Secretos empresariales

De hecho, a tres días de la inauguración de Imaginna 2008, Flórez enumera algunos aspectos que permiten ser realmente competitivos: la capacidad de producción, los tiempos de entrega, el portafolio de productos, la calidad y la experiencia en montaje de grandes proyectos.

Son premisas que el sector de mobiliario para oficina en Colombia debe implementar, más aún si se tiene en cuenta que cada año ingresan al mercado nuevas empresas.

Flórez sustenta su afirmación con datos de la Superintedencia de Sociedades que indican que el mercado está compuesto por, aproximadamente, 81 compañías divididas entre productores, comercializadores y diseñadores de soluciones para oficina.

Agrega que 75 por ciento de las compañías de este sector tienen actividades comerciales en Cundinamarca, aunque también hacen presencia en en Antioquia, Valle y Atlántico.

Además, la mayoría de las empresas son fabricantes y cuentan con una o varias plantas de producción; sin embargo, solo 4 por ciento presenta ingresos operaciones anuales superiores a los 20.000 millones de pesos y apenas 10 por ciento del sector tiene la capacidad de exportar.

En este punto, el empresario reconoce como fortaleza la buena percepción que se tiene de Colombia en el exterior. "Es algo que debemos aprovechar, pero insisto, implementando un departamento de investigación y desarrollo, que en el caso de los muebles para oficina es clave en el objetivo de incrementar la competitividad en los mercados nacional e internacional", anota Flórez, quien concluye con varios consejos: "Inviertan en tecnología e innovación; no copien, diseñen; asuman riesgos y piensen a largo plazo".

¿Cómo está Colombia en diseño?

Algo se ha evolucionado, pero aún nos falta competir, precisamente, con más diseño y, sobre todo, con visión empresarial.

¿Persiste el problema de los empresarios que piensan que el diseño es un gasto y no una inversión?

Sí. De ahí que sea necesario unirnos para consolidar grandes contratos y, en ese sentido, es vital el papel de las nuevas generaciones. De hecho, a través de Prodiseño y de la Red Latinoamericana queremos apoyar a los jóvenes. Muestra de ello son los 2.300 inscritos en la RLD.

Colombia es fuerte en la fabricación de muebles y, en consecuencia, eso debería reflejarse en exportaciones...

Debería reflejarse pero insisto, falta unirnos y reforzar una cultura empresarial acorde con lo que se hace en otros países. México, para citar solo un caso, es ejemplo de buen trabajo en tecnología y comercio exterior; nosotros tenemos el impulso; incluso, a pesar de la revaluación exportamos pero debemos exportar más.

De hecho, en mobiliario de oficinas tenemos una fortaleza que se verá reflejada durante Imaginna, pues realizaremos la segunda convención sobre el tema.

¿La falta de recursos frena cualquier intención de desarrollo y de exportación?

Claro, pero no es una disculpa. De todas formas esperamos que se analice la nueva Ley de Cultura para hacerle entender al Estado que hay una relación estrecha con la ciencia y la tecnología.

El desarrollo de Corea, precisamente, es producto de esa fusión y de las empresas que tienen entre su presupuesto un rubro importante para el diseño, lo que no sucede en Colombia.

A esto hay que sumarle que cerca de 90 por ciento de las empresas del sector mueblero son Pymes lo que demuestra, claramente, la creciente necesidad de fortalecer una proyección empresarial. Hay que reconocerles su labor y esfuerzo, pero también -y no es un secreto- que en muchas de ellas un gerente es 'todero' y eso aún corresponde a un trabajo muy informal.

¿Qué responsabilidad ha asumido la academia?

Hay una suma de voluntades y, por ejemplo, durante la feria Imaginna (en Bogotá) se realizará el Foro colombiano de diseño con el apoyo del Sena. Esta se replicará en Medellín el 22 y 23 de mayo; vale destacar que contará con conferencistas de México, Brasil, Argentina, Chile, Canadá y Colombia.

