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El 'ejército' azul que le da la pelea al contrabando

Viaje al fondo de un operativo anticontrabando. 'Siempre persiguen a los mismos': comerciantes.

El día avanzaba con la amenaza de ser rutinario en la calle 30 con carrera 45, donde está ubicado el centro comercial El Río que hoy alberga a los 82 comerciantes del viejo y legendario San Andresito de Barranquilla, el primero que existió en el país. (Vea las imágenes: Vivencias en un operativo anticontrabando)
Los carros, el bullicio de los transeúntes apresurados en busca de transporte público o de su lugar de trabajo, la grabadora a todo timbal con la última canción de bachata del cantante de moda. En fin, los sonidos habituales de la ciudad a esa hora estaban presentes. Ni siquiera ese silencio extraño que presagia lo inesperado dio aviso aquel día sobre lo que estaba a punto de suceder en el antiguo mercado público de la capital del departamento del Atlántico.
Hacia las once de la mañana, un grupo de siete personas, la mayoría mujeres, descendió de una camioneta blanca que se estacionó en una esquina cercana a los puestos de venta del corredor comercial.
Nadie se percató de su llegada. Vestidos de civil, se mezclaron entre los compradores y curiosos de las mercancías. Sin embargo, no hacían parte de los habituales visitantes del lugar. En alguna parte de su vestimenta llevaban colgada la medalla de la virgen del Socorro para su protección personal. Se las había entregado el coronel de infantería de Marina Jorge Castillo, director de la aduana barranquillera, quien previamente les había dado unas instrucciones: “Pregunten y muestren interés en algún producto. Su misión es asegurarse de que no cierren los locales cuando llegue el personal uniformado de la Dian”.
Así comienza un operativo del ‘ejército’ azul, el grupo de fiscalización aduanera de la Dian en Barranquilla, cuyo arribo es el dolor de cabeza para muchos comerciantes de licores, cigarrillos, televisores, celulares, calzado y ropa, entre otros productos importados que no siempre entran legalmente al país.
La meta del ‘Capi’, como llaman al coronel, no es ni siquiera disminuir el contrabando, sino acabarlo por completo. Por eso, los operativos los repiten casi a diario, en almacenes, bodegas, supermercados, en las carreteras y en los barcos que arriban por el Caribe colombiano. De esas jornadas no solo han salido las 75.000 toneladas de contrabando incautadas en los últimos cuatro años en la Arenosa ─como se le conoce a Barranquilla─, sino también los ofuscados comentarios de los que sienten que siempre persiguen a los mismos.
Jaime Gómez, gerente del centro de ventas El Río, es uno de los que se queja: “Hay una persecución marcada en estos sitios en los que solo están pequeños comerciantes, porque la gente poderosa no la encuentran aquí. Nosotros arrendamos los locales en masa a los vendedores de San Andresito que, poco a poco, se han ido organizando y formalizando. Pero les caen siempre a ellos y los acaban, pues son objeto de 3 o 4 operativos al año, les quitan la mercancía y mientras la revisan pasan 4 y 5 meses para devolverla. La entrada del contrabando se debe bloquear es en los puertos”.
Entre tanto, el coronel Castillo señala que en Barranquilla hay 10 zonas francas, un aeropuerto internacional, 34 depósitos públicos y privados, y 414 empresarios que presionan, ya que si no se facilita el comercio exterior reclama Analdex y si no se combate el contrabando protesta la Andi. “En la ciudad hay 11 puertos y el personal aduanero es poco (88 de planta y 18 temporales). Siempre pido que cuando autoricen un puerto, también traigan más gente para controlar. Aún así, antiguamente solo controlábamos un terminal portuario, hoy cubrimos el 100 por ciento”.
Contrabando salpica todo
Para el día del operativo, los 20 funcionarios de la Dian, escogidos al azar a través de balotas, fueron citados a una supuesta reunión ordinaria. Nadie, aparte de las cabezas del plan, sabía los detalles que el coronel les daría a conocer a los distintos grupos antes de partir hacia los sitios previstos.
Una vez en la calle, los integrantes del escuadrón de fiscalización van dispuestos a todo: desde recibir insultos hasta exponerse al riesgo de ser agredidos físicamente. “En sitios como Rebolo y Las Nieves lo levantan a uno”, murmura Fabián*, mientras revisa la ruta y la fotografía exacta del local que tendrá que visitar. Luego se une al grupo, porque la instrucción expresa es que todos lleguen al mismo tiempo y sin demoras, para no ahuyentar a los que serán objeto de control.
Cuando irrumpe el segundo grupo ─este sí, uniformado de azul─, los siete vestidos de civil que previamente prepararon el terreno para el operativo ya se han identificado como funcionarios de la Dian.
