Gobierno alista norma para fijar un precio mínimo del arroz

Gobierno alista norma para fijar un precio mínimo del arroz

Fedearroz dice que se debería fijar con cifras reales. 'Consumidores, los afectados': industriales.

Cultivadores de arroz

El objetivo es poner de acuerdo a todas las partes para fijar un precio mínimo de venta entre el productor y el industrial.

Foto:

Juan Carlos Escobar / Archivo EL TIEMPO

07 de mayo 2018 , 12:22 p.m.

Alrededor del arroz, alimento que después de la carne es el que pesa más en la canasta familiar de los colombianos, hay un nuevo debate que se está llevando a cabo en el Consejo Nacional del Arroz, donde se intenta poner de acuerdo a todas las partes para fijar un precio mínimo de venta entre el productor y el industrial.

La reglamentación que se cocina hace parte de un viejo reclamo de los agricultores, quienes manifiestan a través del gremio conocido como Dignidad Arrocera, que la industria procesadora del cereal es la que pone el precio de compra, sin que se tengan en cuenta los costos de producirlo.

Por esta situación, argumentan los agricultores de Dignidad Agropecuaria, otro de los gremios que apoya un precio mínimo, el año pasado estuvieron al borde de la quiebra, con pérdidas superiores a los 100.000 millones de pesos, debido a la sobreoferta del grano, tanto por una mayor producción interna como por el ingreso del grano desde países como Ecuador.

La medida genera inquietud por los posibles efectos en los precios del producto final, lo que terminaría afectando el ingreso de los hogares.

El anuncio de la resolución que se intenta acordar lo hizo el Gobierno en la tarde del pasado miércoles 25 de abril, cuando el director de Cadenas Productivas del Ministerio de Agricultura, César Riqui, les contó a los asistentes a la reunión del Consejo Nacional del Arroz que se había acordado con las Dignidades Arroceras trabajar una resolución para fijar un precio mínimo de compra para lo que resta de la producción nacional de 2018, casi el 70 por ciento.

Ese día estaba previsto una protesta promovida desde algunos sectores de los productores, la cual no se llevó a cabo finalmente.

En la reunión del Consejo –organismo asesor de la política– estaban representantes de los productores (Fedearroz), de los industriales (Induarroz), de los productores de semillas (Acosemillas), la Bolsa Mercantil y un representante de las Dignidades Arroceras. No participó el ministro de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga, quien estaba en el exterior, ni su viceministro de Asuntos Agropecuarios, por lo que el encuentro fue presidido por Riqui.

Durante la sesión se discutieron los objetivos de la medida, sus beneficios y su cobertura.

El gerente de Fedearroz, Rafael Hernández, dijo que el gremio no se opone a la idea, pero que se debe partir de cifras de producción lo más reales posibles, y que el mecanismo debe ser acordado con los industriales, quienes compran la cosecha.

El gremio de los industriales, Induarroz-Andi, se declaró contrario a un precio mínimo, porque considera que va en contra de los consumidores. Sin embargo, compartió la idea de ayudar con otros instrumentos a los productores.

Sobre otros mecanismos, la gerente encargada de Fedearroz, Rosa Lucía Rojas, dice que un aporte al que están dispuestos los cultivadores es reducir, para la próxima cosecha, el área sembrada a 497.000 hectáreas, es decir, 100.000 menos que el año pasado.

También plantean la posibilidad de recuperar el incentivo de almacenamiento, “que solo le costaría 60.000 millones de pesos al Estado”, de cara a la entrada de arroz de Ecuador y que coincide con la cosecha en Colombia, “para mantener el mercado más tranquilo”.

En el encuentro, según el viceministro de Asuntos Agropecuarios, Samuel Zambrano, se acordó instalar una mesa técnica para definir la metodología con la que se establecerá el precio, la cual comenzará a trabajar esta semana. Sin embargo, de acuerdo con el funcionario, por ahora lo que hay es una propuesta que debe ser concertada con todos los actores de la cadena del arroz, y ese proceso puede tardarse.

Al respecto, Rojas dice que el gremio es consciente de que el proceso –en el cual están participando– es demorado. Por eso recibieron con esperanza la resolución de apoyo a la comercialización, expedida el 30 de abril, por más de 51.000 millones de pesos y que estará vigente hasta el 31 de diciembre.

El director de Induarroz, Silverio Gómez, opina que “una medida sobre fijación arbitraria de precios introduce una distorsión en el mercado, pues al establecer un precio artificial, el consumidor asumirá un sobreprecio injusto”.

