Hasta $ 1,5 millones cuesta mantener un bombillo público

Hasta $ 1,5 millones cuesta mantener un bombillo público

Cuatro municipios del país pagan sobrecostos de hasta un 104 %, dice Planeación Nacional.

Alumbrado

Bogotá paga $ 763 por kilovatio hora en el alumbrado público, más del doble del mercado regulado.-

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Héctor F. Zamora / EL TIEMPO

18 de diciembre 2017 , 08:31 p.m.

Mientras que administrar, operar y mantener encendido un solo bombillo del alumbrado público les cuesta a algunos municipios del país hasta 1,51 millones de pesos, para la gran mayoría de estos el valor promedio es de solo 218.633 pesos, esto es, siete veces menos de ese tope.

Este es apenas uno de los hallazgos de la ‘Evaluación de la política de alumbrado público’ adelantada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en la que, además, se evidenció que cuatro poblaciones del país, entre los que figura Bogotá, pagan sobrecostos de hasta 104 por ciento por el suministro del alumbrado público.
Mientras que la tarifa del mercado regulado es de unos 374 pesos, la capital del país ha pagado hasta 763 pesos por kilovatio/hora.

Los otros municipios con sobrecostos son Cáceres, Antioquia, Barranquilla, Atlántico, y zona bananera, Magdalena.

“La evaluación, realizada a partir de información recolectada en 703 municipios, evidenció graves desórdenes, los cuales no solo afectan las finanzas de los municipios y distritos, sino también a la ciudadanía que no recibe un buen servicio”, indicó el DNP.

Además, precisa que una de las causas de esos sobrecostos son las malas negociaciones que hacen las alcaldías a la hora de contratar el suministro de energía destinada al alumbrado público. Seis de cada 10 municipios colombianos no realizan un proceso de contratación de este servicio, tres hacen una negociación directa y solo uno de 10 realiza convocatoria pública.

La región de los Llanos es la que registra el menor promedio de costos de alumbrado con 78.389 pesos por luminaria y la Caribe la que evidencia el mayor promedio con 384.942 pesos por luminaria.

Esa diversidad de tarifas y de costos de operación se debe, en gran medida, a la falta de controles.

La evaluación del DNP encontró que solo el 19,4 por ciento de los municipios visitados tiene sistemas de medición precisos para la verificación del suministro de energía.

En el 26,9 por ciento no existe verificación; en el 7,5 por ciento se hace según los datos de la interventoría; en el 26,9 por ciento se paga el suministro con información del cálculo realizado por el operador; en el 32,8 por ciento, según inventario del municipio, y en el 38,8 por ciento de los casos se paga según inventario del comercializador.

Mayor vigilancia de las autoridades

En la evaluación del DNP también se encontró que de 10 municipios en 6 la operación del alumbrado público la realiza un tercero y que entre estos últimos el 65 por ciento el encargado de esta labor es un distribuidor de electricidad. Otro de los problemas detectados por Planeación, tiene que ver con el tema tributario atado a este servicio, pues no solo hay muchas regiones que no aplican el tributo, y en donde se tiene, su recaudo es insuficiente, lo que pone en riesgo la prestación del alumbrado público.

Según la entidad 1 de cada 3 poblaciones no cuenta con impuesto de alumbrado público y su financiación no está garantizada. Así, el 48 por ciento de municipios que cuentan con este servicio indican que tienen recaudo insuficiente, en tanto que en estos los recursos cubren en promedio el 53 por ciento del presupuesto definido para alumbrado público.

“Se debe establecer una regulación para no permitir abusos con las tarifas de la energía para alumbrado púbico, pero mientras eso pasa, los municipios que tienen sobrecostos deben renegociar los contratos y disminuir esos costos, porque esto afecta la eficiencia del gasto público”, dijo Luis Fernando Mejía, director del DNP.

Además, sugirió que para solucionar los inconvenientes que afectan el gasto de los recursos públicos, la Superintendencia de Servicios Públicos asuma la vigilancia y control de la calidad en la prestación y propuso solicitar a la Contraloría General de la Nación una auditoría excepcional para la prestación de este servicio.

ECONOMÍA

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