Destaco esto porque también es un espacio para las nuevas generaciones y, de paso, la oportunidad de insistir en la creación del Sistema Nacional de Diseño con el que se espera impulsar el uso del diseño en la industria en pro de la competitividad e insisto, en la búsqueda de herramientas para impulsar las exportaciones en lo que -reconoce- se hacen grandes esfuerzos.

De hecho, cifras de Proexport indican que al sumar los sectores del mueble y la maderas las exportaciones en el 2007 sumaron 182 millones de dólares contra 135 del 2006.

gabflo@eltiempo.com.co

Un sector regulado, pero sin control

A la ingeniera civil Claudia Alfaro -experta en gestión ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional- también le sorprende que un sector tan regulado presente estas inconsistencias. "Hay obreros que van tres días o una semana a un proyecto y ante una mejor oferta abandonan el trabajo".

"Eso no es nuevo y es producto, precisamente, de tareas que se realizan en cortos periodos de tiempo", asegura Alfaro, quien reconoce que las constructoras de peso que tienen grandes proyectos pueden darles cierta estabilidad a sus trabajadores y ubicarlos en diferentes obras, y que los problemas de seguridad social y accidentalidad tienen más impacto en pequeñas y medianas construcciones.

Sin embargo, ante esta informalidad ninguna está exenta de una eventualidad. Maldonado recuerda que la actividad de la construcción está catalogada como clase V, es decir, de alto riesgo, lo que significa que se tiene una probabilidad tres veces mayor de causar muerte y dos veces mayor de dejar personas lesionadas que en los demás sectores productivos.

Sonia Galvis, gerente en Colombia de la multinacional inmobiliaria Coldwell Banker, coincide con Alfaro en que las empresas serias no permiten que la mano de obra ingrese sin ser afiliada a la seguridad social y agrega que debería hacerse una campaña encaminada a facilitarle la vida al constructor a través del beneficio de los obreros a quienes -dice- "también hay que educar".

El arquitecto Orlando Calvo, representante de la Asociación Colombiana de Facultades de Arquitectura (Acfa), que en mayo próximo realizará un seminario sobre residencia de obra y en el que el tema de la seguridad industrial será analizado, agrega que la informalidad pesa cuando se quiere emprender la tarea que señala Galvis.

"La presión del día a día en una construcción y el hecho de que muchos de estos trabajadores dejen el puesto en cualquier momento hace que estos procesos se dilaten".

Para contrarrestar este problema, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) ha puesto en marcha el programa 'Manos que construyen', por medio del cual buscan contribuir al mejoramiento integral de la calidad de vida del obrero promoviendo el sentido de pertenencia con el sector; tras esa meta impulsan cursos técnicos cortos en el Sena, entre otros.

Aún así, el viceministro de Vivienda Luis Felipe Henao considera que la formalización del sector está en mora y depende de un proceso de tecnificación serio, pues es evidente que la mano de obra no calificada está a la deriva, pasando de actividad en actividad ya sea en el mismo sector edificador o en otros: ventas ambulantes e incluso, mototaxismo, como percibí recientemente en Valledupar donde no hay trabajadores de la construcción porque se han ido a donde ganan algo más, informalmente.

"La vulnerabilidad es un hecho y aumenta por los factores identificados: alta rotación de los trabajadores, especialmentre de los no cualificados; gran proporción de empleados sin experiencia y ausencia de gestión en salud ocupacional en la mayoría de los proyectos", concluye Maldonado.

GABRIEL E. FLÓREZ. G
Coordinador editorial Vivienda

"He pagado arriendo durante dos años, lo mismo que abogado, predial, administración y hasta he tratado de vender dos veces pero no he podido por el problema", asegura Sergio Acero, ingeniero constructor y dueño de dos de los apartamentos.

El inconveniente comenzó en el 2004 cuando la reducción de las ventas generó desconfianza entre algunos copropietarios que dejaron de pagar sus cuotas y obligó a la firma constructora Torre Mayor S.A. a frenar el desarrollo del edificio. Allí empezó el atraso de la obra que se inició en el 2002 y debía ser entregada en el 2004.

