Pese a tener todos los acabados listos y relucientes para estrenar, las once copropiedades carecen de algo esencial: los servicios públicos. Todo por un problema que desde el 2006 mantiene a los dueños en un proceso tortuoso que ya incluye tutelas, demandas e interminables reuniones.

"He pagado arriendo durante dos años, lo mismo que abogado, predial, administración y hasta he tratado de vender dos veces pero no he podido por el problema", asegura Sergio Acero, ingeniero constructor y dueño de dos de los apartamentos.

El inconveniente comenzó en el 2004 cuando la reducción de las ventas generó desconfianza entre algunos copropietarios que dejaron de pagar sus cuotas y obligó a la firma constructora Torre Mayor S.A. a frenar el desarrollo del edificio. Allí empezó el atraso de la obra que se inició en el 2002 y debía ser entregada en el 2004.

A mediados del 2005, algunos de los copropietarios formaron un comité para tratar de llegar a un acuerdo con la constructora terminar, por fin, el proyecto. Así, y a través de una fiducia, se reiniciaron los pagos para destinarlos a la terminación del edificio.

Además, el comité buscó un acuerdo con el Departamento de Planeación de Medellín para que les entregara el paz y salvo o recibo de obra de forma parcial. Este requisito, por Ley, es indispensable para conectar los servicios públicos a cualquier propiedad.

Sin embargo -según cuenta Dorely Restrepo, administradora del edificio- se presentaron muchas irregularidades.
Al parecer, en el acuerdo con Planeación algunos de los copropietarios -noventa, exactamente- lograron que les otorgaran el recibo de obra de forma parcial.

Como garantía de finalización del proyecto a Planeación, el comité presentó las restantes once copropiedades pese a que, según Restrepo, ya estaban vendidas, incluso, desde el inicio del proyecto.

Por este acuerdo, los 90 apartamentos fueron ocupados a mediados del 2006 por sus dueños y con los servicios públicos conectados. Pero los restantes once copropietarios se quedaron en el aire, especialmente por la liquidación de la constructora ese año. "Ahí comenzó el calvario. Algunos lograron que les conectaran los servicios con tutelas. Sin embargo, a otros se las negaron con el agravante de que, al parecer, se los van a desconectar de nuevo por la falta del recibo de obra", insiste la administradora.

Las partes hablan de soluciones
Ante el problema, el director de Planeación de Medellín, Carlos Jaramillo, aseguró que en todo el proceso la entidad actuó con base en la Ley. Según el funcionario, el acuerdo se logró gracias a que los copropietarios y la constructora se comprometieron a terminar la obra y presentaron como garantía once apartamentos sin vender.

"Eso fue lo que presentaron. Estuvimos de acuerdo en ayudar para que esas personas pudieran pasarse a sus viviendas. Pero, curiosamente, luego se vendieron esos once apartamentos", asegura el funcionario, quien insiste en que los dueños tienen la vía legal para demandar una solución "pues el municipio ha hecho lo legalmente posible".

Por su parte, Elías Araque, abogado y representante de la extinta constructora Torre Mayor S.A., sostiene que en ningún momento presentaron los once apartamentos como si no estuvieran vendidos.

"Eso es una inconsistencia. Esos apartamentos estaban vendidos, algunos, incluso, desde que empezó la obra", asegura Araque quien agrega que Planeación tampoco asistió al proceso de liquidación de la firma edificadora donde se debía aclarar la forma de pago de los impuestos de construcción y urbanismo generados por el proyecto.

Estos impuestos tienen hoy al edificio Torre Mayor sin el recibo de urbanismo de Planeación, necesario para quedar a paz y salvo en sus requerimientos de ley.

Sin embargo, el abogado insiste en que están a punto de llegar a un acuerdo con Planeación para lograr que los apartamentos obtengan, al fin, el permiso para la conexión de los servicios públicos y para el recibo total de la obra.