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Con detector de mentiras se realizarán licitaciones del Estado

La medida es voluntaria y todos los trabajadores la aceptaron. Buscan garantizar transparencia.

REDACCIÓN ECONOMÍA Y JUSTICIAjulio 2 de 2015, 08:49 P.M.

La decisión de aplicar pruebas con detector de mentiras, en primera instancia, a funcionarios en el sector transportes es una forma de cerrar las puertas a la corrupción, explicó el Gobierno.

Este jueves se conoció que todos los trabajadores relacionados con adjudicaciones o elaboración de pliegos aceptaron voluntariamente someterse al polígrafo.

Desde el sector de los trabajadores, la Escuela Nacional Sindical (ENS) expresó que ese procedimiento es inconstitucional, en la medida en que viola e interfiere en la intimidad y la privacidad de las personas.

El presidente Juan Manuel Santos dijo que con la decisión se busca garantizar más transparencia y confirmó que la medida cobijará a los funcionarios del Ministerio de Transporte y entidades del sector relacionadas con la adjudicación o la elaboración de pliegos de contratos.

Al término de un consejo de ministros en la Casa de Nariño, Santos dijo que esos funcionarios “aprobaron, cada uno voluntariamente, someterse a un polígrafo, para que todo el mundo tenga absoluta tranquilidad de que nadie está haciendo algo indebido”.

El mandatario señaló que dicho procedimiento, que catalogó de “bastante suigéneris”, será de gran ayuda en la lucha contra la corrupción y les dará tranquilidad a los colombianos de la forma transparente como se están adjudicando todos los contratos.

Por su parte, la ministra de Transporte, Natalia Abello Vives, dijo que “las personas se han decidido a someterse a la prueba del polígrafo que queremos irradiar en todo el sector transporte y que se implementa desde ayer (jueves)”.

“Hemos venido implementando un pacto de transparencia dentro del Gobierno, en todas las entidades del sector de Transporte, en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en el Invías, en Cormagdalena, en la Aeronáutica Civil y en el propio ministerio”, dijo la funcionaria.

“Adicionalmente, hemos creado un pacto de transparencia a nivel departamental y regional; ya tenemos 72 alcaldes y gobernadores de todo el país vinculados con herramientas y estrategias claras que se enfocan hacia la transparencia”, sostuvo.

En opinión de la funcionaria, la política de transparencia incluye a las personas que participan en esos procesos de contratación, y solo las que tienen una calidad técnica y conocimiento son las que participan en las distintas fases de estos.

“Ahora damos un paso adicional al sumarles información a herramientas como la Urna de Transparencia y las páginas web, con los funcionarios y contratistas que hagan parte de los procesos de elaboración de los pliegos, la evaluación de los proyectos y la adjudicación de las licitaciones”.

“Ya tenemos casi una centena de mandatarios territoriales y locales que se han sumado a este pacto, lo que indica que en el Gobierno transita por el camino correcto, el de las buenas prácticas en la contratación, para combatir la corrupción”, añadió la funcionaria.

De otro lado, el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, dijo que esperan que la medida se vuelva una constante para todas las entidades que participan en el desarrollo de la infraestructura nacional. Con esto también se genera más confianza inversionista en el país, agregó.

Y el presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, sostuvo que ya lo usan en la entidad. “En el polígrafo se hace una medición por parte de un especialista externo de lo que se considera la integridad de persona; si la persona pasa y le fue bien en las pruebas, se puede incorporar a la ANI, y si tiene una falla desafortunadamente, estamos considerando que no puede entrar a la entidad”, agregó Andrade.

Los departamentos y municipios que firmaron el Pacto por la Transparencia recibirán 2,27 billones de pesos aprobados por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), para la ejecución de unas 50 obras públicas a cargo del Invías en diferentes regiones.

“Nos parece que es una extralimitación del Gobierno y una violación de los derechos laborales y constitucionales de los trabajadores del Ministerio del Transporte, más cuando se sabe que el uso de ese mecanismo no es tenido en cuenta como prueba legítima para que una persona pueda ser juzgada”, señala Juan Bernardo Rosado, director de comunicación de la Escuela Nacional Sindical. En su opinión, el polígrafo no es una prueba judicial aceptada en el país, pues se critica por ser algo que puede ser entendido como una manera de autoincriminación, algo no aceptado por la Constitución.