Los puntos de venta empiezan a verse invadidos, tanto por el personal aduanero con su paquete de papeles para levantar las actas de registro de mercancías, como por los ciudadanos que se detienen a curiosear. Muy cerca de los funcionarios permanecen los hombres del Ejército, en guardia siempre, a la espera de un guiño para actuar si la situación se pone ‘peluda’.
Para el coronel Castillo, la persecución al contrabando es algo tan prioritario como la seguridad de su grupo de funcionarios. Por eso, hacen caso omiso a las frases que les lanzan los ciudadanos que observan con aspaviento el numeroso equipo de autoridades que custodian el operativo: agentes armados del Ejército, la Asociación de Fuerzas Especiales Urbanas, el Escuadrón Antimotines y el CTI de la Fiscalía, por si hay que hacer capturas.
Un transeúnte grita: “¡Qué escándalo!, trajeron cien hombres para coger seis botellas”. Se refiere al licor que poco a poco van amontonando los funcionarios que buscan detrás del mostrador, en las cajas o en los altillos donde los comerciantes guardan la artículos que no exhiben en las vitrinas.
“Se llevan la mercancía para robársela”, dice uno de los dueños de local, y otro se le suma para expresar su molestia: “Ya está bueno. Ustedes solo ‘joden’ al pueblo y los ladrones son otros”.
Un hombre que había comprado tres cajas de whisky Old Parr, a 65.000 pesos cada una (en las licoreras vale 80.000) reclama su pérdida. Las había dejado en el negocio para ir a desayunar y, al regresar, su compra ya estaba decomisada. Le pide ayuda a Claudia Rincón, directora nacional de fiscalización quien asistió al operativo, pero no hay solución posible.
Con el contrabando no puede haber tregua, pues es un flagelo que tiene en jaque la producción industrial, la generación de empleo y la inversión. Tanto así que, según la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda (Uiaf), por cuenta de la ilegalidad comercial en 2013 la industria dejó de producir 9,2 billones de pesos; los hogares dejaron de recibir 8,3 billones de pesos; el Gobierno dejó de invertir 7,5 billones de pesos, y se dejaron de generar 899.000 empleos.
El informante, pieza clave
El coronel se comunica por el celular, aparato que durante el operativo solo está permitido para asuntos de trabajo. Por el móvil o por correo electrónico le escriben los informantes anónimos que le dan aviso de los lugares claves donde pueden haber encaletada mercancía de contrabando.
En esta ocasión le informaron el punto exacto de la zona comercial en el que encontraría abundante licor y cigarrillo de contrabando. También electrodomésticos, celulares y carcazas. La labor de inteligencia previa es el filtro que permite determinar los sitios en los que la búsqueda deberá ser más minuciosa. Allí revisan las estampillas de las botellas, pues las hay falsificadas. Verifican que los envases legales no hayan sido rellenados con licor adulterado, abren vitrinas y cajas, y los ánimos de los comerciantes se van enardeciendo a medida que los aduaneros separan las botellas de whisky que decomisarán.
Manuela*, la dueña de un local, intenta recuperar su mercancía y parece sofocarse. “Déjame para comer, hace tres meses te llevaste todo, tengo deudas que saldar”, vocifera la mujer al tiempo que el fiscalizador trata de calmarla y explicarle sobre la gravedad del contrabando.
Amotinamiento a la vista
Es mediodía. En diversos locales, los demás funcionarios de la Dian siguen descubriendo licor sin los requisitos legales. La ola de inconformidad de los comerciantes va creciendo y, llenos de rabia, intentan cerrar sus negocios. El Ejército interviene y, en algunos casos, sube a la fuerza las cortinas metálicas. Las voces de protesta se alzan y se juntan. El coronel toma la decisión de hacer una llamada que a los pocos segundos surte efecto.
El Escuadrón Especial Antidisturbios (Esmad) levanta una barricada para evitar que atenten contra la integridad física de alguno de los funcionarios, que empiezan a cerrar el capítulo trasladando la mercancía incautada a los camiones estacionados en la avenida y buscando los vehículos particulares que los transportarán hacia la sede de la aduana en Barranquilla, donde unas horas antes había comenzado lo que para los fiscalizadores aduaneros ya es una rutina.
Una caravana de carros entra a los patios de la Aduana y empiezan a descargar. Se inicia el conteo y el registro de mercancías. “Hay 1489 botellas”, dice el coordinador del operativo. Luego hacen el traslado a las bodegas de almacenamiento. El capitán pasa revista para verificar que estén todos los que participaron. En los siguientes 20 minutos, cada uno cuenta lo que vivió. Ana Milena * dice que negoció con su miedo y Javier recibe atención por una herida que tiene en la mano. En horas de la tarde los negocios de la carrera 30 y los 88 funcionarios vinculados al área de fiscalización en Barranquilla volverán a la calma, y al día siguiente, en una nueva jornada, el peligro, para los que saquen la balota del día, tendrá otro color.
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