El presupuesto en el 2019 se acercaría a los $ 300 billones

El presupuesto en el 2019 se acercaría a los $ 300 billones

Educación y defensa, los sectores que piden más plata para el próximo año.

Educación

Con unas necesidades de 36,4 billones de pesos, el Ministerio de Educación lidera la lista inicial de recursos requeridos para el 2019.

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Vanexa Romero. Archivo EL TIEMPO

17 de abril 2018 , 02:07 p.m.

En el Congreso de la República fue presentado ya el anteproyecto de presupuesto 2019, el último, de los 8 presentados por la actual administración.

La cifra de recursos estimados estaría cerca de los 300 billones de pesos, teniendo en cuenta que solo para funcionamiento 158 entidades que hacen parte de la torta hicieron peticiones de gastos por 189,1 billones de pesos.

De acuerdo con el anteproyecto, el gasto de funcionamiento subiría en 28 por ciento frente a la actual vigencia: 147,4 billones, por lo que es clave resaltar que estas cifras son los requerimientos que hacen las entidades públicas y que, posteriormente, entrarán a ser revisadas por la dirección de presupuesto del ministerio de Hacienda para su ajuste a las realidades financieras del país.

Desde esa perspectiva, hay que mencionar también que el anteproyecto fue hecho con la expectativa de que la producción de la economía en el 2018 crecerá a un ritmo del 2,7 por ciento y en el próximo año ya estaríamos hablando de crecimientos de 3,3 por ciento.

En cuanto a la inflación, el estimado del que parte el anteproyecto es de 3,3 por ciento este año, para confluir al 3,0 por ciento en el 2019, es decir, el promedio del rango meta establecido por el Banco de la República.

En el 2019, según el anteproyecto de presupuesto, el Gobierno pretende pagar 65,8 billones de pesos de la deuda, cantidad que aumenta en 37 por ciento, frente a los 48 billones que se estableció pagar en 2018.

No obstante, cabe recordar que el rubro para cubrir la deuda del país tradicionalmente es sobredimensionado, pues en la etapa de ‘peluquear’ la carta presupuestal, una vez inicia el trámite de aprobación en el Congreso, es de donde echan mano para asignarle más recursos a los sectores que sustenten que sus necesidades son apremiantes.

¿Y la inversión?

Es frecuente que el monto destinado a la inversión en obras sea el último que define el ministerio de Hacienda.

No obstante, si en el 2019, por continuar con la estrategia de ‘apretón del cinturón’, se impusiera la misma cifra aprobada para este año ($ 40,9 billones), el presupuesto general para el 2019 estaría acercándose a los 300 billones de pesos.

Por el momento, de las cifras establecidas en el anteproyecto de presupuesto 2019 se desprende que, entre gasto de funcionamiento y pago de deuda, se dispondría de 254,9 billones de pesos, lo que implica un crecimiento de 3,3 por ciento frente a 2018.

Los sectores que más piden

Las cuentas evidencian que el sector educativo continúa en primer lugar, con el monto más alto entre todos los sectores: 36,4 billones de pesos. De igual manera, la defensa (sumándole la demanda de la Policía) se mantiene en el segundo puesto, como en los tres años anteriores, con una petición de 31,9 billones, 10,3 de los cuales son para la Policía.

En la lista de los que pusieron el sombrero sigue Mintrabajo ($ 29,1 billones) y Minsalud ($ 25,4 billones).

El anteproyecto de presupuesto 2019, si bien es solo un insumo para el proyecto definitivo que presentará el Gobierno el próximo 20 de julio, tiene los pincelazos de lo que serán las necesidades de cada sector en el próximo año.

Por ello, llama la atención la de la Registraduría General, que tiene una petición de 1,2 billones, cifra cercana a la de la actual vigencia ($ 1,7 billones), en la que tenían que realizar dos jornadas electorales.

En el Dane, por ejemplo, se evidencia ya un presupuesto sin la demanda que ha tenido hasta ahora el censo de población y vivienda. De una petición de 607.000 millones de pesos para la vigencia actual (incluyendo el Instituto Geográfico Agustín Codazzi) pasaron ahora a 261.200 millones de pesos.

Petición de las ‘ías’

Sumadas todas las ‘ías (Procuraduría, Defensoría, Fiscalía, Contraloría y Auditoría General), el control fiscal del país costaría 5,9 billones de pesos.

La mayor demanda es de la Fiscalía ($ 3,8 billones), mientras que la menor es de la Auditoría General ($ 32.000 millones).

En la solicitud hecha por la Contraloría General para ser parte de la torta presupuestal se evidencia la austeridad solicitada por el ministerio de Hacienda, pues de pedir 681.400 millones en 2018 pasaron a pedir 614.200 millones en el próximo año, de acuerdo con el anteproyecto.