A mediados del 2005, algunos de los copropietarios formaron un comité para tratar de llegar a un acuerdo con la constructora terminar, por fin, el proyecto. Así, y a través de una fiducia, se reiniciaron los pagos para destinarlos a la terminación del edificio.

Además, el comité buscó un acuerdo con el Departamento de Planeación de Medellín para que les entregara el paz y salvo o recibo de obra de forma parcial. Este requisito, por Ley, es indispensable para conectar los servicios públicos a cualquier propiedad.

Sin embargo -según cuenta Dorely Restrepo, administradora del edificio- se presentaron muchas irregularidades.
Al parecer, en el acuerdo con Planeación algunos de los copropietarios -noventa, exactamente- lograron que les otorgaran el recibo de obra de forma parcial.

Como garantía de finalización del proyecto a Planeación, el comité presentó las restantes once copropiedades pese a que, según Restrepo, ya estaban vendidas, incluso, desde el inicio del proyecto.

Por este acuerdo, los 90 apartamentos fueron ocupados a mediados del 2006 por sus dueños y con los servicios públicos conectados. Pero los restantes once copropietarios se quedaron en el aire, especialmente por la liquidación de la constructora ese año. "Ahí comenzó el calvario. Algunos lograron que les conectaran los servicios con tutelas. Sin embargo, a otros se las negaron con el agravante de que, al parecer, se los van a desconectar de nuevo por la falta del recibo de obra", insiste la administradora.

Las partes hablan de soluciones
Ante el problema, el director de Planeación de Medellín, Carlos Jaramillo, aseguró que en todo el proceso la entidad actuó con base en la Ley. Según el funcionario, el acuerdo se logró gracias a que los copropietarios y la constructora se comprometieron a terminar la obra y presentaron como garantía once apartamentos sin vender.

"Eso fue lo que presentaron. Estuvimos de acuerdo en ayudar para que esas personas pudieran pasarse a sus viviendas. Pero, curiosamente, luego se vendieron esos once apartamentos", asegura el funcionario, quien insiste en que los dueños tienen la vía legal para demandar una solución "pues el municipio ha hecho lo legalmente posible".

Por su parte, Elías Araque, abogado y representante de la extinta constructora Torre Mayor S.A., sostiene que en ningún momento presentaron los once apartamentos como si no estuvieran vendidos.

"Eso es una inconsistencia. Esos apartamentos estaban vendidos, algunos, incluso, desde que empezó la obra", asegura Araque quien agrega que Planeación tampoco asistió al proceso de liquidación de la firma edificadora donde se debía aclarar la forma de pago de los impuestos de construcción y urbanismo generados por el proyecto.

Estos impuestos tienen hoy al edificio Torre Mayor sin el recibo de urbanismo de Planeación, necesario para quedar a paz y salvo en sus requerimientos de ley.

Sin embargo, el abogado insiste en que están a punto de llegar a un acuerdo con Planeación para lograr que los apartamentos obtengan, al fin, el permiso para la conexión de los servicios públicos y para el recibo total de la obra.

GABRIEL E. FLÓREZ G.
COORDINADOR EDITORIAL VIVIENDA

La idea, según la Superintendente de Notariado y Registro, Lida Salazar, es garantizar la buena y eficaz prestación de este servicio mediante los recursos que maneja el Fondo Especial de Manejo de Cuentas de los Notarios. El incremento depende de la zona, los ingresos mensuales -entre 5 y 20 salarios-. Ahora los ingresos oscilan entre 4 y 6,5 millones de pesos.

Nadie alcanzó el puntaje para presentar la entrevista o no hubo inscritos en Labranzagrande, Villa de Leyva, Maripi, Puerto Boyacá, Somondoco y Toca (Boyacá); Anapoima, Medina, Paime, Une y Yacopí (Cundinamarca); Granada, Mesetas, San Juan de Arama y Vista Hermosa (Meta); Puerto Asís y Santiago (Putumayo); Ataco, Herveo y Ortega (Tolima); y La Primavera (Vichada). En concreto, hay veinte municipios sin candidatos por lo que deberán abrir nuevos concursos.

