Elecciones Presidenciales y Congreso 2014

Elecciones 2014: Elecciones Presidenciales Colombia 2014
Elecciones Presidenciales y Congreso 2014

Las propuestas de los candidatos a la Presidencia sobre la justicia

Se consultó a los aspirantes sobre temas claves: tutela, defensa del Estado y fallo de La Haya.

Por: EL TIEMPO

Juan Manuel Santos, Óscar Iván Zuluaga, Enrique Peñalosa, Marta Lucía Ramírez y Clara López.

Juan Manuel Santos, Óscar Iván Zuluaga, Enrique Peñalosa, Marta Lucía Ramírez y Clara López.

Los cinco candidatos presidenciales presentaron sus propuestas sobre la justicia, tras ser consultados por la Corporación Excelencia en la Justicia y Ámbito Jurídico. Entre los temas por los que se les indagó a los candidatos estuvo el de la acción de tutela y su posible modificación.

En este punto, la mayoría de los aspirantes para ocupar la Casa de Nariño coincidieron en que la tutela no debe ser objeto de modificación. Sin embargo, señalaron que esta necesita una regulación que permita darles trámite a varias tutelas al mismo tiempo, cuando se trate de un mismo caso.

Otras preguntas que se les hicieron tuvieron que ver con si es necesario una reforma de la justicia y el fallo de La Haya sobre San Andrés.

1. ¿Su gobierno impulsará una reforma constitucional de la estructura institucional de la Justicia? ¿Cuál sería el alcance de esta reforma?

Clara López, Polo-Unión Patriótica

Sí. En nuestro propósito de democratizar el acceso para el ciudadano, a una justicia pronta, expedita, independiente y gratuita, propondremos una reforma en la que además del cumplimiento efectivo de los términos judiciales, se eliminen el clientelismo y la politización del aparato judicial, el llamado “choque de trenes” en las altas cortes y se reduzca a cero la corrupción en la rama judicial. Un país cuya justicia repare y garantice derechos humanos es un país democrático.

Considero de la mayor importancia que el principio de independencia judicial se convierta en una realidad. No habrá intervención del gobierno ni del Congreso en la designación de los magistrados de las altas cortes que accederán a sus cargos por el sistema de concurso de méritos. Estos magistrados no intervendrán en la escogencia de candidatos para el nombramiento de las cabezas de los órganos de control, ni de ningún funcionario gubernamental.

Se garantizará la doble instancia en el juzgamiento de todos los ciudadanos incluidos los actuales aforados.En ningún caso la defensa judicial de un servidor público será pagada con dineros del presupuesto nacional. Esta reforma sería presentada al Congreso en la segunda legislatura de mi gobierno.

Marta Lucía Ramírez, Partido Conservador

La reforma constitucional debe ser apenas la necesaria. Somos partidarios de buscar la mayor estabilidad constitucional y legal posible, pero es necesario ajustar algunos aspectos relacionados con la justicia.

Es necesario reformar el sistema de administración de la rama judicial, pues el esquema del Consejo Superior de la Judicatura demostró su ineficacia. Vamos a acabar con la elección de magistrados por políticos, se suprimirán las funciones electorales de las altas cortes, se acabará con la puerta giratoria entre ellas y de ser necesario elevaremos a rango constitucional la obligación de hacer un plan decenal para la justicia. Hemos propuesto un gran pacto nacional por la justicia, que incluya una política de estado, de largo plazo, que comprenda todas las reformas que sean necesarias para que la justicia llegue a la gente.

Un punto urgente es la reforma a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Su absoluta ineficacia urge una reforma.

Por último, propondremos una reforma para simplificar las normas estableciendo la obligación de consagrar las derogatorias expresas en las leyes nuevas. La simplificación legal es una de las armas principales para la lucha contra la corrupción.

La reforma la presentaremos al día siguiente de mi posesión como Presidente de la República ante los diferentes grupos interesados para que en un plazo de tres meses se busque la concertación.

