La batalla perdida contra el lavado de dinero

La batalla perdida contra el lavado de dinero

La agencia Gafi subraya que la actividad ilícita ‘no es perseguida penalmente de manera proactiva’.

Lavado de dinero

La justicia mexicana solo resolvió 5 % de las denuncias por lavado de activos que surgieron en el 2016.

Foto:

Jeon Heon-Kyun / EFE

07 de enero 2018 , 10:00 p.m.

“El lavado de activos no es investigado ni perseguido penalmente de manera proactiva y sistemática, sino de manera reactiva, caso por caso, sin perjuicio del hecho de que recientemente se han realizado algunas investigaciones de alto perfil”.

En esta afirmación, el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), un ente intergubernamental creado ex profeso para combatir el lavado de dinero, resume su crítica a la lucha contra este delito en México, un país que “otorga mucha más prioridad a la investigación de delitos determinantes (como la delincuencia organizada o el tráfico de drogas, ambas estrechamente vinculadas) que al lavado de dinero”.

En consecuencia, concluye, “la cantidad de acciones penales y condenas por casos de lavado de activos es muy baja; solo muy raramente se realizan investigaciones financieras”.

La cantidad de acciones penales y condenas por casos de lavado de activos es muy baja; solo muy raramente se realizan investigaciones financieras

México tiene mucho camino por recorrer en la lucha contra el lavado de capitales. La infracción, subraya el Gafi, “rara vez es perseguida penalmente como un delito autónomo” y la corrupción, “que afecta a las autoridades de orden público, en particular en el ámbito de los Estados, socava su capacidad para investigar y perseguirlo penalmente”.

La agencia transnacional valora la solidez y madurez del marco institucional y legal vigente en México, un país que se enfrenta con un “riesgo significativo” de lavado, particularmente en actividades como el tráfico de drogas, la extorsión, la corrupción y la evasión fiscal. Pero subraya que las autoridades “no están utilizando las medidas cautelares” a su disposición: “No se persigue el decomiso del producto y de los instrumentos del delito de forma sistemática como un objetivo de las políticas”.

Pese a las críticas, en su informe hecho público este miércoles, el Gafi aplaude la “mejora significativa en algunas áreas” respecto a la última evaluación, en 2008, e incide en la adopción, en el último año, de “varias acciones de alto nivel que han dado lugar a ciertos resultados concretos”.

Sin embargo, estas no han sido “lo suficientemente integrales ni prioritarias” como para resultar en una adecuada asignación de recursos en los ámbitos federal, estatal y comunitario. En cuanto al sector financiero, piedra angular en el combate contra el lavado de dinero, el ente destaca la “buena comprensión” de los riesgos que para ese delito representan los grupos de delincuencia organizada y de las actividades delictivas asociadas, pero matiza que su “reconocimiento de la corrupción como amenaza principal es residual”.

En el capítulo de recomendaciones, destacan tres: priorizar la investigación de lavado, asignar “recursos adicionales” y fortalecer la investigación financiera y la coordinación interna dentro de las unidades fiscales, tanto a escala federal como a escala estatal.

“En paralelo, la PGR debería aumentar el nivel de especialización de sus unidades, particularmente de aquellas que abordan el lavado de activos y la corrupción”. La justicia mexicana solo resolvió el 5 por ciento de las 112 denuncias penales interpuestas en 2016 por supuesto lavado de dinero, según los datos de la Auditoría Superior de la Federación.

Tanto el Gobierno como la PGR (fiscalía) mexicana han eludido la autocrítica y han optado por subrayar los elementos positivos que remarca el Gafi. Ambas instituciones resaltan que la agencia internacional “reconoce que México cuenta con un régimen maduro y un marco institucional desarrollado para prevenir y combatir el lavado de dinero”. Y se comprometen a fortalecer las áreas de oportunidad detectadas, pero “sobre todo para continuar salvaguardando el sistema financiero nacional y la supervisión de las actividades vulnerables a fin de tener una economía sólida”.

IGNACIO FARIZA
Ediciones El País, SL 2017
En Twitter: @el_país

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