Los proyectos de vivienda social se han convertido en el 'karma' de alcaldes y gobernadores de algunas regiones del país, que heredan los errores de sus antecesores.
Villavicencio es ejemplo de esa problemática. Allí, el metro cuadrado de VIS se vende a un millón de pesos y las unidades se entregan sin luz.
De hecho, en Ciudadela Salitre se finalizaron 526 casas en abril, pero no se han podido entregar porque aún no se ha terminado una planta de tratamiento que exigió Cormacarena hace más de tres años.
"Esperamos que al finalizar el mes esté lista para entregar las viviendas", dijo el ingeniero Jairo Leyton, director del Fondo de Vivienda del Meta, quien aclaró que las especificaciones de la licencia eran tan altas que hacían inviable financieramente el proyecto y, además, que la obra debió hacerla la anterior administración.
Sin embargo, ahí no paran los problemas. Algunas familias que ya habitan sus viviendas debieron 'piratear' la luz conectándose a la red matriz mediante un cable porque los constructores nunca completaron las obras.
"Ellos no están sin luz. Lo que pasa es que en Villavicencio cada propietario, después de escriturar, debe ir a la empresa a pagar la acometida para que le conecten el servicio", agregó Leyton, quien recordó que mujeres cabeza de familia, desplazados, personas vulnerables y familias que viven en alto riesgo recibirán estas casas.
Incluso, 10 por ciento del proyecto (52 inmuebles) será para discapacitados. El problema es que las casas incumplen las normas, pues no tienen rampas de acceso para las personas con problemas de movilidad. Según el vocero del Fondo estas casas tienen 34 metros cuadrados construidos y sin acabados, que se distribuyen en una alcoba, baño y salón múltiple para cocina, sala y comedor y un patio.
"La idea es que las personas sigan ampliándolas progresivamente de acuerdo con sus prioridades; el valor comercial es de 31 millones de pesos y cada familia debe aportar 5,5 millones. La inversión fue de 14.500 millones de pesos", agregó Leyton.
El otro caso está en la ciudadela San Antonio, donde 50 desplazados tuvieron que interponer una acción popular para que les dieran las casas, listas hace más de siete meses. "No se podían entregar porque no había alcantarillado; además, apenas terminamos la obra", dijo el director del Fondo de Vivienda del Meta.
Estas familias también debieron poner un cable para 'piratear' la luz y, para completar, las 'calles peatonales' dan testimonio de la desidia institucional pues aún no se han construido.
En este caso, las familias desplazadas no deben aportar ningún recurso, pues parte de los subsidios la pone el Ministerio de Ambiente y Vivienda, entidad a la que la ley le prohíbe entregar recursos si los proyectos no cuentan con servicios.
"El compromiso de la empresa de energía, el municipio y el constructor es que este fin de semana instalan la acometida, hasta que la obra no esté terminada a satisfacción no se les pagarán los subsidios", dijo un vocero del Ministerio.
Incluso, hay muchas las casas abandonadas y sin terminar porque la empresa de vivienda de Villavicencio, VillaVivienda, tiene conflictos jurídicos con los contratistas por los vacíos que dejó la pasada administración.
Ahora, la Gobernación dejó planteado un proyecto para 370 familias de estratos 1 y 2, donde no se requieren subsidios pues se fondea con recursos propios de las regalías.
Cada casa tendrá 34 metros cuadrados, costará 38 millones de pesos y contará con acabados como mesón en la cocina y enchape en el baño.
Al cuestionar el alto precio del metro cuadrado para la VIS -a un millón de pesos, en promedio-, Leyton explicó que "esto se debe al alto costo de la tierra y a que la Gobernación (por ser estatal) debe asumir gastos de administración, tasas e impuestos que significan el 31 por ciento del presupuesto de obra".