Enrique Peñalosa, Alianza Verde

Hay que promover varias modificaciones al diseño del poder judicial. Por ejemplo, se ha hablado de las funciones electorales de las cortes y de la perversa función de control que se ejercen entre sí la Corte Suprema y el Congreso. Sin embargo, creo que la prioridad debe ser la celeridad en la justicia y el combate a la impunidad. Un proceso por cualquier causa se puede demorar diez años y el porcentaje de impunidad sigue siendo alarmante a pesar de todos los cambios que se han hecho.

Por lo tanto, mi prioridad es modificar la gerencia de la administración de justicia: hay que cambiar el Consejo Superior de la Judicatura para crear un ente administrativo que incluya conocimientos en administración y no solamente en temas jurídicos. Mi propuesta es crear una Junta de administración de la justicia integrada por miembros de las Cortes, representantes de las facultades de derechos, de los colegios abogados, pero también por personas especialistas de otras disciplinas, especialmente de ciencias económicas y administrativas.

Esta Junta nombrará un Gerente, elegido previo un concurso de méritos, de altísimas calidades porque es tal vez el funcionario público que tiene que administrar más recursos y más personal.

Voy a tomar las decisiones presupuestales y administrativas necesarias para asegurar la vigencia eficaz de los nuevos códigos general del proceso y contencioso administrativo, los cuales requieren de formación a los jueces, de adecuación de la infraestructura y de nombramiento de nuevos jueces.Hay que terminar el plan de descongestión. El propio Presidente de la Corte ha dicho que la Sala Laboral requeriría de 7 años para ponerse al día con los recursos de casación que tiene pendientes de resolver, por lo que creo que hay que priorizar estos elementos antes que enfrentar discusiones importantes sí, pero hay otras más urgentes, en especial porque esos otros cambios no necesariamente garantizan que tengamos una justicia más rápida.

En relación con el tema de la impunidad creo que la prioridad es adoptar una política criminal integral que defina de una vez por todas cuáles son los delitos en los que principalmente queremos enfocarnos y qué penas queremos imponer. Que se castigue muy fuertemente a los reincidentes y el uso de violencia en delitos como el atraco y otros. Es mucho más grave que atraquen a mano armada a un ciudadano por un celular a que se roben un auto lujoso estacionado en una calle sin que nadie sea amenazado con un arma.

Convocaré una comisión de alto nivel para evaluar el sistema penal acusatorio y para que se adopten las recomendaciones para ajustarlo. La modificación del Consejo Superior de la Judicatura en su sala administrativa la propondré desde el primer día de mi gobierno.

Óscar Iván Zuluaga,  Centro Democrático

Sí. Nuestro gobierno quiere avanzar en esta reforma que no da espera. Dicha reforma debe ser producto de un gran consenso nacional no sólo entre las distintas fuerzas políticas, la Rama judicial y el congreso, sino involucrar al sector privado y la sociedad civil.

Una reforma debe basarse en dos enfoques. Por un lado la Administración Judicial y por otro la Adminisración de Justicia. En el primer frente es imperioso entender que la calidad de la Justicia está ligada a la calidad de los jueces y a la calidad de los auxiliares. Por eso tenemos que mejorar el proceso de selección, remuneración, evaluación y ascenso de los funcionarios. Igualmente la Administración Judicial debe ser más eficiente y eso requiere tener un mejor uso de la tecnología y un mayor dinamismo en lo referente a la evacuación de la mora procesal.

En lo relativo a la Administración de Justicia, es importante evaluar muchas cosas. Por un lado es necesario avanzar hacia una gobernabilidad más clara de la Rama. Los constantes choques de trenes y la falta de claridad sobre las competencias de una alta Corte frente a la otra, por ejemplo en lo relativo a la tutela, ha venido creando enormes problemas.

Yo también soy partidario de eliminar las funciones electorales de las Cortes y prohibir la transición inmediata de magistrados de una Corte a otra cuando vencen sus periodos.