Algo similar sucedió en La Costa Atlántica, donde quedaron 31 municipios vacantes, y en los Santanderes y Arauca, con 8 oficinas, porque los interesados perdieron el examen.

En contraste, ya empezaron las entrevistas para 242 notarías ubicadas en 12 departamentos, incluyendo Bogotá, que terminarán el 31 de mayo. Para las 77 plazas de La Capital -consideradas las más lucrativas del país- ya hay 478 personas inscritas.

La Superintendente de Notariado y Registro indicó que la lista de elegibles para ocupar las notarías se presentará en orden numérico y que los resultados de esta convocatoria se conocerán en la primera semana de junio.

Así mismo, informó que el proceso ya concluyó en la Costa y los Santanderes, y que de las 154 notarías de la Costa, 97 notarios 'repetirán' periodo y otros 24 funcionarios serán nuevos. En la región de los Santanderes y Arauca, de las 87 notarías convocadas, 59 notarios retomarán su carrera y 20 serán reemplazados por ciudadanos nuevos.

El éxito se basa en que cada crédito involucra desde el diseño hasta la fabricación de los materiales.

Las categorías que mide son sitios sostenibles, eficiencia en el uso del agua, la energía, el medio ambiente, los materiales y los recursos, la calidad del aire interior e innovación en diseño. Incluso, pasó de ser un sistema completamente voluntario a requisito legal de varias agencias del gobierno federal, estatal y local de E.U.

Existen varios niveles de certificación: certificado, cuando obtiene más del 40 por ciento de los puntos; plata con más del 50 por ciento, oro y platino (arriba de 60 y 75 por ciento respectivamente). Se evalúan construcciones nuevas y usadas, interiores comerciales, construcciones residenciales y barrios y comunidades.

El Usgbc se comprometió a tener 100.000 proyectos certificados en el 2010 y un millón para el 2020. No obstante, países como Canadá e India se han adaptado al Leed mientras que México y Brasil ya han certificado varios de sus proyectos.

Así, esta semana se firmó un acuerdo de pago con Seguros del Estado y Suramericana de Seguros, cuyos representantes se comprometieron a destinar 40.000 millones de pesos y a finalizar las unidades que ya estaban quedando en el olvido.

"La idea es no dejar que se repita la dolorosa historia de esos proyectos abandonados que se convertían en monumentos a la corrupción porque se iniciaban con recursos públicos pero nunca se terminaban porque no había quien respondiera ni pólizas que respaldaran el incumplimiento", indicó Juan Lozano, Ministro de Ambiente y Vivienda.

Las mayores afectadas con este tipo de situaciones que eran muy comunes cuando funcionaban los extintos ICT e Inurbe, que fueron liquidados por factores de corrupción- son las familias que invierten su ahorro programado llevan décadas esperando sus casas.

Según explicó el representante del Ministerio, "muchos proyectos no se han podido terminar simplemente porque se evidencia la mala fe tanto de constructores como de funcionarios públicos que no tienen explicación técnica para dejar inconclusas las obras y porque los alcaldes no han terminado las obras de urbanismo ni tienen suficiente vigilancia por parte de las oficinas de planeación municipales y se dejan 'comer a cuento' sin tomar las precauciones necesarias.

"Hemos detectado que hay organizaciones delictivas dedicadas a ir de municipio en municipio dejando las obras sin concluir".

Así, además de las denuncias penales por estafa, los constructores que obraron de mala fe tendrán sanciones que van desde la suspensión y la cancelación de la matrícula profesional hasta multas de una salario mínimo mensual por cada 200 metros cuadrados que tenga el proyecto.

Adicionalmente, estos constructores quedarán inhabilitados para volver a proponer proyectos de VIS financiados con subsidios estatales.