Un rubro que también corresponde tangencialmente a este bloque es el de la dirección de inteligencia, en donde hay peticiones por 97.376 millones de pesos.

Los más austeros

Dentro de los más austeros aparecen la Auditoría General, cuya misión es vigilar las contralorías territoriales y la general: pasó una solicitud de gastos por 32.220 millones, cifra incluso más baja que la solicitada en el año anterior, que sobrepasó los 33.000 millones.

Hay que mencionar también la asignación presupuestal solicitada por el ministerio de Medio Ambiente, que incluye 32 corporaciones autónomas regionales, además del Ideam y el Fondo Nacional Ambiental, sin contar con que tiene entre sus haberes el manejo de un tema crucial para el futuro de cualquier nación. La cifra inicial para este ministerio es de 612.663 millones de pesos.

El agro, clave en el posconflicto, pierde plata

Como están las cosas en el anteproyecto de presupuesto para el 2019, el sector agropecuario, que sigue siendo clave, por su papel protagónico en el posconflicto, perdería recursos.

De hecho, en la producción del país en el 2017 fue uno de los impulsores del crecimiento. Junto con los subsectores de la ganadería, caza, silvicultura y pesca creció 4,9 por ciento.

Ahora, el gasto previsto para el Ministerio de Agricultura en el próximo año es de 1,4 billones de pesos, 200.000 millones menos en comparación con la petición que hicieron para el presupuesto vigente.

Hay que recordar que, con todo y recursos para invertir, este sector, del que hacen parte entidades como el ICA, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural, la Unidad de Restitución de Tierras Despojadas, tiene en el 2018 recursos por 2,3 billones de pesos, que logró obtener en el trámite del presupuesto en el Congreso.

Entre tanto, otra de las locomotoras para Colombia, principalmente por la generación de empleo y el impulso a la producción industrial para exportar, es el ministerio de Comercio.

La petición de esta entidad, para el próximo año, es de 919.500 millones de pesos, cifra mayor a la que tienen asignada en la presente vigencia: 851.000 millones.

En este sector está incluido el turismo, que es otro de los llamados a empujar la economía del país, de cara a la crisis del precio del petróleo que sugiere diversificar los pilares que soportan la economía.

Por el lado del ministerio de Minas, según el anteproyecto de presupuesto, ponen el
sombrero por 2,3 billones de pesos. De este Ministerio hacen parte entidades como la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Upme (Unidad de Planeación Mineroenergética), el Ipse y el Servicio Geológico Colombiano.

Se reitera que el proyecto de ley correspondiente se presentará al Congreso al inicio de la próxima legislatura.

La jurisdicción para la paz y comisión de la verdad

Aunque los recursos para el posconflicto en el 2019 aún no se pueden establecer con exactitud, puesto que están disgregados en distintas entidades, este tema sigue siendo un alto demandante de asignación presupuestal.

En la presente vigencia corresponden a 2,4 billones de pesos, mientras que en el anteproyecto de presupuesto se refleja solo la petición de la Jurisdicción Especial para la Paz, a la que corresponde la cifra de 284.524 millones de pesos. Esta cantidad sube en 84.500 millones de pesos frente a la que están manejando en la actualidad, que es de 200.000 millones.

La asignación para la JEP, casi en su totalidad, está destinada al gasto de personal, con el propósito de administrar en el posconflicto la justicia restaurativa, que busca propiciar la reconciliación.

Entre tanto, para la puesta en funcionamiento de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, la petición es de 135 mil millones de pesos.

Esta entidad fue creada como un ente autónomo e independiente, que, como su nombre lo indica, buscará esclarecer la verdad sobre lo ocurrido en el marco del conflicto, con el fin de establecer las responsabilidades correspondientes.

Hasta el momento, la Comisión de la Verdad no arranca, pues está sujeta a la posesión del secretario de la entidad, según se argumenta en el anteproyecto de presupuesto, lo que está previsto para el mes de mayo.

Posterior a ello, empezarán las actividades de la entidad, en cumplimiento de su misión, lo que, según se ha planeado, se cumplirá en 36 meses.

De acuerdo con las cifras establecidas en el anteproyecto, otra de las entidades que tiene que ver con el posconflicto que sigue jugando en la torta presupuestal es la Unidad de de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que estima gastar 180.100 millones de pesos.

Esta otra institución que nació con el proceso de paz, a diferencia de otras, tiene un carácter humanitario y extrajudicial, y sus acciones intentarán localizar a víctimas del conflicto que figuran como desaparecidas, para establecer que se encuentren vivas o hayan fallecido.

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