Es necesario también hacer algunas revisiones a la Acción de Tutela sin debilitarla, pero cumplir con el verdadero espíritu de la Constituyente, de hacer de ella un mecanismo extraordinario para prevenir afectaciones inminentes a los derechos fundamentales.

Nuestra idea es que este proyecto se radique dentro de los primeros 180 días de Gobierno. Por supuesto debe ser un ejercicio concertado.

Juan Manuel Santos, Unidad Nacional

Independientemente del instrumento legal que deba reformarse, estamos comprometidos con cuatro propósitos: primero, descongestionaremos la justicia para que sea oportuna; segundo, impulsaremos una justicia con gerencia, para maximizar los recursos de la rama; tercero, le devolveremos a la justicia la dignidad y la confianza pérdidas; y cuarto, continuaremos dando prioridad a la lucha contra la corrupción.

Esto lo haremos a través de varias estrategias. Las más importantes son las siguientes: como primera medida, le quitaremos a los magistrados la función nominadora. Esa estructura es perversa y genera consecuencias conocidas ampliamente por la opinión pública.

Como segunda medida, impulsaremos las magistraturas vitalicias, o cuando menos, mucho más largas. Queremos jueces y magistrados que administren justicia con neutralidad; no políticos ni litigantes en potencia.

Como tercera medida, consideramos necesario eliminar el Consejo Superior de Judicatura. Quienes administran la rama deben ser, precisamente, gerentes administrativos, no magistrados. Los magistrados deben administrar justicia, no administrar recursos.

Otro punto importante sobre el cual trabajaremos tiene que ver con los planes de carrera para funcionarios de la rama. Esta cuarta medida consiste en que el sistema tiene que ser realmente meritocrático. Una persona que trabaja en la rama debe tener mayores oportunidades que personas de afuera para acceder a las máximas magistraturas. Ese es un incentivo indispensable para tener mejores jueces.

Como quinta medida, trabajaremos para que la justicia tenga menos procesos y que éstos sean resueltos de forma mucho más ágil. Para eso impulsaremos tres iniciativas: incentivaremos las conciliaciones prejudiciales, motivaremos a los ciudadanos para que usen más la justicia arbitral, y trabajaremos concertadamente con la rama judicial para que archive los procesos en los cuales haya inacción de las partes.

Como sexta medida, promoveremos la justicia digital y en línea, con mayor inversión en infraestructura, invirtiendo en esto más de 2 billones de pesos. Esto es un complemento a la inversión que ya hicimos durante nuestro gobierno y a los códigos que sancionamos, que están enfocados hacia una justicia más oral y con uso de tecnologías.

Como séptima medida, haremos reformas relacionadas con la acción de tutela, protegiendo en su integridad ese instrumento, pero buscando evitar los abusos de los que ha sido objeto.

De existir la necesidad de realizar una reforma constitucional a la justicia, ésta se concertaría con los principales agentes de la rama y con la ciudadanía. En algunos puntos seguramente nos pondremos de acuerdo, en algunos otros no, por lo cual siempre privilegiaremos el interés público sobre el particular en ese proceso de concertación.

2. ¿Cuál es su estrategia para fortalecer la defensa jurídica del Estado?

Clara López, Polo-Unión Patriótica

La prevención del daño antijurídico es, sin duda, la estrategia básica de mi gobierno en materia de defensa judicial del Estado. Por ello lo adecuado es no causar perjuicios a los ciudadanos. Una meta de mi gobierno será minimizar el daño antijurídico de los agentes del Estado y, en caso de producirse, fortalecer drásticamente la acción de repetición que en Colombia existe sólo en el papel.

Marta Lucía Ramírez, Partido Conservador

Tenemos que dejar de ser reactivos afrontando los problemas cuando ya es tarde, sin estrategias. Lo primero, es empezar a hacer las cosas bien, los pleitos comienzan cuando intereses particulares se sobreponen a los generales y se toman decisiones contrarias a la ley. Por eso, la lucha contra la corrupción es tan importante, si acabamos con la corrupción, los pleitos contra el estado disminuirán.