Por su parte, Sergio Pérez, representante de Seguros del Estado, indicó "haremos todo el seguimiento y la interventoría para garantizar que las unidades se entreguen en un año y cumpliendo las condiciones de calidad" y agregó que, en algunos casos, repetirán contra las compañías constructoras.

"El mensaje es claro: no permitiremos que se 'tumben' la plata para las viviendas. No permitiremos que las familias de escasos recursos del país no puedan disfrutar de su casa porque hay quienes incumplen o hacen mal las obras. No daremos el brazo a torcer y trabajaremos hasta que esta práctica ilegal se acabe", puntualizó el Ministro.

La medida de exigir las pólizas de cumplimiento se tomó previendo que el presupuesto para los subsidios se incrementó a 410.000 millones de pesos anuales. De hecho, lograron reducir la cantidad de obras paralizadas pues, hoy, sólo en el 3 por ciento del total de proyectos elegibles se reporta incumplimiento.

Vale aclarar que este requisito sólo se exige cuando los subsidios son girados por Fonvivienda y que aún hay riesgo de que otros proyectos queden abandonados porque ni los alcaldes ni las organizaciones populares de vivienda tienen la precaución de protegerse.

Los proyectos que las aseguradoras terminarán están ubicados en 21 departamentos.

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La obra, que se entregará el 5 de agosto del 2010, tiene el respaldo financiero de Bear Stearns, banco de inversión global que en una operación sin precedentes para Latinonamérica le dio el "sí" a la ejecución con una emisión de bonos por 220 millones de dólares que colocaron en fondos de garantía para darle liquidez y, así, financiar parte de la construcción.

"Nuestra compañía, con sede en Nueva York y oficinas en varios países del mundo, evalúa semanalmente un promedio de cinco potenciales proyectos inmobiliarios que requieren financiación, pero solo apoyamos los que realmente demuestran el respaldo para salir adelante. TOCI fue uno de ellos", dijo José Luis Martínez, representante de la compañía que maneja 80 mil millones de capital para respaldar, entre otros, este tipo de megaobras.

Respaldo financiero garantiza la terminación de la obra

"Nuestra labor es minuciosa, a través de los fondos mitigamos los riesgos e incluso, los desembolsos se van haciendo previa certificación de una compañía que monitorea el avance de la construcción", aseguró Martínez, quien identificó el proceso como "la transacción del año".

Para demostrar la magnitud de lo que se está construyendo, el ingeniero civil Jenaro Echeverri, recordó que solo en procesos de pilotaje para la cimentación, entre otros aspectos físicos, se han invertido unos 12 millones de dólares. "De hecho, está listo en un 90 por ciento", aseguró Echeverri, quien agregó que el proyecto genera 800 empleos y salarios directos por 45 millones de dólares, aproximadamente.

"Además del tema financiero y de la gestión para contar con el apoyo de las autoridades locales, las condiciones del terreno, a 90 metros del mar, planteó serios retos arquitectónicos.

"Uno de ellos fue la volumentría, por la forma en que fue concebido el edificio de 79 pisos (de aleta dorsal en la cúpula, como la de un tiburón).

"Sin embargo, todo esto se ha sorteado con lujo de detalles", aseguró Echeverri.

"Así, en la idea de convertir el TOCI en un destino con múltiples servicios la inspiración ha sido total", anotó Saravia.

El gerente de la firma que en Colombia es reconocida por sus obras para el estrato alto destacó el cuidado que se ha tenido en el diseño de las 600 unidades residenciales y las 369 habitaciones del hotel, a las que se suman el centro de negocios, comercio, parqueaderos para 1.400 vehículos, 36 ascensores, 10 escaleras de emergencia y -sobre todo- el encanto de Panamá.

Datos curiosos del proyecto

• Construir el Trump Ocean Club International (TOCI) es algo muy similar a edificar 2.500 apartamentos de 100 metros cuadrados en un sólo edificio.
  
  Además del tamaño, la diferencia está en la calidad de los acabados y los novedosos diseños que caracterizan la excelencia que busca el magnate Trump.
  
