Al detectar que 92 proyectos que reúnen 5.000 viviendas de interés social en 21 departamentos ya tenían un año de retraso en las entregas, las directivas del Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda, hicieron efectivas las pólizas de cumplimiento que se empezaron a exigir después de la liquidación del Inurbe.

Así, esta semana se firmó un acuerdo de pago con Seguros del Estado y Suramericana de Seguros, cuyos representantes se comprometieron a destinar 40.000 millones de pesos y a finalizar las unidades que ya estaban quedando en el olvido.

"La idea es no dejar que se repita la dolorosa historia de esos proyectos abandonados que se convertían en monumentos a la corrupción porque se iniciaban con recursos públicos pero nunca se terminaban porque no había quien respondiera ni pólizas que respaldaran el incumplimiento", indicó Juan Lozano, Ministro de Ambiente y Vivienda.

Las mayores afectadas con este tipo de situaciones que eran muy comunes cuando funcionaban los extintos ICT e Inurbe, que fueron liquidados por factores de corrupción- son las familias que invierten su ahorro programado llevan décadas esperando sus casas.

Según explicó el representante del Ministerio, "muchos proyectos no se han podido terminar simplemente porque se evidencia la mala fe tanto de constructores como de funcionarios públicos que no tienen explicación técnica para dejar inconclusas las obras y porque los alcaldes no han terminado las obras de urbanismo ni tienen suficiente vigilancia por parte de las oficinas de planeación municipales y se dejan 'comer a cuento' sin tomar las precauciones necesarias.

"Hemos detectado que hay organizaciones delictivas dedicadas a ir de municipio en municipio dejando las obras sin concluir".

Así, además de las denuncias penales por estafa, los constructores que obraron de mala fe tendrán sanciones que van desde la suspensión y la cancelación de la matrícula profesional hasta multas de una salario mínimo mensual por cada 200 metros cuadrados que tenga el proyecto.

Adicionalmente, estos constructores quedarán inhabilitados para volver a proponer proyectos de VIS financiados con subsidios estatales.

Por su parte, Sergio Pérez, representante de Seguros del Estado, indicó "haremos todo el seguimiento y la interventoría para garantizar que las unidades se entreguen en un año y cumpliendo las condiciones de calidad" y agregó que, en algunos casos, repetirán contra las compañías constructoras.

"El mensaje es claro: no permitiremos que se 'tumben' la plata para las viviendas. No permitiremos que las familias de escasos recursos del país no puedan disfrutar de su casa porque hay quienes incumplen o hacen mal las obras. No daremos el brazo a torcer y trabajaremos hasta que esta práctica ilegal se acabe", puntualizó el Ministro.

La medida de exigir las pólizas de cumplimiento se tomó previendo que el presupuesto para los subsidios se incrementó a 410.000 millones de pesos anuales. De hecho, lograron reducir la cantidad de obras paralizadas pues, hoy, sólo en el 3 por ciento del total de proyectos elegibles se reporta incumplimiento.

Vale aclarar que este requisito sólo se exige cuando los subsidios son girados por Fonvivienda y que aún hay riesgo de que otros proyectos queden abandonados porque ni los alcaldes ni las organizaciones populares de vivienda tienen la precaución de protegerse.

Los proyectos que las aseguradoras terminarán están ubicados en 21 departamentos.