Segundo, tener una política de estado, que implique una institucionalidad que no esté al servicio político. La defensa jurídica del estado debe ser consistente, coherente y eficiente, desarrollada por funcionarios técnicos, a los que se les exigen metas, se les evalúa y se les recompensa adecuadamente.

Enrique Peñalosa, Alianza Verde

Creo que hay que fortalecer la Agencia de defensa judicial del Estado que desgraciadamente por un mal diseño nació congestionada. Es muy importante poner en marcha una estrategia similar para la defensa de departamentos y municipios donde hay una verdadera vena rota para las finanzas públicas.

Óscar Iván Zuluaga, Centro Democrático

En primer lugar la definición y prevención de riesgos judiciales. En segundo lugar la debida consolidación, evaluación, y atención de los riesgos de litigio. Fortalecer los equipos de representación judicial del Estado y limitar la responsabilidad del Estado.

Juan Manuel Santos, Unidad Nacional

Bajo mi administración creamos la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y expedimos el Conpes 3722 de 2012 con el objeto de mejorar la efectividad de la gestión de la defensa jurídica del país. Con el documento Conpes se establecieron los objetivos específicos de la operación, a saber: prevención del daño antijurídico; mejoramiento de la defensa jurídica ante los tribunales, y reducción de los riesgos patrimoniales del Estado.

En consonancia con lo arriba mencionado, nuestras estrategias para fortalecer la defensa jurídica del Estado son las siguientes: fortaleceremos la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado con más y mejores juristas; dotaremos a la agencia de un área de asuntos estratégicos, y continuaremos dotando a las entidades públicas de nuevas habilidades en la prevención del daño antijurídico.

3. ¿Usted cree que ha habido abusos en el uso de la tutela?

Clara López, Polo-Unión Patriótica

De las herramientas creadas por la Constitución de 1991 no hay otra más eficaz en la protección de derechos humanos que la tutela. Su utilización masiva es un buen termómetro que mide la crisis de derechos humanos en el país. Numerosas vidas se han salvado con acciones de tutela por derecho a la salud y el país ha avanzado en la construcción de tolerancia y equidad frente a la discriminación de sectores de alta vulnerabilidad, gracias al derrotero fijado por la Corte Constitucional en numerosas tutelas, por citar sólo un par de ejemplos. Considero que ha habido abusos en su utilización, se debe en consecuencia revisar los abusos, pues han tenido un efecto perverso en la confiabilidad que el mecanismo debe tener para ciudadanos y jueces, sin comprometer la tutela como mecanismo.

La esencia de la acción de tutela no será objeto de modificación en mi gobierno, razón por la cual no será presentada reforma alguna sobre ese tema al Congreso de la República. Sin embargo, para fortalecer la eficacia de la acción y evitar el desgaste de los operadores judiciales, por vía reglamentaria se establecerán mecanismos que hagan posible la acumulación de tutelas sobre un mismo asunto en una sola autoridad judicial.

Marta Lucía Ramírez, Partido Conservador

La tutela es tal vez la mayor de las virtudes de la Constitución del 91. Por esa vía, se ha avanzado como nunca antes en la protección de los derechos fundamentales. Sin embargo, hay que poner unos límites, por ejemplo, a la inestabilidad jurídica que proviene de las tutelas contra sentencias judiciales, y a los choques de trenes.

Sin duda, se han cometido abusos de la tutela usándola con fines políticos y desvirtuando su finalidad de proteger los derechos fundamentales.

Es necesario hacer reformas encaminadas a fortalecer la seguridad jurídica y evitar el abuso de esta figura. Por ejemplo, estableciendo unos límites de tiempo para la presentación de la acción contra sentencias judiciales.

Enrique Peñalosa, Alianza Verde

Claro que en algunos casos se ha abusado de la tutela por parte de ciudadanos que la usan cuando no es procedente e incluso por algunos jueces que han fallado casos que resultan contrarios a la ley o a la Constitución.

