Consultas previas han costado más de $ 77.000 millones

Consultas previas han costado más de $ 77.000 millones

En los últimos tres años se requirieron 104 procesos consultivos, 89 de estos por proyectos viales.

Vía Mulaló - Loboguerrero

Para este proyecto entre Mulaló y Loboguerrero, el concesionario hizo dos consultas previas con comunidades negras de las dos zonas.

Foto:

Cortesía Covimar

27 de junio 2017 , 07:54 a.m.

Las consultas previas que por ley se deben hacer con las comunidades étnicas cuando un proyecto de infraestructura las afecte directamente en su área, por falta de una reglamentación que aclare sobre su duración, procedimientos y gastos, han terminado por desbordarse en exigencias, tiempos y costos. Esto ha incidido en el retraso de obras y valores de los proyectos.

Reportes de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Instituto Nacional de Vías (Invías) y concesionarios consultados por EL TIEMPO indican que por lo menos en los últimos tres años, para el sector de infraestructura del transporte estos procesos han tenido costos estimados que superan los 77.000 millones de pesos.

De este valor, por lo menos unos 9.000 millones corresponden a pagos por logística (como refrigerios, sitios de reunión y transporte, sin incluir tiquetes aéreos ni hoteles). Otros cerca de 44.000 millones son los costos de las inversiones en obras y demás compromisos pactados en la consulta, entre contratistas y comunidades.

A lo anterior hay que sumarle el presupuesto que el Ministerio del Interior destina cada año para el desarrollo de las consultas previas, que oscila entre 8.000 y 9.000 millones de pesos. En tres años habrían sido mínimo 24.000 millones.

Los 77.000 millones anotados son únicamente los gastos causados por 104 consultas ordenadas en últimos años para concesionarios viales y portuarios de la ANI y contratistas de Invías.

Para que concesiones de la ANI pudieran avanzar se requirieron 77 consultas: 44 para 10 proyectos carreteros (ocho de estos son vías de cuarta generación, 4G, como Santa Ana-Mocoa-Neiva y Mulaló-Loboguerrero) y otras 15 para puertos como Agua Dulce y El Cayao.

Luego, cuando las obras se habían iniciado, fueron ordenadas judicialmente otras 18 consultas nuevas. Entre estas, para el corredor Córdoba-Sucre, donde la doble calzada no se ha terminado por esta causa.

Invías, en los últimos años, ha hecho 27 consultas: 18 para la carretera Medellín-Quibdó Fase II y 9 para la vía Loboguerrero-Buenaventura.

La ANI afirmó que este mecanismo ha incidido significativamente en proyectos de vías de 4G, en los tiempos de ejecución y en la gestión contractual. “Si bien el costo de los acuerdos protocolizados para proyectos 4G son a cuenta y riesgo del concesionario, se tiene que en promedio estos pueden valer entre 2.000 y 10.000 millones”, indicó.

Adicionalmente calculó que los gastos de la ruta metodológica (cronograma y etapas del proceso), que puede durar desde un mes hasta más de dos años, oscilan entre 50 y más de 1.000 millones de pesos. Y esto solo cubre la logística y honorarios de asesores.

En concepto de Invías, si se accediera a todas las exigencias de las comunidades, los recursos para atender este componente social de los proyectos “fácilmente podrían incrementarse en un 300 % y más”.

Por medio de las consultas, las comunidades han pedido compras de tierras, construcción de puestos de salud, acueductos, parques, puentes e infraestructura adicional a la pactada en los contratos, sin tener justificación. También han exigido carros, animales, participación en el recaudo de peajes, pagos exorbitantes a asesores y hasta la crianza y educación universitaria para hijos de dirigentes de la comunidad.

“Todo eso se tiene en cuenta a la hora de calcular el valor de un proyecto: si se halla en área de una posible consulta previa, el costo naturalmente sube”, dijeron varios concesionarios.

Los cinco pasos

1. Certificación

Se le pide a la Dirección de Consulta Previa del Mininterior que certifique si hay o no grupos étnicos en el área del proyecto.

2. Preparación

Identificación de los grupos étnicos y reunión de entidades y partes involucradas para alistar la consulta previa.

3. Preconsulta

Reunión con las comunidades para explicarles el proyecto, impactos y definición de la ruta metodológica por seguir.

4. Consulta previa

Diálogo entre Estado, comunidades y empresas para identificar impactos, medidas de manejo y llegar a acuerdos.

5. Seguimiento

Los acuerdos quedan protocolizados, y para que estos se cumplan, se crea un comité de seguimiento. Lo encabeza Mininterior.

