Preparan proyecto de ley para la venta temprana de inmuebles públicos

Preparan proyecto de ley para la venta temprana de inmuebles públicos

Con esta propuesta se busca quitar costos que encarecen la administración de este tipo de bienes.

Preparan ley sobre venta de inmuebles públicos

María del Pilar Carmona, presidenta de Cisa.

Foto:

Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

03 de abril 2017 , 08:15 p.m.

Detrás de cada uno de los 841 inmuebles que este año tiene en su inventario la Central de Inversiones S.A. (Cisa), también llamada la inmobiliaria del Estado, hay una historia singular que dificulta o hace más atractiva su venta.

En la actualidad, el 20 por ciento de estos bienes proviene de la extinción de dominio, principalmente al narcotráfico (son de la Sociedad de Activos Especiales, SAE). El restante 80 por ciento son bienes que las entidades públicas ponen en manos de Cisa para que los comercialice.

Si bien Cisa se ha encargado de comercializar bienes excéntricos, para este año aún no hay muchos de ese estilo. Tal vez por eso los recursos que representan estos bienes alcanzan los 202.000 millones de pesos, mientras que en otros años, como el 2015, la monetización de los activos del Estado en manos de este colector representó más de 1 billón de pesos.

En esta oportunidad hay lotes agrícolas e industriales, fincas, bodegas, oficinas, apartamentos y locales, entre otros, que, en muchos casos, son verdaderos ‘chicharrones’ a la hora de comercializarlos. Es el caso de un inmueble insignia en el país, ubicado en el exclusivo sector de la Cabrera, en Bogotá (calle 86 con carrera 12), que se llevó a subasta con una base de 48.000 millones de pesos, pero no se presentaron proponentes. Perteneció al extinto narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, y tiene 5.425 metros cuadrados de terreno y 544,9 metros de área construida.

“Es un predio por el que se tiene apetito en el mercado por la ubicación, pero el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) es restrictivo, porque es de uso dotacional, es decir, allí no se podría construir un proyecto de apartamentos. Se tendrían que hacer centros educativos, bibliotecas, sitios de culto”, sostiene María del Pilar Carmona, la nueva presidenta de Cisa.

Aparte de la casa Gacha, el inventario incluye un lote en Chía, que es el más antiguo entre los haberes de Cisa. Está ofreciéndose desde el 2003, por un valor de 1.198 millones de pesos, pero es una copropiedad. “Nosotros somos dueños del 44 por ciento. Para cualquier transacción hay que entrar a negociar con el otro dueño. Es posible que esa sea la razón por la cual no se ha vendido fácilmente”, expresa Carmona.

Pero aunque parezca difícil la labor de la inmobiliaria del Estado, según la presidenta de la entidad, en 2015 le generaron utilidades al Ministerio de Hacienda, del cual son adscritos, por un valor de 9.902 millones de pesos.

“La meta para este año, en ese sentido es de 12.000 millones de pesos”, manifestó Carmona.

Para ello, no solo tienen entre sus haberes las propiedades decomisadas, sino también bienes muebles, cuyo avalúo asciende a 1.000 millones de pesos.

“Hay vehículos, cosméticos, maquinaria amarilla, repuestos y obras de arte. Tenemos un inventario de 42 obras de caballete y esculturas por 162 millones de pesos”, indicó Carmona.

Esto, sin contar con que, en el escenario que plantea el posconflicto, en Cisa esperan la llegada de bienes producto de la desmovilización. “Ese tipo de bienes primero entran a la SAE. Luego de la extinción de dominio pasan a Cisa, cuando ya están saneados”.

Inclusive, agrega, ya han empezado a entrar activos como ganado y otros que no siempre pueden ser recibidos. “Hace poco nos llegaron unas plantaciones de la Unidad de Tierras. Pero ahora, el Plan de Desarrollo nos da la potestad de rechazar”.

También cartera

Por ese estilo son los asuntos que a diario se resuelven en Cisa, que además se encarga de comprar cartera, y no precisamente cartera sana.

“Una cartera de un año de mora es muy buena para Cisa", dice Carlos Reyes, vicepresidente financiero de la entidad. A 31 de diciembre del año pasado, el colector de activos públicos tenía saldos de capital por $ 1,2 billones, provenientes de 57.355 clientes y 78.303 obligaciones.

Según la presidenta de Cisa, un proceso de extinción de dominio puede tardar de 20 a 25 años. Y como hasta que ese paso no concluya no se pueden comercializar los bienes, en este momento avanza un proyecto de ley de enajenación temprana, con el propósito de agilizar la venta, una vez se incautan, aun sin concluir la extinción, pues esos procesos son costosos para la nación, por el mantenimiento, la vigilancia, entre otros.

Otra de las metas del 2017 es tramitar una ley de activos que organice aspectos, como el pago de impuestos por estos bienes, que termina por echar plata de un bolsillo a otro.

Además de los inmuebles y la cartera, Cisa tiene otra línea de negocios que es producto de la crisis bancaria de los años 90, cuando el Estado recibió participaciones en sociedades.

MARTHA MORALES MANCHEGO
Redacción Economía y Negocios
Twitter @marthamoralesm 

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