Los más importante es preservar la tutela como el gran instrumento que tienen los ciudadanos para hacer valer sus derechos. En Colombia se interponen 400.000 tutelas al año y por unas pocas no podemos retroceder en ese logro.

Me da temor que por querer adoptar algunos correctivos terminemos restringiendo la tutela. No vamos a permitir que se retroceda ni restrinja la tutela, pero sería procedente tomar decisiones para acumular tutelas sobre un mismo caso y para que se respeten los precedentes.

Óscar Iván Zuluaga, Centro Democrático

Tal vez la palabra exacta no sea abusos. Creo que el uso en muchos casos se ha extralimitado y ha dejado de ser un mecanismo extraordinario, para convertirse en la primera o única opción para acceder a los servicios judiciales. Esto no solo ha debilitado la eficiencia de la Rama, sino que ha desviado el uso debido de las jurisdicciones competentes.

Más que una reforma es una debida regulación. Poder fijar con precisión para cuáles casos y cuál es su alcance, mediante una Ley Estatutaria de Derechos Fundamentales. Lo ocurrido con el caso del Alcalde Petro es la evidencia de un mecanismo con débil regulación.

Igualmente veo con preocupación el uso de la tutela contra sentencias. Esta modalidad, no regulada, también crea una enorme incertidumbre jurídica que debilita las instituciones.

Por supuesto estoy convencido que el Estado también debe corregir el uso que se le ha dado a la tutela para reclamar servicios. Hay que hacer más ordenando el acceso a medicamentos para que la tutela no sea el instrumento cotidiano del paciente, por darle tan solo un ejemplo.

Juan Manuel Santos, Unidad Nacional

La acción de tutela es un mecanismo constitucional creado para la protección de derechos fundamentales cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados, siempre y cuando no proceda otro mecanismo judicial de defensa.

La figura ha sido muy útil pero en algunos casos ha sido tergiversada, convirtiéndola en una nueva vía judicial, pues no se ha empleado según el espíritu del legislador. Es decir, existiendo otros mecanismos judiciales para la observancia del derecho afectado, se ha acudido a la acción de tutela de forma indiscriminada para la satisfacción del mismo, generando inseguridad jurídica y poca credibilidad en el sistema, particularmente debido a los excesos que se desprenden de las tutelas en contra de sentencias judiciales.

Por esta vía, el juez de tutela, con independencia de su rango o de la rama del derecho de su especialidad, se ha convertido – al igual que el juez penal – en el máximo intérprete del derecho en todas las áreas, incluyendo el área procesal, civil, de familia, contencioso administrativa o cualquier otra. Esa situación, desvirtúa todo el sistema de jerarquía judicial y genera una inmensa desconfianza en el sistema. Debemos ponerle fin a esos excesos, sin limitar su capacidad de seguir siendo un instrumento de defensa de los derechos fundamentales.

La acción de tutela debe recobrar su naturaleza jurídica y su fin dentro del Estado colombiano. Para eso impulsaremos dos reformas sencillas: primero, ningún juez de menor jerarquía podrá, a través de una tutela, revocar una decisión de un juez de superior rango. Segundo, impulsaremos la creación de jueces constitucionales, que se especialicen en ese tipo de acciones y que les descarguen trabajo a los jueces de otras áreas, que por andar resolviendo tutelas, a veces no avanzan mucho en su trabajo.

4. Frente al caso del fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre San Andrés, ¿cuál es la estrategia jurídica que desarrollará su gobierno o le dará aplicación al fallo?

Clara López, Polo-Unión Patriótica

El fallo de La Haya ha sido uno de los más grandes fracasos de la política exterior colombiana. La Corte Constitucional ha decidido que el fallo de la Corte Internacional de Justicia debe incorporarse al derecho interno mediante tratado, pero no se le puede seguir mintiendo al país haciéndole creer que mediante tratado se recuperará el mar. Es necesario que por vía de la negociación con Nicaragua evitemos perder aún más de lo que se ha perdido, partiendo del reconocimiento del fallo que fue en últimas el sentido de la sentencia de la Corte Constitucional. En la práctica, aunque se diga lo contrario, el fallo se está acatando.

