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Proyecto de ley impulsa la intermediación inmobiliaria

Las ventas sobre planos, los avalúos y los arriendos son algunos de los negocios que obligan a profesionalizar a los inmobiliarios.

Las ventas sobre planos, los avalúos y los arriendos son algunos de los negocios que obligan a profesionalizar a los inmobiliarios.

Foto:123rf

La norma refuerza temas relacionados con la titulación de bienes inmuebles.

La Lonja de Propiedad de Medellín y Antioquia cerró el 2017 con la socialización del proyecto de Ley 124 del 2017 impulsado por la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas) que, entre otros objetivos, pretende profesionalizar a los intermediarios inmobiliarios.
“Nuestra finalidad es proteger e incentivar la labor de quienes trabajan de manera formal, ya sean personales naturales o jurídicas”, dijo Federico Estrada, presidente del gremio, quien agregó que con esto se busca disminuir el índice de informalidad que tanto afecta el sector y, por supuesto, brindar un mejor servicio a quienes invierten en negocios relacionados con esta industria.

Aspectos centrales

El proyecto también aclara aspectos del día a día de la gestión de intermediación, que hasta ahora carecen de un fundamento normativo y que generan inseguridad jurídica, no solo para el inmobiliario, sino también para el cliente.
Entre ellos están las obligaciones de las partes, su alcance y, así mismo, su responsabilidad. Lo más valioso del proyecto –reiteró Estrada– son las condiciones mínimas de formalidad e idoneidad que tendrá que acreditar quien realice las gestiones, no solo para contrarrestar a quienes actúan en contravía con las disposiciones, sino para incrementar la calidad en el servicio.

Así surgió la iniciativa

Según Estrada, “la norma no es otra cosa que el producto de un trabajo conjunto entre representantes de varias lonjas de propiedad raíz del país, los cuales comparten la necesidad de poner en regla a quienes operan con prácticas inadecuadas que, de hecho, terminan por generar un riesgo social, si se tiene en cuenta que la construcción y el sector inmobiliario impulsan significativamente la economía del país”.
En este proyecto también se concreta la solución para proteger a quienes ejercen de manera profesional y responsable la actividad. Sin duda –anotó el presidente de la Lonja de Medellín y Antioquia–, es la respuesta a necesidades cada vez más urgentes del sector.

De más alcance

Incluso, para el directivo es una iniciativa que no debe ser solo de interés privado sino público, pues en una cultura como la colombiana en la que tener vivienda propia es el deseo de la gran mayoría de las familias y una inversión que, en medio de las eventualidades del mercado, sigue realizándose en un porcentaje significativo.
A esto hay que agregarle la competencia desleal que, precisamente, surge de la informalidad; con este entorno, hay retos que se deben enfrentar y que, además, incluyen ante una normatividad cada vez más prolífera: “Riesgos de extinción de dominio e intermediación de los agentes de seguridad, entre otros, son algunos de los frentes complejos que se deben atender”, anotó Estrada.

Profesionales y áreas

El directivo también recalcó que el proyecto abarca los diferentes actores que participan de la intermediación inmobiliaria. En Colombia, actualmente ejercen la actividad, tanto personas jurídicas como naturales, que pueden también prestar sus servicios a través de empleados o asesores.
Por tal motivo, el Presidente de la Lonja reiteró que la profesionalización es un requisito que deberían cumplir los intermediarios como los asesores quienes, finalmente, son los que prestan directamente el servicio al cliente.
Con relación a las áreas del conocimiento, la propuesta guarda similitudes con modelos implementados en otros países donde la actividad ya se encuentra regulada con éxito hace algún tiempo.
Son áreas del conocimiento, principalmente jurídicas relacionadas con la titulación de bienes inmuebles, sus gravámenes, limitaciones y medidas cautelares, además de los instrumentos contractuales para su respectiva negociación, el derecho de consumo y –por supuesto–, la responsabilidad del intermediario. “Son conocimientos que son suficientes para garantizar la idoneidad en la labor, pero que no limitan los mecanismos de comercialización”, concluyó Estrada.

Impacto en los compradores y vendedores​

-Con inmobiliarios idóneos, los inversionistas tienen la garantía de que el negocio se manejará de la mejor manera.
-Además, porque estos profesionales están velando por el patrimonio de quienes compran o venden cualquier inmueble.
-Esto es importante para las personas naturales y jurídicas involucradas en cualquier transacción, si se tiene en cuenta el auge de nuevos negocios que incluyen los avalúos, la administración de copropiedades, los arrendamientos y la factibilidad en el desarrollo de proyectos, entre otros.
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