El ministro del Trabajo, Luis Eduardo Garzón, respaldó la medida del polígrafo y dijo que se debe generalizar en todo el Estado y el sector privado que tenga que ver con la contratación, pues generaría un mensaje positivo frente al escepticismo existente al respecto.

Militares y policías acuden al polígrafo hasta para ascensos

¿Ha tenido contacto con miembros de los grupos armados ilegales? ¿Ha suministrado información de la Fuerza Pública a los grupos armados? ¿Ha usado bienes del Estado en provecho propio? Preguntas como esas son las que han escuchado miles de militares y policías en la última década, en pruebas de polígrafo que han sido claves para el retiro de uniformados de cuya conducta surgen dudas razonables.

Las pruebas son infaltables; incluso, cada seis meses, dependiendo de qué unidad se trata. Así, en actividades como contrainteligencia, inteligencia, bloques de búsqueda y operaciones especiales (las encargadas de los grandes golpes contra los grupos armados), ese control es la norma. Todas manejan información reservada de alto valor en seguridad, por lo que todos sus integrantes, incluso los operativos, deben ser personas a toda prueba.

En la Fuerza Pública se realiza también el polígrafo en los cursos de ascenso a mayores y coroneles, y uno de los elementos tenidos en cuenta para definir si un oficial pasa a un rango superior o pasa a la baja es la confiabilidad frente al polígrafo. En el Comando General y Comando del Ejército, por ejemplo, todo el personal cercano a los comandantes debe pasar por la prueba.

Los militares que hacen parte de esquemas de protocolo y seguridad especiales, tales como los del Presidente, son sometidos a estas pruebas por lo menos dos veces al año.

De la misma manera, desde hace poco más de un año, los oficiales y suboficiales, así como el personal civil relacionado con las contrataciones de la Fuerza Pública –que son de las más grandes en el Estado–, también se someten al detector de mentiras. En dos años, 239 miembros han sido desvinculados de la entidad porque sus respuestas no fueron satisfactorias.

La Policía realiza pruebas de polígrafo a sus propios hombres, especialmente quienes hacen parte de los grupos o unidades especiales, como Dijín, Policía Antinarcóticos, Dirección de Inteligencia y Policía Fiscal y Aduanera.

También se les hacen estas pruebas a fuentes que aportan información, para medir su confiabilidad y no poner en riesgo la vida de los uniformados en operaciones. En la Policía, las pruebas de poligrafía las realiza Asuntos Internos de la Dirección de Inteligencia.

Militares y policías no solo deben superar pruebas internas; cuando van a unidades que trabajan con las inteligencias estadounidense y británica también pasan por el polígrafo.

Los resultados no pueden ser usados legalmente

En la legislación colombiana, los resultados de una prueba de polígrafo no son considerados válidos para tomar una decisión administrativa, disciplinaria ni mucho menos legal.

Por eso nunca se encontrará en el expediente de ningún funcionario público o miembro de la Fuerza Pública que el hecho de no haber superado el detector de mentiras fue la causa de su retiro de la entidad.

Usualmente, lo que se hace es que la persona no llega al cargo al que estaba postulado o es separado de la unidad, para evitar que tenga acceso a información o decisiones claves. Es decir, se usan los traslados mientras se llevan a cabo las investigaciones respectivas. Así, por ejemplo, 239 miembros de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) que no dieron respuestas satisfactorias fueron retirados de esa unidad y enviados a otras actividades, usualmente administrativas.

En las Fuerzas Militares y en la Policía, las alertas del polígrafo normalmente dan lugar a investigaciones de contrainteligencia que terminan en procesos disciplinarios y, muchas veces, en denuncias ante la Fiscalía.

Pero la gran mayoría de casos no dan lugar a ninguna actuación formal. Esa es una de las razones por las que decenas de oficiales llamados a calificar servicios han demandado a sus antiguas instituciones por retirarlos sin una causa justificada.

El polígrafo no solo se usa en el servicio público. Cada vez con mayor frecuencia, empresas de todo tipo recurren a este tipo de servicios para contratar a personal que maneja temas sensibles o para resolver problemas internos.

REDACCIÓN ECONOMÍA Y JUSTICIA

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