Marta Lucía Ramírez, Partido Conservador

En declaraciones a la prensa el pasado cinco de mayo, la candidata conservadora señaló que “el fallo de la Corte Constitucional da tranquilidad frente el régimen jurídico interno, pero no resuelve la situación internacional”, y agregó: “En mi gobierno retomaría la propuesta del internacionalista Enrique Gaviria Liévano para declarar a San Andrés como un archipiélago de Estado.

Enrique Peñalosa, Alianza Verde

Creo que el camino ha quedado claro después de la decisión de la Corte Constitucional. Va a ser necesario intentar un acuerdo con el Gobierno de Nicaragua para celebrar un tratado que resuelva este tema en forma definitiva.

Óscar Iván Zuluaga, Centro Democrático

Yo respaldo la decisión de la Corte Constitucional en la cual determina que la Corte no tiene atribuciones para modificar los límites de Colombia. Igualmente creo que la CIJ se extralimitó y despojó a Colombia de un territorio sobre el cual ha ejercido posesión histórica jurídica y factualmente ininterrumpida por varios siglos. Bajo esa premisa convocaré una consulta popular para que el Pueblo Colombiano reafirme la soberanía integral sobre el archipiélago histórico y prevenga que en el futuro, por presiones diplomáticas, se afecte esa soberanía.

Juan Manuel Santos, Unidad Nacional

La Corte Constitucional ha sido absolutamente clara en su último fallo, en el cual le dio la razón a la estrategia adoptada por mi gobierno: sin un tratado bilateral, aprobado por el Congreso, firmado por el Presidente y revisado por la Corte Constitucional, no se pueden modificar los límites territoriales de la República. Por ello, a futuro la estrategia a seguir será necesariamente diplomática. En el momento en que sea oportuno, buscaremos acercamientos con Nicaragua para iniciar una negociación bilateral sobre lo pactado en el tratado Esguerra-Bárcenas, buscando conducirla hacia la celebración de un tratado limítrofe que establezca de manera definitiva la frontera marítima entre los dos países, preservando los derechos de los colombianos y sobre todo de los isleños.

5. ¿Cuál es su estrategia principal para recuperar la legitimidad de nuestra administración de justicia?

Clara López, Polo-Unión Patriótica

Reglas claras de política criminal, acceso y permanencia en la rama judicial por méritos, fortalecimiento del aparato judicial y cero tolerancia a la corrupción, con amplia participación y vigilancia de todos los estamentos sociales.

Marta Lucía Ramírez, Partido Conservador

Lucha frontal contra la corrupción, independencia de los jueces y la despolitización.

Enrique Peñalosa, Alianza Verde

Primero garantizar una administración de la Justicia gerencial, despolitizada y eficaz. Y segundo, lograr que la justicia sea rápida y efectiva para el ciudadano en cualquier rincón del país. Eso, no los debates intelectuales, es lo que recuperará la credibilidad de los ciudadanos en la justicia.

Óscar Iván Zuluaga, Centro Democrático

Trabajar por la excelencia de los jueces. Arraigar territorialmente a los jueces, fortalecer la justicia de pequeñas causas, darle protagonismo a las primeras instancias y limitar las apelaciones, mejorar estructuralmente la gobernabilidad de la Rama y ponerle fin a los choques de trenes.

Juan Manuel Santos, Unidad Nacional

La legitimidad de la rama judicial proviene de la confianza y de la seguridad que brinda el sistema. No es un secreto que la legitimidad del aparato jurisdiccional se ha visto cuestionada por diversos factores como la hiperinflación normativa, congestión judicial, falta de incentivo a los funcionarios públicos y la corrupción. Por ello, nuestro propósito es regresar la dignidad y la confianza perdida a través de las estrategias descritas en las respuestas precedentes.

EL TIEMPO

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