Inseguridad jurídica hará bajar operación a 34% de empresarios mineros

Inseguridad jurídica hará bajar operación a 34% de empresarios mineros

Consultas populares son la principal amenaza para el sector, asegura gremio de esta industria.

Minería

Mientras sigue la incertidumbre jurídica, seis empresas mineras están proceso de demandar al Estado ante tribunales arbitrales internacionales.

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Cortesía: Asociación Colombiana de Minería

03 de mayo 2018 , 12:31 p.m.

Más de uno de cada tres empresarios del sector minero del país prevé reducir sus operaciones durante el 2018, debido a la falta de certeza jurídica que tiene la industria, particularmente por las decisiones de las altas cortes, la falta de definición de un mecanismos de consulta previa y la indefinición de los lineamientos jurídicos para las consultas populares.

Así lo señala el estudio Brújula Minera, que será presentado en el IV Congreso Nacional de Minería, que se realiza en Cartagena, según el cual el 34 por ciento de los empresarios señalaron que planean bajarle el ritmo a sus operaciones por esta razón, mientras un 29 por ciento señaló que las aumentaría.

El estudio encontró que la principal causa para contemplar esta decisión es la obtención de licencias ambientales, que marcó un 28 por ciento, seguido por la falta de estabilidad jurídica, sobre el cual opinó el 24 por ciento de los consultados, mientras la falta de apoyo del Gobierno marcó con un 22 por ciento.

Por su parte, la cuarta razón de los empresarios mineros para considerar la reducción de sus inversiones está el rechazo de las comunidades, con un 18 por ciento en la encuesta, mientras los bajos precios marcaron como la quinta causa con un 5 por ciento, al tiempo que la razón de oportunidades en otros países tuvo un porcentaje del 3 por ciento.

El presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Santiago Ángel Urdinola, urgió no posponer la reglamentación de la consulta previa (el Gobierno alista un proyecto para presentar el 20 de julio tras la fase de socialización), pero advirtió que a las consultas populares hay que darles una rápida solución.

Como se recuerda, la Corte Constitucional adelantó recientemente una audiencia pública sobre el tema, luego de que la petrolera Mansarovar Energy interpusiera una tutela tras la consulta popular de Cumaral (Meta).

“Las consultas populares son hoy la principal amenaza para el desarrollo de la industria”, señaló Ángel Urdinola.

A la fecha hay 125 municipios que tienen interés en prohibir actividades mineroenergéticas, renglón que aporta millonarios recursos en exportaciones, impuestos y regalías.

Según la ACM, con un aumento de 2,6 millones de onzas de oro, 16 millones de toneladas más en producción de carbón, 14.000 toneladas adicionales de níquel y tres millones adicionales en caliza, el sector aportaría 2,7 billones de pesos en impuestos de renta, regalías y otros impuestos regionales y locales.

ÓMAR G. AHUMADA ROJAS
Enviado Especial a Cartagena

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