El nuevo mandatario había hecho esa solicitud, pero la Viceprocuradora lo negó.

La situación en Chocó, departamento donde el pasado domingo resultó elegido Luis Gilberto Murillo como nuevo gobernador, sigue al rojo vivo en materia judicial.

Todo por cuenta de la inhabilidad que tendría el nuevo mandatario, por cuenta de una sentencia, proferida en su contra  por el Tribunal Superior de Quibdo en 1997, por el delito de peculado oficial diferente.

Los adversarios de Murillo alegaron durante la pasada campaña electoral que su aspiración al principal cargo de ese departamento no tenía viabilidad por cuenta de esta sentencia.

Las alegaciones se basan en el Artículo 30 de la Ley 617 que establece como inhabilidades para ser elegido gobernador el "haber sido condenado en cualquier época por sentencia judicial".

Pero el nuevo gobernador y sus abogados tienen una tesis jurídica diferente: el delito por el que fue condenado fue eliminado cuando se aprobó la reforma al Código Penal que dio vida a la Ley 599 del 2000.

Por esta razón, solicitaron ante la Procuraduría General de la Nación que su nombre fuera retirado del Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (Siri).

El pasado 8 de agosto, cuando restaban menos de tres meses para las elecciones regionales, la viceprocuradora Martha Isabel Castañeda, le respondió de forma categórica:

"Denegar la cancelación del registro de inhabilidad a nombre del peticionario Luis Gilberto Murillo", dice en la parte resolutiva la funcionaria del Ministerio Público.

Entre otros argumentos, la Viceprocuradora sostiene que "si bien se produjo un tránsito de legislación en la normatividad penal, esto no lleva a que desaparezca ipso facto la inhabilidad registrada al amparo de las normas legales que gobiernan la materia".

El Gobernador electo y sus defensores insisten en que la inhabilidad debe ser levantada. De hecho, la Viceprocuradora les da espacio para presentar el recurso de reposición.

En últimas será el Consejo de Estado, en Sección Quinta de Asuntos Electorales, la que termine de definir esta controversia en la que está en juego el poder en uno de los departamentos más pobres y golpeados por la corrupción en este país.