SIC continúa hallando anomalías en el sector de la vigilancia privada

SIC continúa hallando anomalías en el sector de la vigilancia privada

Formuló cargos a 8 empresas de seguridad por 'cartelizarse' y a 13 de sus directivos.

Vigilancia

Por violar la libre competencia, la Superindustria formuló pliego de cargos a 8 empresas del sector de la vigilancia y seguridad privada y a 13 altos directivos vinculados con estas.

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Javier Agudelo / EL TIEMPO

14 de junio 2017 , 07:59 p.m.

Pliego de cargos contra ocho empresas reincidentes, vinculadas al sector de la seguridad privada y vigilancia acaba de formularles la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), al considerarla que incurrieron de nuevo en la violación de al menos 26 procesos de contratación pública.

El ente de vigilancia y control ya había sancionado a siete empresas del sector de este mismo sector y a 17 altos directivos, con multas que superaban los 26,000 millones de pesos por violar la libre competencia económica, firmas relacionadas con el señor Jorge Arturo Moreno Ojeda, capturado en Estados Unidos, pero dejado en libertad días después, tras pagar una fianza.

La Superindustria encontró que las empresas sancionadas en esta oportunidad, volvieron a reincidir en dichas prácticas y conformaron 'de facto' o de hecho una especie de 'cartel' empresarial denominado “Grupo SMG”, el cual es controlado por Moreno Ojeda, conocido como el ‘zar de la seguridad privada’, quien habría manipulado, a través de prácticas anticompetitivas, numerosos procesos de contratación estatal.

Moreno Ojeda no tiene participación accionaria en esas compañías, pero según la SIC, “se sabe que ejerce una decisiva influencia en estas, a punto de que ponía a los directivos, elegía las inversiones de las compañías, direccionaba sus planes estratégicos y autorizaba el pago de obligaciones financieras propias y de sus familiares, casi todos los cuales coinciden con los accionistas de las compañías”, señala la Supersociedades.

La práctica anticompetitiva que investiga la Superindustria habría consistido en que las empresas simulaban ser competidoras independientes en licitaciones públicas por un valor superior a los 30.000 millones de pesos entre el 2012 y el 2015, cuando en realidad habrían presuntamente actuado de forma coordinada, concertada y bajo la dirección Moreno Ojeda.

Entre las entidades públicas presuntamente afectadas por la violación de la libre competencia económica se encuentra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Consejo Superior de la judicatura, el ministerio de Transporte, la Secretaría de Educación de Bogotá, el ministerio de Trabajo, entre otras entidades.

Las empresas investigadas por la Superindustria son: Guardianes; Starcoop; Cobasec; Centinel; Expertos; Insevig; Security Management Group y Sejarpi C.T.A, todas ellas presuntamente controladas por Jorge Arturo Moreno Ojeda.

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