Ley de consultas previas no tolerará maniobras dilatorias

Ley de consultas previas no tolerará maniobras dilatorias

Nueva versión del proyecto fija límites para declarar la renuencia de una comunidad. 

Ley de consultas previas no tolerará maniobras dilatorias

Según la Cámara Colombiana de la Infraestructura, la ley estatutaria debe también fijar topes a las compensaciones.

Foto:

Yomaira Grandett / EL TIEMPO

19 de octubre 2017 , 09:41 p.m.

Luego de haber pasado por ocho versiones desde el 2016 para estructurar un proyecto de ley estatutaria de consultas previas con comunidades indígenas y afrodescendientes, asunto que quizás es hoy la principal barrera para el avances de proyectos energéticos, petroleros, mineros y de infraestructura de transporte, el Gobierno tiene casi lista la iniciativa que llevará al Congreso.

EL TIEMPO conoció la versión del proyecto que está en la fase final de consultas, uno de cuyos principales cambios incorporados en el documento tiene que ver con el establecimiento de límites claros y precisos para evitar que, por diferentes razones, las comunidades acudan a diversas maniobras con el fin de demorar un proyecto, obra o actividad (POA).

De acuerdo con el documento, la declaratoria de renuencia para dar por concluido el procedimiento de consulta previa no solamente se aplicará cuando las autoridades o los representantes de las comunidades no justifiquen su inasistencia a las convocatorias.

También podrá declararse la renuencia de cualquier grupo étnico si, en cualquiera de las etapas del proceso, adoptan posturas dilatorias o contenciosas, cuando de manera arbitraria tomen decisiones unilaterales sin previo acuerdo con el interesado en la consulta, o cuando incurran en vías de hecho, desconozcan injustificadamente lo pactado en la ruta metodológica o hagan exigencias con las cuales se coarte o condicione el avance del proceso.

Si este tipo de cosas se presentan, la nueva Unidad de Consulta Previa (UCP), que coordinará todo el proceso según el proyecto de ley, convocará al interesado, a la autoridad ambiental, al Ministerio Público y al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icahn), según el ámbito del POA o de la ley o acto administrativo.

En dicha reunión, estas entidades identificarán y analizarán las afectaciones que pueden sufrir las comunidades, y se fijará una ruta para establecer las medidas de prevención, corrección, mitigación y compensación, según sea el caso.

Pero de todas formas habrá un mecanismo para escuchar las inquietudes de la comunidad y garantizar que sean tenidas en cuenta durante el desarrollo del POA o durante la elaboración y vigencia de la ley o acto administrativo.

Este era uno de los principales ajustes que gremios como la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) habían venido solicitándole al Gobierno, para que los proyectos no se tornen ‘eternos’ por culpa de las consultas previas.

Mantenimientos, libres

Otro de los cambios sugeridos por el sector, que también quedó incluido, fue dejar exentas de la consulta previa las labores relacionadas con el mantenimiento y rehabilitación de corredores viales y de infraestructura ya existente.

De acuerdo con el documento, estarán libres de hacer este trámite las “actividades que se desarrollen sobre infraestructura ya existente, que no sean susceptibles de generar impactos adicionales a los ya causados”.

En opinión del ministro de Minas y Energía, Germán Arce, el proyecto de ley es novedoso en cuanto a crear un trámite que define reglas claras para llevar a cabo el procedimiento de consulta previa.

“En primer lugar permite definir las comunidades afectadas dentro del área de influencia del proyecto. En segundo lugar establece los roles de los privados, del Estado y de las comunidades dentro del proceso y, en tercer lugar, da claridad sobre el cierre de la consulta para dar seguridad jurídica al desarrollo de los proyectos”, indicó el funcionario.

Sin embargo, para la CCI es clave precisar conceptos como el área de influencia, afectación directa e impacto de los proyectos, así como negar la posibilidad del derecho a veto de las comunidades respecto a los POA y medidas administrativas o legislativas.

‘Es clave hacer un gran censo de etnias del país’

El presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo, señaló que todavía hay elementos “fundamentales” que no quedan claros.

Uno de estos es que no haya una actualización permanente de comunidades a través del Registro Único de Etnias, sino que se haga un gran censo, por una única vez, que identifique con claridad los territorios que ocupan y sus zonas de influencia.

Lo anterior porque pueden seguir surgiendo comunidades fantasma a medida que se van desarrollando los proyectos. Otro aspecto que aún no se incluye es que, a diferencia de los proyectos minero- energéticos, en los que el inversionista asume los costos del trámite, en infraestructura el ejecutor solo se conoce al final de la licitación, y, en ese orden de ideas, el Estado debería asumir el costo al promover las iniciativas-proyectos.

“El proyecto, por el contrario, crea dos tasas para que el interesado en la consulta previa asuma los costos de esta”, concluyó.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Sigue bajando para encontrar más contenido

Ya leíste 20 artículos gratis este mes

Rompe los límites.

Aprovecha nuestro contenido
desde $10.999 al mes.

¿Ya eres suscriptor? Ingresa

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta gratis y pódras disfrutar de:

  • Acceso ilimitado al contenido desde cualquier dispositivo.
  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta gratis y disfruta de acceso ilimitado al contenido, desde tu computador, tableta o teléfono inteligente.

Disfruta del contenido sin límites

CREA UNA CUENTA GRATIS


¿Ya tienes cuenta? INGRESA