a ser Presidente sino a una estrategia que responderá solo a una cosa: negociar que lo dejen gobernar”, explica Barrios.

“Hay gente que gana perdiendo simplemente porque luego negocian cargos, burocracia. Todo es moneda de cambio si llegaste a un capital apetecible para los que necesitan sumar votos”, reafirma Jaramillo.

A esto se suma las denuncias sobre falsa información a la hora de recoger las firmas, la poca claridad sobre la financiación de los grupos promotores y una campaña que en lugar de durar 4 meses se prolonga por 12 meses (los candidatos por firmas necesitan más tiempo para la recolección).

Lo bueno
  1. En un principio abría la democracia y permitía que un ciudadano común y corriente pudiera recoger firmas y disputar la Presidencia en igualdad de condiciones.
  2. Era una opción para quienes no se sentían identificados con los candidatos de los partidos políticos
  3. Fue parte de los cambios que promovió la Constitución de 1991 para permitir que más personas pudieran acceder al poder
  4. Según la ley, el mínimo para poder inscribir candidatos por firmas era de 386 mil rúbricas. Esa cifra sale del 3 % de la votación total de las últimas elecciones presidenciales. ¿Cuáles son las últimas elecciones? ¿la primera vuelta de 2014 o la segunda? La Registraduría indicó que se tomó la primera votación para que hubiese más probabilidad de que participación.
Lo malo
  1. El desgaste de los partidos políticos ha permitido que personas que antes militaban en ellos se apropien de este mecanismo como otra forma para aspirar a la Presidencia
  2. Muchos aspirantes por firmas lo hacen incluso teniendo un coaval de partidos políticos afines
  3. Como necesitan más tiempo para la recolección de firmas y para presentarlas ante los organismos electorales, en la práctica ha significado que tienen hasta 12 meses de campaña
  4. No existen mecanismos que permitan sancionar al candidato que no llegue al mínimo de firmas establecido
Lo feo
  1. Las denuncias sobre falsedad en la información a los ciudadanos para obtener su firma. Se conocen casos en los que se les dijo que la firma era para evitar fotomultas, recoger datos para la Registraduría, para acabar con los toros, etc.
  2. La poca rigurosidad con las cuentas de financiación de los grupos promotores

CINDY A. MORALES
Subeditora de ELTIEMPO.COM
Correo: cinmor@eltiempo.com
En Twitter: @cinmoraleja

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