Frente a esos temores, el viceministro señala que, precisamente, hay que establecer los periodos de referencia para decidir el precio mínimo: “36 meses es un periodo justo porque la varianza sería mínima”.

Por eso, la propuesta apunta a que se llegue a la fórmula para el precio base del arroz de la revisión de los últimos 36 meses, lapso en el que están reflejadas todas las tendencias. Sin embargo, en la reunión del 25, Rafael Hernández, gerente de Fedearroz, dijo que establecer un valor con un promedio de precios del pasado es cuestionable y no necesariamente beneficia a los productores.

Relaciones comerciales están en vilo

El Gobierno, y el Ministerio de Agricultura lo reconoce, no la tiene fácil, pues debe mantener las buenas relaciones comerciales internacionales y además garantizar la protección de los productores nacionales.

De hecho, el Servicio Nacional de Aduana de Ecuador (Senae) reactivó el pasado 28 de abril las sanciones autorizadas en el 2017 por el Ministerio de Comercio Exterior de ese país, en el sentido de suspender las preferencias del 10 por ciento a 10 partidas y 14 subpartidas arancelarias de productos colombianos, a elección del país vecino.

Esta sería una suerte de presión ante la decisión de Colombia de no dejar entrar los excedentes del arroz ecuatoriano para evitar más estragos de la sobreoferta.

Según el viceministro Samuel Zambrano, los ministros de ambos países tienen en la agenda bilateral el tema. Hay que recordar que Colombia tiene la obligación de aceptar los contingentes negociados en el Tratado de Libre Comercio con Ecuador.

Eudoro Álvarez, de Dignidad Agropecuaria, dice que no solo se requiere la fijación de una cantidad de ingreso, sino establecer un solo sitio: el puerto de Buenaventura, pues, “Hay 160 huecos por los que puede entrar el grano de manera ilegal”. El viceministro indicó que el Gobierno trabaja en la tarea de aumentar la exportación, por lo que destaca el ingreso, por primera vez, al mercado de Canadá con arroz colombiano.

El efecto recaería sobre el consumidor nacional

En medio de las dificultades que expresan los cultivadores del grano, en el sentido de que los industriales les estarían comprando el alimento a precios de años pasados, impactando así su ingreso, pues no recuperan los costos de producción, surge el efecto que puede tener la fijación de un precio base, sobre el consumidor local, que es lo que argumenta el gremio industrial Induarroz.

Por consiguiente, la medida está en esta disyuntiva, puesto que el consumo del grano por habitante en Colombia es masivo: de 46 kilogramos por persona en las zonas rurales cada año, y de 39 kilos en el área urbana. Dicho consumo en Latinoamérica solo es superado por Perú: 54 kilos por habitante.

El consumo por habitante en Colombia permite estimar que los cerca de 50 millones de colombianos estarían utilizando en su gastronomía 2.450 millones de kilogramos de arroz al año, cifra similar a la producción de arroz paddy seco (en cáscara) en el país, en 2017 (2’591.654 toneladas, y cada tonelada tiene mil kilogramos).

Desde la perspectiva del cultivador, el precio a abril del 2018 de una tonelada de arroz es de 911.786 pesos, según estadísticas de Fedearroz. Con esta cifra estarían enfrentando una reducción de 91.285 pesos/tonelada frente al precio del mismo mes del 2017.

En el caso del consumidor, el costo promedio en la actualidad es de 3.600 pesos por kilo, cifra que se mueve si hay más oferta que demanda, una ventaja que desaparecería para el ciudadano si se fija un precio base.

Por este panorama, la salida para estabilizar el precio del arroz, para que nadie pierda, según Eudoro Álvarez, de Dignidad Agropecuaria, es que se afiancen los laboratorios técnicos de referencia, para tener una especie de juez que permita comparar los análisis de calidad que hacen los molineros y con los cuales establecen los precios, que en la actualidad “no tienen ninguna apelación”.

De acuerdo con la Dignidad, la preocupación constante por la situación de este sector agrícola se centra en que de este cultivo dependen 500.000 familias colombianas.

En el debate, los gobernadores de las principales zonas arroceras del país también pidieron al Gobierno establecer algunos parámetros que permitan controlar la producción del grano, teniendo en cuenta que el año pasado la situación se desbordó y el área cultivada pasó de 375.000 hectáreas en 2015 a 590.000 hectáreas en 2017, porque se cultivó hasta en sitios en los que tradicionalmente no se hacía.

La polémica está sobre el tapete, ‘ad portas’ de una nueva reunión del Consejo Nacional del Arroz, en el cual se tomarán las decisiones del caso.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS

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