Contratos públicos en el país: más de la mitad fueron asignados a dedo

Contratos públicos en el país: más de la mitad fueron asignados a dedo

En 3 días se inicia segunda fase de Ley de Garantías. En 2017, 55,4 % de contratación fue directa.

Ley de Garantías

El próximo 27 de enero entra en vigencia la segunda fase de la restricción de a Ley de Garantías.

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123RF

23 de enero 2018 , 08:24 p.m.

La contratación directa o a dedo, que se prohíbe en la etapa previa a las elecciones a través de la aplicación de la Ley de Garantías, no se detiene en el país.

El próximo 27 de enero entra en vigencia la segunda fase de la restricción de esta modalidad, medida que busca impedir el uso de dineros públicos para la compra de votos.

“Esta proximidad dispara esta modalidad contractual”, indicó Juan David Duque, director de la Agencia de Contratación del Estado Colombia Compra Eficiente.

La primera tanda de dicha ley empezó el 11 de noviembre pasado, cuatro meses antes de los comicios para elegir a los integrantes del Congreso. Y si en el 2017 las entidades públicas celebraron y registraron 1’146.603 en el Secop (Sistema Nacional de Contratación Pública), 173.435 fueron suscritos entre noviembre y diciembre, destacándose el onceavo mes del año, con un movimiento de recursos de 17,1 billones de pesos, el más alto entre todos los meses.

Mientras tanto, en los primeros 20 días de enero del 2018, según el portal de transparencia económica del Ministerio de Hacienda, ya van 93.001.

Si bien en la totalidad del 2017 la contratación directa se usó en el 55,4 por ciento de contratos a nivel nacional (616.180), el auditor general, Carlos Hernán Rodríguez, indicó que en los 10 primeros meses del año anterior, previo a la primera fase de la restricción, dicha forma de contratar representó el 70 por ciento de los casos en los entes territoriales. “No cuestiono la legalidad de la modalidad exprés, pero sí es algo que coloca la ejecución de los recursos públicos en niveles altos de riesgo, como la contravención a los principios de planeación y pluralidad de oferentes”, dijo Rodríguez.

La licitación, escasa

La licitación pública, que aunque no escapa al riesgo de irregularidades, como se ha visto en los últimos escándalos destapados en el país, es más nutrida en términos de proponentes, pero solo participó con el 0,9 por ciento de la contratación (10.997 contratos) en el 2017, por una cuantía de 11,6 billones de pesos, de los 107 billones en total que registra el Secop. “Lo que debería ser excepcional se convierte en regla. Aquí la regla general es la contratación directa, mientras que lo excepcional es la licitación”, expresa Reyes.

Agregó que, cuando hay licitación, “en un 50 por ciento hay un solo proponente. En el resto no pasan a ser más de tres”.

Cabe destacar que, según datos de Transparencia Económica, del Ministerio de Hacienda, los recursos contratados en el 2017 fueron 250 billones de pesos, incluyendo las inversiones y gastos de las entidades territoriales, monto correspondiente a 1’253.268 contratos.

Esta diferencia de cifras es explicada, según Duque, porque, pese a que hay 4.000 entidades que ya tienen su información contractual incluida en la plataforma del Secop, aún hay contratos que no se registran allí.

En cuanto al concurso de méritos, se aplicó en el 0,4 por ciento de contratos (solo 4.976), y la modalidad de la selección abreviada representó el 2,1 por ciento. Con la modalidad de mínima cuantía se hizo el 10 por ciento.

La otra modalidad con alto impacto, la del régimen especial, que aplica a entidades como Ecopetrol, Banco Agrario, la Imprenta Nacional y Satena, entre otras, acaparó el 31 por ciento de los procesos contractuales.

Por monto contratado, también la modalidad directa lleva la delantera. 45,9 billones de pesos corresponden a los contratos a dedo. “En la etapa previa a la aplicación de la Ley de Garantías se aumentan notablemente los convenios interadministrativos, sobre todo de orden nacional con entes territoriales”, expresó Duque.

Un buen pedazo de los recursos que se manejan bajo la modalidad de contratación directa se utiliza para vincular personal, lo que podría resultar sospechoso en momentos preelectorales. Pero, según Duque, “hacen la contratación previa del personal que van a requerir en el lapso de la restricción, ya sean abogados, economistas o de apoyo a la gestión, como secretarias y encargados de tareas logísticas. Se trata de contratos que se pagan por honorarios y tienen tiempo definido”.

Al decir de Duque, “hoy existen mejores prácticas para el procedimiento de la contratación. Las entidades del orden nacional son las más juiciosas. En los entes territoriales aún hay falencias, sin desconocer avances, como Bucaramanga, Cali y Barranquilla”.

Puntadas de la Auditoría

Un llamado a la Contraloría General y a las territoriales hizo el auditor general, Carlos Hernán Rodríguez, para que se incluyan dentro de su plan de auditorías para este año las cifras que esta entidad revelará en las semanas siguientes al 27 de enero, y que tienen que ver con la contratación en el mes previo al vencimiento de la Ley de Garantías. “El informe mostrará lo que pasó por regiones y en qué procesos se repiten los mismos contratistas”, anticipó el funcionario.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS

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