Lo bueno del proceso

Las minorías étnicas quedan protegidas, y con la creación del espacio para el diálogo se logran conciliar visiones diferentes del desarrollo. Las obras de infraestructura impulsan el crecimiento y también les mejoran la calidad de vida.

Lo malo del mecanismo

La consulta previa, al no tener límites en tiempo y costos, ha sido mal usada por algunos grupos étnicos para condicionar acuerdos y exigir compensaciones, pagos, obras y compromisos que nada han tenido que ver con los proyectos.

El caso Córdoba-Sucre

El concesionario Autopistas de la Sabana comenzó el proyecto de intervención en 356 km del corredor Córdoba-Sucre, entre el 2012 y el 2013.

El proceso comenzó con seis consultas previas normales que permitieron el arranque del proyecto. Pero luego de obtenida la licencia ambiental, la concesión empezó a tropezarse con tutelas que han obligado a nuevos procesos consultivos. Hoy suman 16.

Las últimas cinco –ordenadas en agosto del 2016 y cuando estaban avanzados los trabajos– han impedido la terminación de 150 kilómetros de doble calzada que faltan en el corredor, entre Sincelejo y Toluviejo.

El fallo se centra en el sector que tiene el cerro Sierra Flor, donde han aparecido los nuevos grupos indígenas que aseguran que el proyecto afecta un cerro que es un punto de sus rituales.

Las comunidades no quedaron satisfechas con el fallo –pedían más kilómetros con obras suspendidas– y llegaron a situaciones de hecho como impedir el uso de la maquinaria para que no siguieran los trabajos en la zona.

Las consultas que siguen pendientes fueron ordenadas con las “parcialidades indígenas” Tatachio Mirabel, Mateo Pérez (estuvo en el primer grupo de consultas cerradas), Sabanalarga-Palito y Lomas de Palito.

Las dos últimas comunidades, según el gerente de Autopistas de la Sabana, Salomón Niño, no están directamente en la vía. “Se hallan a 21 km de distancia en línea recta al proyecto”.

Pero las consultas se deben hacer. No obstante, Niño afirma que ha sido difícil avanzar en el proceso. “Se cita la comunidad a reunión y una vez llegan piden el llamado espacio autónomo, lugar para hablar solo entre ellos. Aparecen a las 4 o 5 de la tarde, cuando ya se ha agotado el tiempo. Así se han comportado todo este tiempo”.

Esta concesión afirma que las consultas previas le han costado, hasta ahora, cerca de 2.600 millones de pesos.

‘Reglamentación se presentará en la próxima legislatura’

El Gobierno Nacional elaboró un borrador del proyecto de acto legislativo que reglamentará las consultas previas y aspira a presentarlo en la próxima legislatura del Congreso, en el segundo semestre de este año.

Este proyecto, que fija, entre otros aspectos, los tiempos para el desarrollo de estos procesos consultivos, los procedimientos para la concertación y las recusaciones cuando hay dificultades, fue informado por el viceministro de Participación e Igualdad de Derechos del Ministerio del Interior, Luis Ernesto Gómez.

El funcionario explicó que en la reglamentación se contempla también la fijación de tasas para estas consultas, cuyos valores dependerán del tipo de proyecto por desarrollar, su área y recorrido, duración y número de comunidades afectadas.

Para resolver consultas previas cuando haya divergencias de criterios o dificultades para los acuerdos, habrá varias instancias para agilizar el trámite. Para estos casos se creará una autoridad competente en la materia, que tendrá autonomía administrativa para resolver con celeridad los requerimientos de las consultas.

También se ratifica el registro único de comunidades étnicas, que permitirá a interesados saber si hay presencia de comunidades en las áreas por donde se va a trazar o levantar un proyecto. Para ello, se hará un barrido en el territorio que ayudará a levantar el nuevo mapa de grupos étnicos.

El borrador del proyecto comenzó a ser consultado a finales del 2016 con las diferentes organizaciones indígenas, negras y gitanas.

El viceministro manifestó que el proyecto de reglamentación por su naturaleza debe ser consultado y esto se inició en diciembre. Se ha analizado con empresarios, se han recibido propuestas de los gremios y de las comunidades étnicas. Además, se han revisado experiencias internacionales sobre el tema. La fase de preconsulta ya se agotó.

Gómez dijo que la ruta de la concertación empezará en los próximos meses. “Creemos que el proyecto ayuda a hacer efectivo el goce del derecho de las comunidades étnicas y ayuda a dar certeza jurídica al empresario para el desarrollo de los proyectos. El proyecto pone reglas claras para las partes. Así ganan todos, los empresarios y las minorías étnicas”, declaró Gómez.

EL TIEMPO
* Concepto y redacción editorial Unidad de Contenidos Especiales de EL TIEMPO. Con el patrocinio del sector de infraestructura del transporte.

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