"Ya identificamos los mecanismos jurídicos y las necesidades ordenadas en la Ley de Justicia y Paz para garantizarles los derechos a la población desplazada", dijo Salazar, quien agregó que "tenemos la obligación de actualizar los registros para que los fiscales encargados de esta labor procedan de manera correcta con los bienes".

La funcionaria dijo que a pesar de que en la Ley está contemplada esta función, el tema de bienes se había dejado en último lugar. "Con este pacto se le está dando la importancia que requiere", enfatizó.

Con Acción Social

En compañía de Acción Social de la Presidencia de la República, la Superintendencia trabaja en los nueve departamentos más afectados por la violencia: Magdalena, Cesar, Córdoba, Norte de Santander, Meta, Antioquia, Valle, Bolívar y Sucre.

Allí cuenta con el apoyo de las oficinas que aún llevan el manejo de los datos y a través de un sistema manual mantiene la información actualizada que se entregará a los fiscales de justicia y paz.

"El acuerdo firmado forma parte de una nueva competencia asignada recientemente a la Superintendencia, con base en el estatuto rural de la Ley 1152 de julio del 2007, mediante el cual se le transfiere a la entidad la labor de realizar el registro único de propietarios de predios y territorios abandonados por la violencia, en el cual incluye las tierras rurales y urbanas.

"Ante esta nueva responsabilidad propusimos un decreto que permitiera recibir la información de manera ordenada por la entidad encargada de realizar esa labor anteriormente, especialmente de los predios rurales.

"De ese modo, debemos adelantar los requisitos de predios urbanos, con base en la información que nos proporcionen los comités de desplazamiento del país y las autoridades legales, con base en la información que reposa en las oficinas de registro de instrumentos públicos", anota Salazar, quien destaca el beneficio para los desplazados que remitan la información de los bienes de los cuales hayan sido despojados.

Por su parte, la Superintendencia deberá entregar el registro de los predios inmobiliarios abandonados.

Mecanismos para la actualización

Según el acuerdo suscrito, el organismo internacional y la Superintendencia realizarán un trabajo articulado con el Ministerio Público y el Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de Acción Social para identificar y proteger los derechos patrimoniales de los colombianos afectados por este flagelo.

Igualmente, con este proyecto se gestionarán convenios para que los estudiantes realicen pasantías y judicaturas para que apoyen la labor de actualización en las oficinas de registro de instrumentos públicos de las zonas más afectadas por el fenómeno y que serán previamente definidas.

En la actualidad, la Superintendencia de Notariado y Registro cuenta con 191 oficinas para cubrir los 1.111 municipios, donde la protección de los bienes de los colombianos ha pasado a un segundo plano.

Los beneficios serán mutuos, ya que con la firma del convenio la Superintendencia también solicitará apoyo en la creación de nuevas oficinas de registro móviles para atender amenazas de desplazamiento en un evento dado y gestionar, rápidamente, los registros en pro de la protección de los bienes de quienes estén en riesgo de desplazamiento.

Salazar recalcó que el principal propósito es implementar y ampliar la Oficina de Registros Públicos en el país para que los colombianos sean conscientes y conocedores de las políticas de registro y puedan de esa manera proteger sus propiedades.

La Superintendente de Notariado y Registro, Lida Salazar, reiteró que con la firma del convenio la idea es proteger todos los bienes del país.

"Y es que hoy por hoy, especialmente en las urbes, las personas siguen haciendo negocios de palabra y no registran los bienes porque no conocen qué se debe hacer. Esta es una razón más para que el registro llegue a todo el país", dijo la funcionaria, quien agregó que se trabajará conjuntamente en la actualización del Registro Único de Predios y Territorios Abandonados (Rupta), que inició su funcionamiento este año. Para adelantar esta labor se reforzará la interrelación Registro-Catastro.

Además, un comité técnico, integrado por dos representantes de cada institución velará porque se cumplan los objetivos consignados en la Carta de Entendimiento entre ellos, que las personas pongan al día la información de sus predios y lograr la actualización predial y catastral de todos los inmuebles del país.