• Con el concreto que se usará en la obra se podría construir una carretera de 61 kilómetros de longitud por 50 metros de ancho.
  
• Si se extendiera todo el cableado que se utilizará en el TOCI resultaría una línea correspondiente a 700 kilómetros.
  
• Los inversionistas de origen estadounidense son los que más le han apostado al proyecto. Les siguen los europeos y los canadienses que buscan una segunda vivienda en Centroamérica y El Caribe, que hoy son los pensionados con mayor poder adquisitivo.

GABRIEL E. FLÓREZ G.
REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Igualmente se plantean mejoras en las coberturas de servicios públicos domiciliarios, como actuaciones decididas de protección de los cerros orientales y el Río Bogotá.

"El Sector Hábitat también se preocupará en los próximos cuatro años de los nuevos equipamientos urbanos para el desarrollo y la competitividad", dijo un vocero de la entidad distrital que identificó los proyectos del Anillo de Innovación de Corferias y de renovación del centro, como ejemplo de ello.

Agregó que entre las acciones prioritarias para la transformación urbana se tendrá en cuenta, y de forma decidida, la optimización del relleno sanitario Doña Juana, para lo cual será fundamental avanzar en la cultura del reciclaje en la ciudad. "De forma paralela se trabajará con la Gobernación de Cundinamarca en los rellenos sanitarios regionales", concluyó.

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"Este aporte garantiza la atención  a cerca de 43.000 afiliados de las cajas para facilitar la compra de la vivienda nueva, la construcción en sitio propio y el mejoramiento", agregó  Cobo, quien recordó que durante el 2008 desaparecerán los diferentes tipos de viviendas (1, 2, 3  y 4, que existían el año pasado) y se reducen a dos: una Vivienda de Interés Prioritario (VIP) hasta 32'305.000 pesos y hasta 62'302.500 pesos que será el nuevo tope de VIS.

El presidente de Asocajas recordó que desaparece el valor de subsidio diferencial para los municipios de población inferior a 500.000 habitantes donde se consideraba tipo 1 hasta 40 salarios mínimos.

"Es importante destacar que el Gobierno flexibilizó las normas para las entidades que otorgan el auxilio, pues les da la facultad de ampliar su vigencia para los casos que ameriten prórrogas", dijo el funcionario, quien agregó que este año se espera fotalecer la oferta a través de macroproyectos urbanos.

"Es una medida importante, siempre y cuando la autoridades  municipales avalen y apoyen la construcción masiva con equipamiento urbano y condiciones favorables en salud, educación, transporte y servicios públicos", señaló  Cobo, quien advirtió  que el subsidio se  entrega  por una sola vez a los hogares con ingresos menores a 4 salarios mínimos, es decir, 1'846.000 pesos.

Con esta medida se generarían recaudos adicionales a las administraciones municipales por concepto de impuesto predial del orden de los 63 mil 500 millones de pesos.

El incremento a los avalúos no aplica para Bogotá, cuya entidad catastral es autónoma para definir el reajuste.

Según el Conpes, de los 12.9 millones de predios a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y de los catastros descentralizados de Bogotá, Antioquia, Medellín y Cali, 29,7 por ciento presentan una vigencia de actualización mayor a cinco años, lo que evidencia un rezago mayor en las áreas rurales.

En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 'Estado comunitario: desarrollo para todos' definió como meta para 2010 mantener actualizado 90 por ciento del catastro urbano y 70 por ciento del catastro rural.

Así mismo, estableció que el proceso de actualización catastral deberá realizarse en todos los municipios del país por lo menos cada cinco años.

Además, el Conpes recomendó al Agustín Codazzi, a los catastros descentralizados y las entidades territoriales, con el apoyo de las Corporaciones Autónomas Regionales, mantener y continuar los procesos de actualización catastral en la zona urbana; realizar un esfuerzo adicional por formar y actualizar las zonas rurales; y, fortalecer los procesos de conservación dinámica de las bases catastrales.